Mientras les fue posible, lucharon por todos los medios a su alcance para desentenderse del asunto, sosteniendo que dichas fosas, ni eran clandestinas, ni correspondían al periodo de gobierno que encabezan, aspecto que nos parece ha quedado perfectamente claro. Es decir, la absoluta mayoría de los restos humanos ahí tirados, corresponden al año 2013, es decir, cuando Ramírez ya llevaba un año de gestión.
Y desde luego, gradualmente y por las presiones que debieron enfrentar a fin de reconocer la responsabilidad oficial sobre el caso, se viene admitiendo que en efecto, ese cementerio nunca fue reportado al Ayuntamiento de Cuautla, como legalmente corresponde, por lo tanto es clandestino.
O sea, hubo un esfuerzo enorme de parte de “servidores públicos” como el actual fiscal, Javier Pérez Durón, o el mismo secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, por negar que el problema venía de su gobierno y eso muestra pues la doble moral de muchos de quienes ocupan cargos de relevancia en las estructuras del poder estatal.
Y hacemos referencia al tema porque nos tocó cuestionar a esos funcionarios en reiteradas ocasiones al respecto, y la posición fue siempre la misma, negar lo que ya a estas alturas es innegable. Y son estos detalles los que nos llevan a considerar que no sólo en el caso que nos ocupa; cuando se habla de estadísticas del crimen y otros temas delicados, el argumento de quienes presiden las instituciones es ocultar la realidad y eso es lo que los ha llevado a perder toda credibilidad ciudadana.
Ahora bien, y por eso en Palacio no quieren ver ni en pintura a figuras como la del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, o el poeta Javier Sicilia, debido a que fueron principalmente ellos dos quienes lograron conseguir el apoyo de algunos organismos internacionales a fin de que se llegara a la exhumación de los cadáveres.
Todavía unos días antes de que se fijara la fecha para el desentierro de restos, Quiroz Medina, al término de un evento en Palacio, se mantenía en la postura de que en esos trabajos no intervendría la universidad; debió tragarse sus palabras, porque un juez ordenó lo contrario.
Y en estos momentos, desde el punto de vista social, se pueden apreciar dos versiones diametralmente opuestas respecto a las exhumaciones. Aquella de corte oficial, que presenta los sucesos de una manera tan bondadosa, que sugiere que no hay nada extraño y que si se cometieron algunos errores, quedarán saldados totalmente. ¿Cómo puede la autoridad manejarse en este sentido cuando de haber un completo estado de derecho, Graco, su comisionado de seguridad y su fiscal deberían ya estar siendo procesados?, lo que ahí ocurrió no tiene perdón de Dios ni aquí ni en China, ¿no le parece?.
Y bueno, si usted da crédito a otros actores, con posiciones contrarias al régimen, sobre todo quienes hicieron posible que se lograra la investigación, se encontrará con la otra verdad, quizás la más apegada a la realidad, aunque tampoco pudieran estar exentos de exageraciones.
Pero si de dar crédito a quienes han logrado profundizar en el asunto se trata, habría que aceptar que de no haber sido por el testimonio de la madre de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, Concepción Hernández Hernández, igual y jamás se habría conocido de la existencia del cementerio clandestino, fue ella la que detonó la bomba que exhibe a Graco como lo que es, un personaje lleno de perversidad y maldad.
Ella, ya en lucha por la localización de su hijo, que había sido levantado el 24 de mayo del 2013, inició una serie de acciones y presiones ante la entonces Procuraduría General de Justicia, a cargo de Rodrigo Dorantes Salgado. Con fecha 24 de mayo del 2015, Hernández hizo llegar una “relatoría” del calvario que vivió en torno al suceso, a algunos diputados locales de la legislatura anterior.
Ahí hace puntualmente una reproducción de actitudes y comportamientos de funcionarios de esa dependencia, que burlándose del dolor de las familias de víctimas, simulan trabajar. Cuando logra finalmente por lo menos identificar el cadáver de Oliver, para entregarle sus restos la llevaron a las fosas.
Debieron abrir una en la que había muchos muertos. Para su mala suerte, el del reclamado estaba casi al fondo de un apilamiento grotesco. A quienes la condujeron se les fueron las cabras, le permitieron sacar fotografías del desentierro y con esos elementos en mano, la señora logró documentar y evidenciar lo que aconteció.
Ya sólo fue necesario darle el uso adecuado a su relatoría, para que se abundara en mayores datos que llevaron a una dimensión inimaginable, porque las cifras ya se conocen, oficialmente se aceptan 116 cadáveres, pero otras voces sostienen que no son menos de 150.
Finalmente sí interviene la UAEM, con personal calificado en la materia, la Procuraduría General de la República (PGR) y otros organismos de carácter internacional, pero aquí y después de todo esto tiene que haber un severo castigo a los responsables y el directamente implicado es el hoy delegado de la PGR en Durango, Dorantes Salgado, porque fue en su mandato.
Pero claro, no se mandaba solo, tenía como jefe inmediato al entonces secretario de Gobierno y hoy titular del transporte, Jorge Messeguer Guillén y por supuesto, al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, porque es el responsable de las instituciones en Morelos.
Y como decía muy bien el ex líder nacional perredista y ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el caso Ayotzinapa con la desaparición de 43 estudiantes parece quedarse pequeño frente a este nuevo hallazgo, donde hay que esperar hasta donde llega la cifra de seres humanos desaparecidos, asesinados y tirados como animales en fosas comunes.
¿Legalmente cuales tendrían que ser las consecuencias de hechos deleznables como éste para los involucrados?, mínimo el enjuiciamiento y procesamiento a fin de que las instancias competentes en la materia apliquen las penas a que haya lugar, pero se nos antoja que debería ser cárcel y no por pocos años.
