Rafael Rueda Moncalian, presidente de ese organismo de reciente conformación, hizo algunas observaciones y consideró que la Fiscalía General de Justicia viene cometiendo graves errores, sobre todo en lo que tiene que ver con la fosa irregular de Tetelcingo, en Cuautla. “La verdad es que da pena”, fue una de sus expresiones.

Pero tanto él como algunos de los integrantes del Consejo ofrecieron algo así como una película  del estado en lo que toca al ámbito de sus responsabilidades y la absoluta mayoría de los juicios iban en el mismo sentido: hay demasiadas razones por las cuales no podemos abrirnos paso y en buena medida, se trata de insatisfacciones, ya sea del lado de la sociedad, como del propio gobierno.

Se indicó por ejemplo, que un agente del Ministerio Público gana unos siete mil pesos, igual que un policía ministerial, pero una secretaria tiene un sueldo de dos mil 500, que son absolutamente insuficientes para resolver sus necesidades más apremiantes.

Pero se hizo énfasis en que la corrupción y la impunidad siguen arraigados prácticamente en todos los órdenes y niveles de autoridad y se ejemplificó con el caso de los presidentes municipales. “Todos estamos enterados del robo abierto que se ha venido dando en la mayor parte de las alcaldías. Sin embargo, algunos de esos personajes ya son diputados locales o hasta federales, ello sólo es producto de la impunidad, porque no hay nadie que sancione sus excesos”, dijo Rueda Moncalian.

El señor para nada falta a la verdad. Cómo podemos pensar en recuperar el orden y la decencia en el ejercicio del poder cuando se continúa permitiendo toda clase de  arbitrariedades a los servidores públicos. Eso, dirían los del Consejo, sólo alimenta la pérdida de valores y la descomposición.

Claro, también dijeron no tener una medición comprobable de los niveles de delincuencia en algunos rubros considerados de alto impacto, como el secuestro, el crimen o las violaciones. Por eso consideraron inapropiado establecer números al respecto, pero sí criticaron el que desde algunos niveles de gobierno se faciliten  las cosas para permitir a los que abusan de sus facultades en cargos de representación popular seguir haciendo de las suyas.

Incluso se pronunciaron en contra del comunicado emitido por el Congreso local en el que se advierte de  denuncias en contra de quienes, a través de los medios de información, “difamen al estado”. “Eso es ir en contra de la libertad de expresión, por el contrario, le pedimos a nuestros amigos periodistas que ejerzan sus derechos y cuestionen todo aquello que no esté bien, sólo de esa forma podremos algún día romper con el círculo vicioso de las componendas”.

Consideraron necesario fortalecer algunas estrategias de seguridad y prevención del delito, como “el vecino vigilante”, que ha mostrado resultados interesantes, porque quienes lo integran son gente de las propias comunidades, barrios o colonias.

ZONA ORIENTE, ABANDONADA

Pero le dedicaron a la región oriente del estado una especie de capítulo aparte, al sostener que la mayor parte de ese territorio morelense se encuentra prácticamente abandonado y en manos de la delincuencia. “Buena parte de la planta productiva y sobre todo los medianos y pequeños negocios están cerrando, porque la inseguridad los viene golpeando despiadadamente”.

Un considerable número de empresarios ya se fue de la entidad y dijeron que “los tres niveles de gobierno están fallando, no hay una estrategia o compromiso de lucha seria contra el fenómeno, sólo discursos que no resuelven nada”.

“Aquellos funcionarios, entre ellos alcaldes, que omiten cumplir con sus responsabilidades son los peores delincuentes”, fue otra de las frases de los miembros del Consejo, que mostraron tener muy bien situados los “focos rojos” que existen en la entidad en materia de delincuencia.

Sin embargo, también fue visible que a pesar de que ponen la información en las instancias competentes, con el propósito de que se tomen las acciones necesarias, no hay respuesta; se trata de lamentos en el aire que sólo despiertan sospechas de complicidad.

Reconocieron que a nivel de infraestructura, en esta administración se ha avanzado, pero igualmente estimaron que existen factores que continúan siendo descuidados, como en lo que se refiere al pago de salarios a las corporaciones policiacas, agentes del MP, auxiliares, lo que incide directamente en la proclividad de esos servidores públicos a caer en actos de corrupción para complementar sus ingresos.

Pero otra parte que requiere atención especial es todo aquello que tiene que ver con la pobreza y marginación. “Mientras no se cuente con satisfactores económicos siquiera medianos a nivel familiar, las cosas no mejorarán".

Sin embargo, esta parte pareciera la más difícil de resolver, por el contrario, todavía se advierte de condiciones adversas en el futuro inmediato. Morelos no puede escapar a la inercia nacional y lo que le pega al país, repercute en nuestro territorio.

Si bien se insiste cotidianamente en un trabajo gradual de preparación y profesionalización de los cuadros policiacos, está claro que la fuerza pública no terminará con el delito, así fuera colocando a un policía en cada domicilio. Habrá que atacar el hambre del pueblo de manera paralela, por lo menos.

Es decir, si se desea cambiar el destino, habría que empezar a aplicar la ley en todos sus términos y contra todos aquellos que no se ajusten a ella, incluyendo a los políticos, “servidores públicos” y otros delincuentes. Castigar cualquier indicio de omisión, pero igualmente, buscar mecanismos reales de desarrollo y mejora en el nivel de vida de las mayorías y ya de paso, pues efectivamente, pegarle a los delincuentes, pero si se piensa que con la fuerza se va a resolver el asunto, no tenemos mucho que esperar.