Aún trae buena parte de ese humor que le ha caracterizado y que gusta a la gente; un leguaje que se identifica con la mayoría de quienes han crecido en una clase social media baja, sin términos rebuscados ni expresiones cuidadas, por el contrario, suele responder, incluso a los medios informativos, con expresiones que pudieran considerarse vulgares, pero que dichas por él, se antojan suaves.
Todavía no se tiene calculado el alcance que pueda lograr como aspirante a la presidencia municipal de Cuernavaca, sin embargo, la fama lo coloca en este momento a media tabla y seguramente va por más, porque un atractivo para los electores es precisamente que no es político y por eso el discurso y comportamiento se antojan poco comunes.
Bueno, sigue teniendo bastante ascendencia hasta en los medios informativos, por lo menos en eso viene mostrando la diferencia y tampoco ha requerido pagar contratos de publicidad para lograr aparecer en los medios escritos o electrónicos, que a decir de las redes, su registro mereció algunas notas en medios de circulación nacional y quizás por eso es que algunos otros aspirantes a la comuna parecen empezar a preocuparse y a cuestionar su inclusión en la contienda.

El candidato panista a la comuna, Luis Miguel Ramírez Romero, ayer, tras su registro, le tiró dos que tres golpes, y entre otras cosas, dijo que como futbolista se merece todo el respeto, pero la política es otra cosa. Incluso consideró que las instancias competentes deberían investigar si en efecto cumple con los requisitos de Ley para ser candidato.
El problema es que todo eso más bien pareciera ir abonando en su favor y mire que hasta el momento ha intentado hacer caso omiso a la crítica, aunque esta vez sí dijo sobre el tema, que seguramente habrá quienes lo cuestionen, pero que serán más los que lo apoyen.
La cosa es que está entrando al círculo de la competencia, es decir, como que se cuela entre los grandes, con aquellos aspirantes que tienen cierto nivel de competitividad, de los cuales deberá salir el próximo alcalde capitalino, hablamos de un Luis Miguel Ramírez, Maricela Velázquez Sánchez y Jorge Messeguer Guillén, que por contar con estructuras partidistas de mayor alcance, tienen ya un capital electoral cautivo.
Claro, ya comienzan a aparecer los inconvenientes, porque se menciona que los del Partido Social Demócrata buscan capitalizar su figura para lograr algunas posiciones, sobre todo regidurías y en los primeros sitios vienen colocando a la familia, por ahí va el asunto.
Es difícil que aún y con todo su prestigio y fama deportiva, el Cuau logre ganar la comuna, sin embargo, pudiera llevar los votos suficientes para meter uno o dos regidores e inducir porcentaje para algún legislador local plurinominal, de esa manera está calculada su intervención electoral, pero pareciera pues que como en el caso de Ramírez Romero, ha comenzado a ser factor de preocupación.

 Víctimas, ley sin reglamento

En otro tema, ayer el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, dijo que la Ley de Víctimas podría empezar a funcionar a partir de mediados de abril, la norma se quedó atorada por muchos meses, porque sigue adoleciendo de reglamento, como que intencionalmente se envió un tiempo a la congeladora para evitar que aquellos agraviados por la delincuencia se acogieran a sus beneficios.
La verdad es que esta dilación ha dejado en la indefensión a cientos de víctimas del delito, el Estado ha omitido reparar el daño a quienes  lo reclaman, porque todavía no se cuenta con el instrumento completo para tal efecto, no obstante, algunos abogados dicen que el año pasado se destinaron más de 25 millones para tal efecto, sin que se sepa en qué se ejercieron, porque no se ha beneficiado a nadie.
Bueno, hablan de que este año debió presupuestarse esa misma cantidad a pesar de que el marco está incompleto y sigue sin ponerse en  marcha. Para su elaboración se contrataron los oficios de algunos personajes de talla internacional, uno de ellos, el juez Garzón, por cuyo trabajo habría cobrado cinco millones de pesos.
Todo este rollo fue tema recurrente hace más o menos un año, pero después de ponderar los beneficios que eso traería para aquellos que sufren alguna desgracia en materia de inseguridad, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se hicieron bolas o acordaron en lo oscurito posponer su vigencia.
Y esta Ley es procedente, porque como ciudadanos partimos del hecho de que las instituciones gubernamentales son constitucionalmente responsables de ofrecernos justicia y seguridad, la omisión ha sido una constante desde siempre, nadie se hace cargo de cualquier agresión a nuestros derechos, la impunidad en ese sentido es bárbara.

Ya ve lo que se nos atribuye hoy día, por algunos  organismos observadores internacionales, respecto a que la tortura policiaca es generalizada en el país, o sea, que estamos expuestos a que los propios cuerpos de seguridad vulneren nuestras garantías, en lugar de protegernos y no es nada nuevo, es una práctica histórica de las corporaciones.
Se siguen dando explicaciones y excusas en torno a la dilación en la aplicación de la Ley de víctimas, sin embargo, pareciera que se hizo premeditadamente, porque todavía hasta hace un año, el clima de violencia era tal, que ningún dinero del mundo habría alcanzado para resarcir los múltiples reclamos que aparecían por todos lados.
Igual y se calculó que ésta fuera cumplimentada una vez que los índices de criminalidad mostraran números a la baja y pareciera que en la actualidad el clima es diferente en la materia, y seguramente que la aplicación no será retroactiva, sino a partir de que sea publicada en el Diario Oficial “Tierra y Libertad”.