Y ¿cómo ocurrió esto?, conforme a las pruebas existentes, quien fuera tesorero de gobierno Rafael Cal y Mayor abría notificado a la dependencia federal un supuesto cambio de cuentas de depósito que finalmente, eso sostiene el tesorero actual Armando Sanders de Mendoza, se probó que no correspondían a la administración pública del estado de Morelos.
Pero ¿quiénes están involucrados directamente en el asunto de las transferencias entre la Subsecretaría de Educación Media Superior a nivel federal, el estado y el colegio?, María de Lourdes Orta Cortés, subsecretaria de recursos financieros de aquella subsecretaría, quien fuera tesorero del gobierno morelense Rafael Cal y Mayor, la directora administrativa del colegio Erandi Isabel López y el jefe de departamento de presupuesto de esa institución Miguel Yáñez Sánchez, respectivamente.
Ahora bien, ello no significa que sean corresponsables de todo lo que pasó, pero sí son las piezas clave si se quiere profundizar en la investigación, a fin de dar con los que sí tienen que ver en el fraude. El tema es interesante, porque, mientras quienes desde el Colegio de Bachilleres aseguran que los fondos sí fueron recibidos por la tesorería del gobierno del estado y no transferidos a esa institución educativa; la otra parte insiste en que no fue así, que la nueva cuenta abierta presuntamente por Cal y Mayor no era oficial y que por lo tanto sí fueron canalizados por dicha vía, llegaron a otras manos, presuntamente particulares.
Sanders de Mendoza tiene razón cuando recuerda que, conforme a la fecha de los oficios enviados a la Subsecretaría de Educación para solicitar cambio de cuenta bancaria, hay un desfase, que los hace nulos, porque van supuestamente firmados por el ex tesorero cuando éste ya había dejado de serlo y se desempeñaba como director general del Instituto de Crédito, es decir el 17 de marzo del 2015. “Yo tomé protesta en su lugar el primero de marzo de ese año, así que lo que él hiciera a nombre de la tesorería posteriormente, no tenía valor alguno”.
Y es con base en tal aseveración, que insiste en que el dinero, por lo tanto jamás llegó siquiera a la administración estatal y entonces a quien le robaron fue a la Tesorería General de la Nación y pone un ejemplo. “Es como si yo le debiera un dinero a usted, se lo envío con alguien que no se lo entrega, le seguiré debiendo y quien debe aclarar las cosas soy yo”. Es decir, para el funcionario, es entonces la Tesorería la instancia a la que corresponde iniciar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por tratarse de fondos federales.
Incluso estima que el proceso debe estar ya en curso e investigación, aunque en el Colegio de Bachilleres aseguran que no hay tal, que tampoco a nivel federal se ha iniciado la denuncia, lo que llama a sospecha de posibles omisiones o complicidades de algunos servidores públicos, ya sea locales o de aquellos niveles de gobierno.
Sanders agrega que “nadie es capaz de cometer un delito perfecto, los delincuentes siempre dejan algunos candados abiertos y aquí desde luego que los hay”. Recuerda que de entrada, Cal y Mayor seguramente será citado, a fin de que, con base en peritajes, demuestre que la firma que aparece en los trámites y documentos no es la suya.
Luego, agrega que “incluso se tendría que llamar a los ejecutivos del banco donde se abrieron las cuentas, a fin de que expliquen cómo es que una cantidad así pudo ser desviada para un ente distinto, debe haber videos sobre el asunto, o expedición de cheques”.
Pero la parte del colegio, advierte que en la actualidad, las transferencias suelen darse por vía electrónica y es más difícil rastrear pruebas, sin embargo la instancia competente en la Subsecretaría de Educación Media Superior deberá tener algunos indicios.
El tesorero dice que no es descabellado pensar que este delito pudo ser perpetrado por un grupo de delincuencia organizada, aunque necesariamente debió tener contactos al interior de las instancias que operan esos envíos, a fin de poder acceder a información que sólo ahí se maneja y que suele ser muy discreta por tratarse de dinero.
Insistimos, hay aún dos versiones sobre el extravío de los casi 14 millones de pesos, la parte estatal asevera que el dinero jamás llegó a tesorería y por lo tanto es problema de la Subsecretaría de Educación Media Superior reponerlo al Colegio de Bachilleres; pero acá dicen tener conocimiento de que desde luego llegó, sin embargo no les fue transferido.
La cosa es que la lana no aparece, las diferentes instancias involucradas no se ponen siquiera de acuerdo informativamente, a fin de aclarar cómo se dieron los hechos para poder buscar su esclarecimiento. Y si ni la Federación, ni el Colegio, han interpuesto las denuncias respectivas, entonces las partes son corresponsables de lo acontecido.
La figura central parece ser Cal y Mayor, sin embargo tras ser removido de la tesorería, lo nombraron director del Instituto de Crédito, donde duró sólo cinco meses y se regresó a la Ciudad de México, porque Graco Ramírez se lo trajo de la capital, como a muchos más que conforman su gabinete.
Por lo hasta ahora investigado sobre el tema, pareciera que hay escaso interés por aclarar el desvío de recursos en referencia, cosa que lleva a especulaciones e hipótesis respecto a que algunos funcionarios, tanto federales como del colegio, pudieran haberse beneficiado de ello.
Y si se ha hecho público, es porque un funcionario menor del propio colegio tuvo acceso documental al caso y lo hizo saber a La Unión de Morelos, pero da la impresión de que la idea era manejarlo como una cuestión interna. ¿Por qué?, eso despierta aún más sospechas de que sí habría complicidades entre las instancias locales y nacionales.
