El ex edil de Cuautla  fue denunciado por desvío de recursos y abuso de autoridad, al quedarse con las cuotas sindicales y otras aportaciones que eran de sus empleados, no suyas, pero esto se multiplica en muchos otros ayuntamientos, porque no hubo cuidado en el control y destino del presupuesto.

El hilo siempre se romperá por lo más débil y en el tema que nos ocupa, son los trabajadores de menor nivel, aquellos cuyos ingresos oscilan entre los tres mil y cuatro mil pesos al mes, quienes deberán “bailar con la más fea”, o sea, si al término del trienio el dinero no alcanza, pues es a ellos a quienes se la aplican. Ni prestaciones, ni quincenas.

Decimos esto porque también se ha comenzado a afirmar que los que se aseguran el pago completo de sus emolumentos y salarios son los altos funcionarios, los regidores, los presidentes municipales y los síndicos, e incluso en algunos casos, hasta bonos de compensación se vienen autorizando.

Bueno, hay quejas de que los jefes de las cuadrillas, por “instrucciones superiores”, condicionan a sus empleados con el argumento de que “si presionan para que les paguen, los vamos a despedir, si quieren seguir trabajando, se aguantan” y ante las circunstancias actuales, muchos prefieren guardar silencio.

Abogados en materia laboral consideran que es en este rubro donde más injusticias se cometen, porque los tribunales de esa competencia suelen evadir sus responsabilidades en la correcta y completa aplicación del derecho laboral.

A pesar de acuerdos y compromisos hechos incluso con dependencias estatales del ramo, respecto a aplicar políticas encaminadas a eficientar el desempeño de las estructuras municipales y a cumplir perfiles en lo que se refiere a la contratación de personal calificado, como en el caso de la tesorería y el área de finanzas, los presidentes municipales continuaron asignando a recomendados o amigos en esos espacios, lo que lleva a un desorden administrativo irremediable

Y es muy fácil dar con los motivos del por qué los munícipes buscan por todas las vías tener muy controladas estas áreas. Ellos son los primeros en generar el desorden, echando mano del dinero del erario público cada vez que les viene en gana, pero para eso requieren de un incondicional; si es posible, hasta un familiar, como pasa en muchos casos.

Claro, eso tampoco es privativo de los municipios, se da a  nivel del gobierno estatal. Las tesorerías y secretarías de finanzas alimentan de recursos financieros a los ejecutivos en turno y los testimonios de aquellos a quienes les ha tocado desempeñar este papel,son en el sentido de que la solicitud va siempre acompañada de un “tú verás como arreglas las cosas”.

Lo anterior a nivel de alcaldías es cosa cotidiana, los tesoreros están obligados a justificar cantidades a veces exageradas, por petición de su jefe. Y si el presidente municipal hace lo que quiere en lo que corresponde a gastos personales, pues de entrada, el mismo tesorero empezará a hacer lo propio. Finalmente ya se sabe el camino para justificar los gastos, mediante facturas muchas veces proporcionadas por proveedores, que de esa manera pagan el favor de ser incluidos como tales.

El final del camino, no hay presupuesto que alcance, y como hay que tener contento al cabildo para que no se ponga al brinco,  pues los regidores y los síndicos empezarán a vender caro el favor y a pedir todo tipo de apoyos, personales o familiares con la promesa de “jalar parejo” en las buenas y las malas.

Es decir, un mundo de complicidades en donde las autoridades que rigen a los ayuntamientos usan los fondos públicos como propios. Con mucho esfuerzo buscan justificar su gasto desarrollando algunas obras en aquellas zonas donde las exigencias sean mayores, pero no hay realmente una preocupación por los problemas ciudadanos. Llegan a vivir tres años de bonanza y hasta enriquecimiento, mientras los gobernados padecen toda clase de abusos.

No podía ser distinto con los propios trabajadores de las alcaldías, que representan la parte más débil de la cadena,  ya que son los que realmente trabajan, porque mantienen a flote la mayoría de los servicios que corresponde a la comuna prestar a la sociedad, pero recibirán por ello un mini salario.

En el mejor de los casos, aparecerán en la nómina, que ya será un privilegio, porque significa que tienen derecho a algunas prestaciones, como vacaciones y aguinaldo, pero buena parte de la plantilla laboral recibe su pago por lista de raya, como en los viejos tiempos, y no aspiran prácticamente a nada. Su permanencia es muy endeble y cualquier error lleva a su despido y no se puede reclamar nada.

Pero eso es lo de menos, de unos años a la fecha, cuando las cosas se ponen difíciles, para ellos puede no haber pago por sus servicios, menos prestaciones o en su caso deberán recibirlo a cuenta gotas y quizá, deban aceptar perder algunas quincenas, como viene pasando en estos momentos en la mayor parte de las presidencias municipales

¿Qué les queda el recurso de la demanda laboral?, es cierto, pero deberán recurrir a la contratación de un abogado, que les cobrará en promedio el 30 por ciento de lo que puedan recuperar y no se sabe cuándo. Podrían pasar años, como ha ocurrido en muchos expedientes.

Los tribunales laborales y algunas otras instancias competentes en la materia harán lo imposible por evitar que los ayuntamientos paguen lo que en ley corresponde y entonces lo poquito que logren se quedará entre negociaciones, el porcentaje del asesor legal y lo suyo. La ley es clara, pero en materia laboral casi nunca se cumple, si acaso recurriendo hasta la justicia federal, ¿cómo la ve?, pero esa es la impartición de la justicia en nuestro país.