Ya en lo que toca a Morelos, el secretario de Administración Javier Barona Lavín reconocía que los programas de austeridad puestos en marcha recientemente, seguramente no serán suficientes y habrá que pensar en recortes adicionales.
Más allá de efectos externos por la caída en los precios del petróleo, la devaluación de la moneda mexicana frente al dólar y otros factores, entre las causas de lo anterior, se encuentra menor recaudación fiscal que llevó a entregar menores participaciones a los estados, algo así como del 6%, que a nivel macro, hablamos de cientos de millones de pesos.
Y como la administración pública se desarrolla en cadena, pues el golpe alcanza igualmente a los municipios en sus respectivas proporciones. Muy concretamente, hablamos de menos dinero en las arcas públicas, por ende mayor ausencia de obra y quizás de calidad en la prestación de servicios públicos.
Y como hasta el final de la cadena nos encontramos los ciudadanos, pues seremos nosotros los que paguemos las facturas, aunque tampoco es novedad, las consecuencias las sufrimos hace décadas, sin embargo seguimos sin observar el fin.
Pero el que el contribuyente tenga menos participación en sus aportaciones, sólo es un derivado de su situación económica, de la insuficiencia financiera para poder resolver sus necesidades cotidianas, porque no hay desarrollo económico en estados, Federación o municipios, cada vez los espacios son más estrechos y hay que vivir casi de milagro.
Son pocas las actividades rentables a estas alturas, los negocios grandes, pequeños o medianos y las empresas vienen siendo sometidas a presión, ya sea por una carga injustificada de impuestos, o por el asedio de los grupos delincuenciales, que amafiados con las autoridades gubernamentales, parecen ser los que mandan, sobre todo en nuestro territorio morelense.
La corrupción no tiene límites, el atraco descarado lo vemos hoy día en todo aquello que se relaciona con el funcionamiento institucional. Los políticos se han vuelto descarados y cínicos, se conforman en grupos monopólicos que van arrasando todo a su paso, arrinconando al pueblo a la miseria y el abandono, mientras ellos viven en palacios de cristal.
Los costos de la corrupción en Morelos son inmensos, de eso no cabe duda y es desde ahí donde se permite a los enemigos sociales hacer de las suyas sin que exista manera alguna de someterlos al imperio de la ley, tienen carta abierta para delinquir.
Pero eso tampoco es todo, desde sus cargos públicos, la mayoría de ésos “servidores gubernamentales” dan rienda suelta a sus intereses. Hoy mismo estamos viendo cómo se reconoce desde el órgano fiscalizador un desaseo en lo que se refiere al crédito de dos mil 806 millones de pesos concedido al Poder Ejecutivo, o sea robo de dinero que jamás será repuesto, pero que además, como contribuyentes y gobernados, somos los que tendremos que pagar a través de los años.
¿Hasta dónde nos piensan llevar?, esa es la preocupación, porque no advertimos ninguna respuesta en dicho sentido. Lo peor es que en su opinión, las cosas están bien y su desempeño es el mejor del que se tenga memoria, por eso sostenemos que son cínicos.
Ya se advertía que el 2016 sería tanto o más difícil en materia presupuestal que el año pasado, pero el comportamiento de la economía mundial llevó a escenarios aún más complicados y al menos el gobierno federal ha respondido oportunamente para impedir mayores consecuencias. Pero acá en Morelos la actitud oficial es distinta, continúa la rapiña casi en todas las dependencias y además es por disposición superior.
Y si la cabeza está podrida, pues ya imagina usted, todo el cuerpo se mueve como le da la gana y eso lo advertimos con mucha claridad en el régimen estatal, como jamás había ocurrido y si desde el centro del país se restringirán algunos rubros, pues habrá qué imaginar cómo nos va a ir, porque los “servidores públicos” para nada van a sacrificar lo suyo.
Por eso es que en el ámbito municipal las cosas no mejoran, cada vez es menos el dinero que llega a los ayuntamientos, los compromisos heredados son insuperables en varios casos, algunos presidentes municipales igual y son removidos de sus cargos porque no podrán cumplir con el pago de laudos laborales vencidos, pero no hay de dónde echar mano para enfrentar tanto reclamo.
Pero reiteramos, en buena medida lo que nos pasa tiene relación directa con la corrupción institucional, por el incumplimiento de las normas y leyes establecidas. Gobernadores, presidentes municipales y cabildos han venido saqueando a esas distintas instancias gubernamentales.
Hay leyes que se tendrían que aplicar a los infractores y por ende llevarlos a los respectivos tribunales a fin de ser juzgados y si los casos lo ameritan pues ponerlos tras las rejas, además de que deban resarcir los daños causados, pero ¿dónde está el primer ex servidor público encarcelado?, no lo vemos, porque en ese mundo se mueven bajo esquemas de complicidad entre grupos, poderes y partidos.
Y ante ello el ciudadano común está indefenso porque no le han permitido instrumentos legales para poder defenderse, de ahí la demanda de formalizar la Ley de Participación Ciudadana, a la que le van a dar mil vueltas a fin de que sus efectos sean menores. O sea hay que seguir protegiendo a esos delincuentes de cuello blanco, mientras siguen hundiendo a los municipios, el estado o la nación.
Bajo esa óptica, cómo no vamos a estar mal, por el contrario de milagro nos sobreponemos a tanta desgracia, pero tenemos que establecer un ¡ya basta!, sólo que se requiere de mucha fuerza popular organizada para intentar vencer a las mafias y desde luego que no es cosa menor.
