Si bien es cierto que hay algunos ediles, como el de Amacuzac, Jorge Miranda Abarca, que ya casi le dio la vuelta al asunto, resolviendo en un 80% los procesos, hay otros como los de Temoac y Cuautla, que siguen echando leña al fuego, ya que continúan dando de baja a buena parte del personal.

La secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, decía que en esos dos ayuntamientos sigue el riesgo de destitución de los alcaldes porque han caído en desobediencia, respecto a ordenamientos de tribunales federales, de cubrir algunas demandas vencidas, pero como que tampoco eso pareciera preocupar mucho a los presidentes municipales.

Como que le siguen apostando a lograr impunidad, sabedores de que en este ámbito de la impartición de justicia, se da un altísimo porcentaje de incumplimiento de sentencias y cuando llegan a proceder, es porque las órdenes vienen desde fuera del ámbito local. Finalmente eso fue lo que pasó en lo que se refiere a ex ediles depuestos, como el de Emiliano Zapata y el de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, estaban ya a cuestión de semanas de concluir sus respectivos trienios cuando les cayó la barredora.

Para acabar pronto, la actual generación de ediles no le teme a esas demandas, a pesar de reiteradas recomendaciones en el sentido de que se cubran los requisitos de ley cuando hay que reducir las nóminas, el proceder es el mismo.

Tadeo Nava de Cuautla sigue insistiendo en que despedirá a cientos más de sus empleados y está en su derecho, insistiría Gómez Orihuela, pero hay que liquidarlos conforme a la ley, de otra manera la cadena de injusticia no terminará nunca.

Sin embargo, también y por experiencias anteriores, piensan que sabiendo enfrentar las denuncias laborales pueden concluir su mandato antes de que se emitan las sentencias, dejando la carga de pasivos a sus sucesores, a eso le apuestan muchos.

Insistimos, cuando se ha procedido en contra de algún presidente municipal omiso, es porque los tribunales federales en la materia lo ordenan y ahí no existe manera de evitarlo, pero localmente no tenemos un solo caso en el que se acatara la disposición.

Y las ha habido, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) sí ordenó destituir a dos o tres alcaldes del trienio anterior, el Congreso debía iniciar los procedimientos, pero se excusó en el sentido de que no era de su competencia.

Y así se la llevaron echándose la bolita mutuamente, concluyó el trienio y no pasó nada. El atropello a la ley es casi total en este espacio laboral porque los tribunales locales no tienen dientes y de esa manera no se puede progresar, son en algunos casos, algo así como “elefantes blancos”, aunque tienen un presupuesto con cargo al erario público.

El TECA es una instancia relativamente joven, que fue creada a finales del sexenio de Sergio Estrada Cajigal, o sea por ahí por el 2004, luego de que dos ex trabajadores del Ayuntamiento de Temixco lograran ganar sus respetivas demandas y con base en ello la defensa legal obligó a que la administración estatal le diera vida a dicho tribunal.

A partir de ahí, es la instancia competente en denuncias que proceden de trabajadores del sector gubernamental, particularmente los municipios, porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) atiende los conflictos que vienen de la iniciativa privada y su existencia es ya de muchas décadas.

Y el TECA surge después del 2000, porque es precisamente aquí donde se genera una especie de parteaguas. Con anterioridad, las administraciones municipales eran dominadas casi en su totalidad por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la alternancia era incipiente, pero a partir de ahí el mosaico político-electoral en Morelos cambió y surgieron los sindicatos en los ayuntamientos, como una estrategia para evitar que regímenes de distintos partidos llegaran a vaciar las nóminas para meter a su gente.

Con sindicatos o sin ellos de todas maneras ocurrió, panistas y perredistas echaron a la calle al personal que venía laborando en regímenes priistas y todo eso derivó en conflictos laborales que a la postre tienen a la mayor parte de las presidencias municipales casi en quiebra financiera, porque al paso de los años, lo que pudo liquidarse con cinco mil o seis mil pesos vía conciliación, llega a cantidades abultadas por el cobro de salarios caídos, prestaciones y multas acumuladas. Es decir, este problema toma forma a partir del 2000, antes no había conflictos de tal tamaño.

Claro, a río revuelto se han venido cometiendo muchos abusos, hay procesos laborales que adolecen de falta de sustento legal, porque hasta funcionarios de alto rango han recurrido a la denuncia para exigir liquidaciones doradas, cuando su desempeño encaja dentro del personal de confianza, cuya permanencia en los ayuntamientos es temporal, generalmente su relación laboral termina con el final del periodo de gobierno.

Ahí tampoco el TECA ha podido establecer reglas claras a fin de evitar esos vicios, porque finalmente son laudos que llegan a millones de pesos. El caso es que seguimos en las mismas, nadie experimenta en cabeza ajena y los actuales alcaldes tampoco muestran un cambio de actitud, no les reconocen a sus trabajadores los derechos en materia laboral y siguen echándolos a la calle sin el finiquito respectivo.

También es cierto que gradualmente la carga de personal creció desmesuradamente, una presidencia municipal que podía caminar con 500 empleados llegó a los mil 500, como en el caso de Temixco con Miguel Ángel Colín Nava, por eso al final ya no había ni para pagar luz y teléfono, ¿cómo mantener a toda esa gente cuando no es necesaria? En efecto se tiene que dar de baja en su mayoría, pero el caso es que reclaman derechos y la ley se los concede, sin embargo una gran cantidad suelen ser “aviadores”, que aún así piden su liquidación, como en el caso de Emiliano Zapata.