Los números que sobre el tema se han venido dando por parte del régimen local, suelen no ser muy precisos y generalmente faltan a la verdad. En contra parte, análisis serios, desarrollados por instituciones del gobierno federal dan fe de un delicado retroceso, en lo que corresponde a la planta productiva en general.

En mucho, la ausencia de inversión pública es un factor visible de que las cosas no andan bien y de que los niveles de empobrecimiento y marginación siguen creciendo sin control, pero es sólo una parte del conflicto, porque salvo algunos capitales orientados al rubro del comercio y la prestación de servicios, hace tiempo que ningún empresario de peso se interesa por instalarse en la entidad y por el contrario, no son pocos los que tras años de haber llegado al estado, han sido obligados a emigrar.

Las mayores consecuencias negativas se han propiciado a partir del incumplimiento del gobierno en recuperar la paz y la tranquilidad arrebatada por la delincuencia, el Mando Único ya probó su ineficacia y a nivel gubernamental no se aprecia ninguna estrategia que ofrezca mejorar las cosas.

A muchos años de distancia, todavía el estado parece ser casi el mismo que dejó Lauro Ortega Martínez, cuyo gobierno concluyó en 1988, es decir hace 28 años, aunque Sergio Estrada y Marco Adame le agregaron pequeñas acciones.

Si usted acostumbra visitar de vez en cuando algunas entidades cercanas y otras no tanto, se dará cuenta que a pesar de los difíciles problemas en la economía nacional, su desarrollo estructural continúa y con recursos propios de esos estados.

Claro, a diferencia de quienes viven del erario público, nosotros no tenemos a veces posibilidades de viajar grandes distancias, pero sí vemos en los casos de la Ciudad de México, Puebla o el Estado de México, una evolución permanente que da fe del compromiso de sus respectivos gobiernos. Pero ¿qué viene pasando en Morelos?, todo indica que no existe voluntad para hacer el mínimo esfuerzo por su pueblo.

Ya hemos superado la mitad del sexenio y seguimos esperando alguna muestra del desempeño gubernamental, sin embargo, en sentido contrario, sí hay toda clase de comentarios en el sentido de que las nóminas de la burocracia están cargadas de personajes, en su mayoría, procedentes de la capital del país, recomendados de familias y amigos de quienes hoy se asumen en la práctica como dueños del estado.

Bueno, un amigo que laboró un tiempo en la Secretaría de Gobierno, cuando el titular era el hoy secretario de Movilidad y Transporte Jorge Messeguer Guillén, relató algunas de sus amargas experiencias que le tocó vivir durante su paso por la dependencia.

Recordó que de pronto, comenzaron a llegar decenas de jóvenes de la Ciudad de México, muchos de ellos sin haber concluido sus estudios de preparatoria, venían ya casi contratados. Y que en una ocasión, intentó cuestionar o hacer entender a sus jefes de que lo más prudente era contratar personal, pero calificado; y si se quería ayudar a los muchachos, pues que por lo menos fueran morelenses y con altos grados de necesidad.

La respuesta fue en el sentido de que él estaba ahí para obedecer, no para opinar, que primero eran los familiares y amigos y punto. Desde luego, fue cesado en el cargo. Pero agrega que sus salarios no eran cinco mil o seis mil pesos, los que menos ganan tienen ingresos entre 25 mil y 30 mil pesos, eso sí se encuentran en nóminas confidenciales.

Pero por lo que señaló la fuente informativa, son cientos de jóvenes dispersos en todas las dependencias, particularmente del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Gobierno y de Obras Públicas. Ahora bien, tampoco desarrollan un esfuerzo al tamaño de lo que reciben, sobre todo porque aún no cuentan con la formación y capacitación suficiente, acaso llegan para intentar capacitarse en el trabajo, pero el costo en la nómina derivado de esas contrataciones debe ser muy alto, algunos millones de pesos al año, que impiden o reducen la inversión social.

Toda esa carga es parte del entrampamiento y quebranto financiero que exhibe la administración, que pareciera haber agotado los márgenes para cumplir con su razón de ser: atender las necesidades de los morelenses, y por el contrario, orienta buena parte de las acciones a abonar en el beneficio de unos cuantos.

Mientras todo eso acontece, Morelos muestra cada vez mayor rezago estructural frente a estados vecinos que aún en medio de los obstáculos financieros, siguen construyendo bases de desarrollo y sobre todo buscando generar oportunidades de empleo que la iniciativa privada deja de crear.

Lo único que nos puede salvar es la aportación federal, porque a decir verdad, son los que mantienen viva la actividad en el rubro de la construcción, de donde viven miles de trabajadores y empresarios. La construcción de la Autopista Siglo XXI es una muestra de ello, también la ampliación del libramiento en Cuernavaca con el Paso Exprés y párele de contar. Más allá de eso, no hay nada de qué agarrarse, porque hasta la ampliación del tramo de autopista La Pera-Oacalco quedó suspendida y no se ve para cuando reinicien.

Como que los morelenses no nos merecemos este destino, los orígenes son de un pueblo de lucha y con historia que tiene que reaccionar y si es necesario llamar a cuentas a quienes parecen haber distorsionado el proyecto comprometido en la contienda electoral. Aún hay tiempo, quedan poco más de dos años y medio, sólo es cuestión de voluntad y sacudir la maraña de la burocracia para poder aligerar el barco que amenaza con hundirse por la pesada carga que lleva encima.