Sólo en un régimen fallido se puede llegar a la vulneración del derecho de terceros sin que exista alguna instancia gubernamental que aplique la ley y haga respetar el estado de derecho, y eso viene aconteciendo, en particular, en la capital del estado desde hace unos meses a la fecha.

Los servidores públicos que encabezan las instituciones están ahí para encauzar por el buen camino el destino de un pueblo, estado o nación, pero cuando la corrupción, la incapacidad y falta de moral de los mismos impiden que esas tareas se lleven a cabo, se entra en un estado sin rumbo, en el que comienza a imperar la anarquía y el desorden.

Lo anterior viene al caso porque la presente semana se ha significado por la presencia, en el primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca, de marchas, manifestaciones, plantones y bloqueos de calles de parte de grupos ciudadanos que de esa manera, buscan solución a problemas que la autoridad no ha sido capaz de resolver.

Ayer volvimos a padecer los efectos del enojo colectivo que surge de muchos sectores y organizaciones: madres de familia demandando cumplimiento a tareas relacionadas con la educación de sus hijos, comerciantes en las calles intentando recuperar espacios de venta perdidos, habitantes de colonias demandando servicios, sin que haya alguien que ponga orden y responda congruentemente a los morelenses que han llegado al límite de la tolerancia ante un gobierno que se quedó sordo, mudo y ciego.

No se puede gobernar cuando quien encabeza las instituciones adolece de la falta de compromisos, arraigo e identificación con el pueblo, y Graco Ramírez ha demostrado en los hechos un desamor y desprecio por todo aquello que tenga que ver con la entidad.

Y la incapacidad del gobierno estatal para enfrentar los reclamos de sus gobernados ha llegado al límite, porque el desmantelamiento de las estructuras oficiales por tanta rapiña a la que las han sometido, las dejó sin instrumentos, simplemente no hay manera de dar la cara a los inconformes, porque no se tiene nada que ofrecerles. Dinero no hay, lo poco que llega viene cayendo en las manos del tabasqueño, la presidenta estatal del sistema DIF-Morelos, Elena Cepeda y del hijo incómodo Rodrigo Gayosso Cepeda.

Para poder desarticular los movimientos de inconformidad se necesitan recursos, no existen, por eso ni el gobernador ni los funcionarios del gabinete se dejan ver, andan casi a salto de mata, entran y salen de sus oficinas sigilosamente, a fin de no tener que ser abordados por cualquier quejoso.

En una realidad totalmente diferente a la del ciudadano común, Ramírez Garrido sigue insistiendo en que Morelos es una de las entidades más seguras en el país, que casi llegamos a tasa cero en materia de secuestros y que nos encontramos muy cerca del paraíso.

Bueno, se atrevió a afirmar que la aprehensión de Javier Guadarrama Ríos o Urióstegui de la Mancha, cabecilla del cártel de “Los Rojos”, había sido una acción de su gobierno, cuando el arresto se dio en el Estado de México y por la Policía Federal. Pero lo anterior sólo refleja que ante el nulo desempeño de su administración, busca colgarse de cualquier acción que le pueda dar algo de oxígeno político.

Aquí no sucede nada, porque buena parte de las corporaciones del Mando Único mantienen complicidades con la delincuencia organizada y de ello dan fe algunas voces que participaron en una reunión, hará cuestión de dos semanas, en un restaurante ubicado en Galeana, municipio de Zacatepec (al borde de la carretera).

Ahí se reunieron jefes policiacos del Mando Único de siete u ocho municipios de la región surponiente. Inesperadamente llegó el “Carrete” y de acuerdo con uno de los asistentes, estuvo ahí por lo menos media hora. ¿Cuál fue el acuerdo al que se llegó?, ese es asunto del comisionado de seguridad Jesús Alberto Capella.

Lo que queremos dejar claro es que las fuerzas policiacas estatales están anuladas, no pueden actuar en contra de esos delincuentes porque existen intereses y tiene que ser la Federación, a través de la Procuraduría General de la República o del Ejército Mexicano, quienes hagan el trabajo, como ocurrió en el caso de Guadarrama.

Así andan las cosas en el estado, nos encontramos en la indefensión. El gobernador anda más interesado en apoyar campañas electorales de compañeros de partido en otros estados, como ha quedado demostrado, que en trabajar por los morelenses, y de vez en cuando asiste a algún evento como invitado, donde se saca de la manga cualquier pronunciamiento para aparentar que está cumpliendo con su responsabilidad.

Alguien que juró respetar y hacer respetar la ley y es el primero en violarla, no puede estar al frente de un gobierno. Hacer proselitismo electoral en horas laborales es una violación a la ley en la materia y Graco lo hizo sin el más mínimo rubor.

Pero eso es lo de menos, ya le hemos dicho en reiteradas ocasiones que el señor trae una cola más grande que la de un dinosaurio y totalmente sucia, la mayor parte de su vida política activa la ha pasado desarrollando tareas vergonzantes y hasta humillantes para cualquier persona decente. Es quien le hizo el trabajo sucio al viejo sistema y se lo sigue haciendo ahora que está de regreso.

Es urgente recuperar la fuerza institucional para poder aplicar la ley y eso sólo se logrará si Graco es echado de Morelos, es la manzana podrida en el engranaje oficial; mientras siga al frente de la administración pública nos seguiremos hundiendo en la descomposición.

Reiteramos, las partes enfermas del sector gubernamental son tres o cuatro: Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador; Elena Cepeda de León, presidenta del DIF y vicegobernadora, y el hijo Rodrigo Gayosso Cepeda, “líder” estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Con esas tres figuras que sean desterradas del territorio morelense, seguramente podremos recuperar la paz, la armonía y el desarrollo, porque ellos tienen secuestrado al estado y a sus habitantes, no hay más.