La parte gubernamental sigue haciendo hincapié en que las tendencias delictivas siguen a la baja, que el índice en delitos de alto impacto ha bajado hasta en un 70% respecto al año anterior, sin embargo esos datos no son considerados para la mayoría social y estima que se trata de números maquillados.

La crítica sobre el desempeño de los cuerpos policiacos es permanente, sin embargo hay una especie de desprecio a las observaciones por parte del comisionado de seguridad pública Jesús Alberto Capella Ibarra, elemento que enardece aún más a quienes desde su espacio de gobernados, lo consideran una grosería.

El origen de esa disparidad de percepciones tiene un origen suficientemente visible, sí existen hechos consumados que muestran una inercia inevitable de buena parte de los policías del Mando Único, por el atraco, la extorsión, la prepotencia o la agresión, que lógicamente es atendida hasta que hace crisis.

Una muestra clara de ello es lo que pasó con jóvenes que asistían a una fiesta, en un lugar cercano al bunker de Capella, quienes fueron robados, golpeados, amenazados y que evitaron ser vinculados a proceso, que porque los ofendidos les otorgaron el perdón y con una pequeña multa la libraron.

Y ¿sabe lo que en redes sociales se opina sobre el supuesto perdón?, pues que seguramente los amenazaron para que se desistieran. Igual y es verdad, sin embargo en el ambiente en el que nos encontramos y frente a la desconfianza que existe ante las instituciones de prevención e impartición de justicia, cualquier acción como esta es objeto de incredulidad.

Ahora se dice que los malandros elementos fueron dados de baja, pero con eso no se resuelve el problema, se tendrían que tomar decisiones más drásticas, a fin de que se viera como un escarmiento, para que en lo sucesivo esos “muchachitos” lo pensaran dos veces.

La gente esto lo considera como componendas entre los altos mandos policiacos y sus agentes, es decir actos de protección y corrupción, que son los que la llevan a pensar que todo anda de cabeza. Algo tendrá que hacer el “jefe” Jesús Alberto para intentar mejorar la percepción, ya que hoy día sigue siendo de condena abrumadora.

Debería hacer algunos ensayos, encargar estudios de opinión sobre el tema para, con base en ello, poner en práctica estrategias que cambien la visión. A lo mejor somos nosotros los que estamos mal y en realidad las cosas han cambiado para bien progresivamente, pero el mal comportamiento de unos cuantos en el Mando Único ha destruido lo poco o mucho de positivo que se haya logrado.

ALERTAS, NO PARAN

Y precisamente hablando de inseguridad, sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno, la percepción de que estamos muy mal en delincuencia es causa de constantes alertas de la embajada de Estados Unidos, las que vuelven a incluir a Morelos entre los estados a los que se recomienda no hay que visitar, en caso de que turistas de ese país vengan a México.

En esta ocasión, se incluye también a Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, donde se libran las más fuertes batallas entre los grupos de delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad nacional. Oficialmente se insiste en que la información que tiene el vecino país es atrasada, que las estadísticas en las que se basa son del año pasado, pero que ya estamos mucho mejor.

Incluso, se decía que vía la Secretaría de Gobierno, se pediría a la embajada mexicana en aquella nación, que solicite -con base en los números gubernamentales en materia- a las instancias competentes estadounidenses, saquen a nuestra entidad de esa “lista negra”.

El caso es que mientras ese proceso administrativo pueda generar algún efecto positivo, seguimos padeciendo una especie de boicot, en lo que toca a la atracción turística, queda claro que la afluencia continúa estancada y con ello golpeando severamente los ingresos que tan importante rubro suele dejar en el territorio morelense.

La medición al respecto, por parte de las instancias en competencia de aquel país, debe basarse en algunas variables, se nos antoja que echan mano de los números oficiales, pero también de voces disidentes, Organizaciones No Gubernamentales, de tal manera que sacan un promedio que es en el que se basan para poder lanzar sus advertencias y alertas.

Es decir, el gobierno de Morelos puede hacerles llegar su información, pero ellos con toda seguridad, la compararán con otras estadísticas que podrían ser muy diferentes, a fin de valorar si procede o no la queja. Y se insiste en que la alerta tiene que ver con lo que pasa en algunos municipios como Huitzilac, donde el delito continúa siendo alarmante, pero que no se trata de todo el estado. Puede ser, el caso es que desde el exterior, la percepción sigue siendo en el sentido de que nuestra entidad se encuentra entre los cuatro estados más violentos e inseguros en la República Mexicana.

Como quiera que sea, la administración pública estatal tendrá que hacer lo humanamente posible a fin de sacudirse este maleficio, porque seguramente significa la merma de cientos de millones de pesos para la economía local y en momentos tan duros en materia de desarrollo y crecimiento, no hay lugar para permanecer indiferentes ante lo que pasa.

Los golpes son mortales, este prolongado letargo derivado de la inseguridad no es de ayer, son ya dos o tres años de pérdida gradual del turismo, sólo habría que evaluar los costos del cierre de las escuelas de español en la capital del estado para entender el alcance de las repercusiones de las famosas alertas.