Ayer y luego de haber revisado muy concienzudamente las ofertas oficiales, se hablaba ya del retiro y sólo quedaba pendiente el tema de la Ley de Participación Ciudadana, sin embargo el tema corresponde ya en competencia al Poder Legislativo, con cuya mayoría de diputados había acuerdos avanzados y hasta se decía que la promesa era hacerla funcional a partir del próximo mes de junio.
Es decir para algunos miembros del Consejo Universitario, la presión dio los resultados suficientes como para dar por terminadas las protestas públicas. Y es que si bien, en el documento entregado el pasado 9 de febrero por el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina, durante la reunión pública en la plancha del zócalo capitalino se exhibían grandes imprecisiones, durante el transcurso del día se mantuvo una interrelación permanente que fue aclarando dudas y dándole seriedad y certeza a los acuerdos.
Para acabar pronto, como se llegó a considerar a lo largo de la semana, el peso de la crítica y la protesta a la que se sumaron sectores, organizaciones, partidos políticos opositores al de la Revolución Democrática, líderes morales y de opinión como el obispo Ramón Castro, y políticos, por citar algunos actores, lograron reventar la resistencia gubernamental y cedieron a las demandas.
Algunos consejeros universitarios mencionan que a juicio suyo, lo que más preocupó a la élite en el gobierno, fue que el rector Alejandro Vera Jiménez anunciara que iniciaría un bloqueo de vías de comunicación, tanto en carreteras federales, estatales, así como en arterias fundamentales al interior de la ciudad. Mientras que paralelamente, una marcha estimada en cinco mil participantes se dirigiría a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para presentarle el escenario al representante de la misma Miguel Ángel Osorio Chong.
Se lograron fechas muy concretas, como el que a mediados de junio se estará concluyendo la torre de laboratorio, incluida en el pliego de peticiones, así como la construcción de la preparatoria en Cuautla. Mientras que en lo referente a los 100 millones de pesos prometidos, directamente el titular de la tesorería les indicó que los fondos ya estaban radicados en las cuentas de la universidad, lo mismo que 10 millones no transferidos por concepto de retenciones en el rubro del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Y para tener cierta seguridad de cumplimiento en algunos de los conceptos que requieren más tiempo, las partes estarían firmando los documentos ayer mismo. Sin embargo también admitían algunos de los consejeros que ello no garantizaba su cabal cumplimiento, dada la falta de seriedad de quienes gobiernan la entidad, sin embargo tenían que arriesgarse, porque en algunos casos serán necesarios trámites administrativos y hasta licitaciones públicas para algunas obras y eso impide hoy que se fijen fechas específicas.
En concreto, los universitarios se van con la satisfacción de que además de haber logrado arrancarle a gobierno del estado la atención y cumplimiento de una serie de deudas acumuladas, mostraron ante la sociedad que sí es posible, con la fuerza y la unidad vencer cualquier obstáculos por grande que sea.
Pero sobre todo sentaron un precedente, fue la primera vez, en los tres años y cuatro meses de este sexenio, que el gobierno bajó la guardia, tuvo que ceder en todo y además debieron, muy a su pesar, que ir a negociar en el terreno dispuesto por los universitarios, porque siempre imponían sus condiciones y caprichos.
Bastaba ver la expresión del secretario Quiroz Medina y de los miembros del gabinete que lo acompañaron a entregar la respuesta a las peticiones, parecía que estaban en algún velorio. El funcionario parecía no haber dormido durante una semana, como que estaban aterrorizados.
Claro, ellos seguramente llegaron a pensar que les faltarían al respeto y la verdad es que había sobradas razones para que así fuera, pero la concurrencia les demostró lo contrario, empezando por el discurso del rector, les dieron una cátedra de decencia y una cachetada con guante blanco.
El caso de la universidad, guardadas las proporciones, exhibió las debilidades gubernamentales como ocurrió con aquel movimiento magisterial de mediados del 2008, que puso en jaque la administración del entonces gobernador Marco Adame Castillo, aunque en el fondo, se trató de un movimiento cuyo origen fue distinto.
En lo referente a dicha protesta magisterial, fue consecuencia del rechazo la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), que promovió la ex líder moral del SNTE Elba Esther Gordillo, o sea un factor externo y ajeno a las decisiones locales. Sin embargo, en lo que compete al caso UAEM, surge a partir de acciones propiciadas por el mismo gobierno del estado, que buscaba escamotearle gestiones y recursos a la máxima casa de estudios.
La advertencia del Consejo Universitario era quedarse en Plaza de Armas 15 días, en el entendido de que conociendo el comportamiento oficial, no habría respuestas, pero no fue necesario porque la presión los obligó a ceder prontamente, sin embargo, independientemente de tener que devolver la copa, la factura que van a tener que pagar separadamente en cuestión de imagen y credibilidad, se antoja muy elevada.
Ha sido un golpe certero a la confianza hacia las instituciones, que ya venía bastante minada, porque los alcances de la protesta llegaron a todos los rincones de Morelos, elevando el repudio y enojo ciudadano a grados no previstos por los propios gobernantes.
