De entrada, hablamos de cuatro presidencias municipales donde los términos del proceso están ya más que vencidos y en un estricto estado de derecho, sin importar cuál sea la instancia competente para determinarlo, sus ediles ya deberían haber sido depuestos. Nos referimos a los casos de Temoac, Tlayacapan, Jojutla y Amacuzac.

Y sobre el tema, el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Barra de Abogados del estado de Morelos, Felipe Jasso, dijo que “en efecto, en lo que respecta a esos ayuntamientos, ya se agotaron los esfuerzos por encontrar una solución negociada o conciliada, los presidentes municipales no acataron los laudos y entonces tenían que haber sido destituidos”.

Y agregó que “pero como las sanciones por el incumplimiento y omisión no son contra personas, sino (contra las) instituciones, entonces quienes ganaron las elecciones en dichas alcaldías llegarían a tomar protesta prácticamente destituidos, conjuntamente con el cabildo, ese es el espíritu de la Ley en la materia”.

Bueno, en el caso de Hortensia Figueroa, alcaldesa de Jojutla y ya diputada local electa, debió ser removida desde finales del año pasado, ya que así lo decretaron los tribunales laborales, pero en la práctica nunca se ejerció la acción. Lo que decía el abogado es que sobre todo en materia laboral, existen graves omisiones en el cumplimiento de la Ley, mucho más que en otras esferas del derecho.

Recordó que en su oportunidad el Congreso local decretó la anulación del fuero constitucional a los cabildos, por lo tanto caer en omisión e incumplimiento en el ordenamiento de pago de laudos es motivo suficiente para la destitución y procede, dado que ya no tienen protección o inmunidad, pero nadie se atreve a aplicar las normas constitucionales.

Por eso el propio Felipe Jasso se preguntaba ¿hasta dónde se continuará pisoteando el derecho de los trabajadores?, porque las determinaciones del TECA parecieran ser simbólicas, de nada sirve ir a juicios laborales para reclamar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores si al final y tras invertir en defensa jurídica, no se llega a nada.
Y pronosticaba que en el caso de los cuatro ayuntamientos donde las sentencias ya reclaman la cabeza de los alcaldes, quienes tomen el cargo a partir del primero de enero, igual y se la llevan así los siguientes tres años, es decir, destituidos pero en funciones, sin embargo, lo anterior muestra el frágil Estado de derecho en que vivimos, donde los ordenamientos constitucionales son letra muerta.

Lo cierto es que este asunto se ha convertido en un obstáculo insuperable para la mayoría de las presidencias municipales, son muy pocas las que no enfrentan pasivos laborales millonarios, derivados de una actitud de irresponsabilidad de algunos ediles, que con fines políticos y compromisos electorales, llegan despidiendo a todo mundo para colocar a sus cuates sin medir las consecuencias.

Y esto no terminará aquí, se lo aseguramos, aquellos que ya ganaron y se harán cargo de las comunas a partir del año que viene, harán lo propio y a veces no les queda de otra, porque también se aprecia un fenómeno adicional, las nóminas están desbordadas, hay una sobrepoblación de trabajadores que se lleva casi todo el presupuesto en gasto corriente.

Si se quiere enderezar el camino, hay que despedir quizá al 50 por ciento del personal, pero los afectados reclamarán sus derechos que en materia corresponde y no hay tampoco dinero para liquidaciones masivas, es un círculo vicioso que se antoja difícil de romper. Ojalá que por lo menos todos esos empleados estuvieran desarrollando alguna actividad productiva, pero muchos de ellos sólo se presentan a cobrar los días 15 y 30 de cada mes, es decir, son “aviadores” y figuras ficticias.

En efecto, quienes asuman las presidencias municipales en conflicto son los menos culpables de lo que ocurre, sin embargo, es la ley, y les tocará comenzar a padecer y a pagar deudas ajenas porque  quien debe es el ayuntamiento, no  la persona que dejará el cargo y al llegar a sustituirlos, también heredan los compromisos, pero alguien tiene que empezar a poner orden.

Escudo de Palacio será recuperado

Hace algunos días, José Luis Piña Rosales, hijo de Manuel Piña Vigueras, autor del escudo original de Palacio de Gobierno, advirtió que iniciaría un movimiento a fin de exigir a las autoridades estatales la presentación de esa pieza, que fue sustituida, a su juicio, por otra de mal gusto.

Recordaba que su padre, Piña Vigueras, la diseñó hace cerca de 50 años y fue colocada en la parte del frente del edificio de gobierno en Plaza de Armas, en 1967, cuando fue inaugurado. Desde entonces hasta hace unos dos años, permaneció ahí como símbolo histórico.

Sobre el caso, ya la Secretaría de Administración abordó el tema y el compromiso del secretario, Javier Barona Lavín, que será rescatada de donde se encuentre para ser colocada en un espacio apropiado, aunque no precisó si podría ser regresada a su sitio original.

Piña Rosales dijo en su oportunidad que se trata de una obra no sólo con valor artístico o cultural, porque cuenta con un anillo de oro alemán de 24 quilates y mostró el temor de que pudiera estar enfrentando deterioro grave, dado que se presumía que fue arrumbada en algún almacén del edificio gubernamental. Ya hay una respuesta oficial, la pieza no está perdida, eso es lo importante y que generaba preocupación y enojo de la familia del escultor, sólo falta conocer en qué parte será exhibida nuevamente.