Ya sabe usted que los derechohabientes han sido notificados de que por ahora los créditos están suspendidos, porque no hay fondos, ya que alguien sustrajo el dinero que sólo le pertenece a quienes cotizan, y no hay una explicación que aclare las cosas.
Dialogamos al respecto con quien fuera ex dirigente del sindicato de burócratas, Daniel Iturbe Ortiz, para conocer algunos antecedentes de esa institución y obtuvimos algunos datos interesantes. De entrada recuerda que si bien el ICTSEGEM se creó en la administración del gobernador Armando León Bejarano, fue Lauro Ortega Martínez quien consolidó el proyecto y lo decretó como un órgano propiedad de los empleados de gobierno.
Bueno, agrega, la dirigencia sindical compartía responsabilidades en la administración del mismo, si bien el mandatario en turno nombraba a un responsable, los trabajadores tenían el suyo y las decisiones eran colegiadas, “hoy nos dejaron fuera”.
Había un manejo transparente de los ingresos y egresos, incluso se contaba con una revista mensual en la que se hacía un resumen de la contabilidad para que todos estuvieran informados. Lo que pasa en este momento es sumamente preocupante, refiere, porque el comportamiento de quienes lo manejan es inadmisible, “se sienten dueños de algo que no les corresponde”.
“Cuando la asociación de jubilados –hace unos días- acudió con la directora Verónica Martínez García para pedirle una explicación de lo que pasaban, fui invitado a la reunión. La verdad no pude contenerme y le aclaré que ellos estaban ahí para rendirnos cuentas porque los contribuyentes éramos nosotros”.
“Montó en cólera y comenzó a gritar, yo le pedí que guardara las formas, que los ofendidos con el saqueo eran los burócratas, pero se levantó y nos dejó con la palabra en la boca”. Y menciona que “todo su enojo fue porque le dije que por qué el gobierno estaba sacando dinero de la institución”.
Pero agregó que “quien incluso nos amenazó si seguíamos dando lata, fue el asesor jurídico, aunque también le advertimos que le bajara, porque nosotros no le teníamos miedo. Sin embargo lo anterior refleja el grado de perversión con el que se están manejando las cosas ahí”.
Y lo que señala muestra por qué no hay dinero, asegura que la directora tiene un sueldo de 120 mil pesos, es decir, más que el gobernador en nómina oficial, pero además, cuenta con diez coordinadores que ganan 50 mil pesos cada uno, o sea, sólo entre ella y sus achichincles se llevan más 600 mil pesos al mes, ¡cómo la ve!
Y lo que nos dijo al respecto es que “es que ellos son los que hacen los proyectos”, la interrogante fue y ¿cuáles proyectos? porque ahí no se necesita nada de eso, sólo hay que elaborar los programas y hacer los cálculos en las operaciones de entrada y salida y para eso existe un departamento.
Desde luego, Martínez García se negó a darles a conocer el estado de cuenta en los bancos, en los que debiera haber mínimamente unos 600 millones de pesos. Pero Iturbe Ortiz recuerda que ya algo similar les ocurrió en el sexenio de Antonio Riva Palacio López.
“El tesorero era Alfonso Martínez García, quien durante cerca de medio año, no depositó el dinero de las cuotas al instituto, se generalizó el descontento y le hicimos una manifestación, lo cual lo obligó a cumplir, aunque no en su totalidad, desviaron cantidades importantes”.
Incluso explicó el mecanismo de aportación señalando que “la Secretaría de Administración es la que hace las deducciones de las cuotas, envía la información a la tesorería y ésta las aplica, pero debe enviar de inmediato los fondos al instituto y es lo que no viene aconteciendo”.
Para él, es pues la tesorería la que ha estado reteniendo el dinero para desviar su uso, pero admite que en buena medida, los miembros de la Junta de Gobierno, que se supone, representan el equilibrio interior, se está prestando a todo y hace énfasis en que “qué nos podemos esperar con personajes como Baldomero Díaz, dirigente de una de las organizaciones de jubilados, el señor es un ratero y lo digo con todo el conocimiento de causa, siempre anda buscando de dónde sacar ventajas”.
Con base en todos aquellos que vienen pagando créditos y las aportaciones de unos 40 mil derechohabientes, Daniel Iturbe considera que el instituto debe estar ingresando algo así como 50 millones de pesos al mes, por eso rechaza que no existan fondos.
Advierte que por lo grave del asunto, se trabaja sobre un acuerdo entre los sindicatos municipales, los de los tres poderes y los jubilados, para pedir, mediante abogados, un informe detallado de las finanzas de la institución y si se volviera a negar, se hará formal petición a la Secretaría de la Función Pública para que intervenga y aclare las cosas, pero paralelamente se presentarán las denuncias correspondientes en contra de la directora y los que aparezcan involucrados.
Se ha insistido que entre las causas del quebranto, aparece un crédito de 100 millones al gobierno estatal, así como préstamos de 600 mil pesos a cada miembro del gabinete para adquisición de vehículos personales, pero el ex dirigente sindical recuerda que a los funcionarios sólo se les puede apoyar, pero en un plazo no mayor a un año, para evitar que salgan sin pagar, como parece, ya pudo ocurrir con dos o tres que han sido sustituidos.
El problema es serio, porque a decir de Iturbe y algunos otros dirigentes de gremios afiliados, el desvío pudiera ser superior a los 600 millones de pesos y se corre el riesgo de que dejen descapitalizada la institución, no obstante que los únicos que le dan vida son los derechohabientes, la administración pública estatal no aporta absolutamente nada.
