El tema es largo y complicado, cuando la administración del hoy ex gobernador Marco Adame Castillo decidió castigar a la comunidad, enviando a más de 300 familias de antorchistas a establecerse en el lugar, apareció un movimiento de oposición, que logró incluso la promesa oficial de retirarlos de la zona, sin embargo logró “convencer” a los principales cabecillas, muy particularmente a Orañegui Cosme, mediante la entrega de tres millones de pesos y el compromiso de unos 300 lotes para familias pobres del pueblo, así como plazas del magisterio, a fin de que desistieran de su posición contra Antorcha Campesina.
Con fecha 23 de julio del 2012, a través de HSBC, se liberaron los cheques número 0951232, 0951229, 0951230 y el 0951231 a favor de Orañegui, de su esposa Isidra Anaya y de Rebeca Quiroz Vázquez, por tres millones de pesos, además un terreno de 93 mil 918.20 metros cuadrados, en cuya mitad se construiría la preparatoria, la otra parte sería distribuida en lotes para familias pobres.
Con la llegada de la actual administración, el gobierno de Graco Ramírez condicionó la edificación del inmueble educativo, a que le permitieran instalar el cuartel policiaco en terrenos de Alpuyeca, el grupo se prestó a ello, sin embargo sólo se levantó la barda perimetral y se abandonó el proyecto una vez que el cuartel se concluyó. Sin embargo la misma autoridad consideró injusto que además de los tres millones de pesos que recibieron, se les entregaran los predios, y la posición es en el sentido de que el área se utilice en todo caso para canchas deportivas, en caso de que se concrete el proyecto escolar.
Sin embargo, algunos de los integrantes del grupo han comenzado a revelarse, ya que señalan que “en una reciente asamblea, a la que por cierto ya sólo asistieron unas 30 personas, Orañegui Cosme nos salió con que hay comuneros de Jiutepec que quieren esos terrenos y que tienen derecho. Nosotros entendemos que eso no es posible porque se trata de parcelas de la comunidad y no sabemos de alguna norma que conceda derechos a personas ajenas. Lo que pensamos es que ya pretende vender las tierras”.
Uno de ellos agregó: “Incluso nos dijo que en unos días iríamos a Cuernavaca, que porque allá nos vamos a reunir con los que reclaman nuestros espacios, consideramos que nos sigue engañando y aprovechándose de nuestra ignorancia”, y es que se trata de amas de casa y campesinos en su mayoría, que poco entienden de esas cosas.
Y de paso revelaron que “independientemente de los tres millones de pesos que se los quedaron ellos tres, no sabemos el destino de muchas cooperaciones, entre ellas 100 pesos cada uno cuando se dijo que se nos daría un lote y otros 100 cuando se daba por hecho la construcción de la preparatoria, que para hacer una comida, nunca se hizo ni una cosa ni otra, pero los fondos no están”. Algunos consideran prudente iniciar denuncias penales en contra de Orañegui, a fin que aclare las cosas ante las autoridades, aunque dicen que “parece que anda amparado, que porque teme que lo detengan”. La cosa parece complicada, hay agitación social nuevamente.
AUSTERIDAD, RESISTENCIA EN GOBIERNO
En otro asunto, antes de fin de año, el gobernador Graco Ramírez Garrido anunció un plan de austeridad con el propósito de reducir el gasto corriente en 700 millones de pesos, ello sustancialmente disminuyendo la nómina de la burocracia en 601 plazas, buena parte de ellas con nivel de jefaturas, direcciones generales y subsecretarías, la instrucción era concretar el objetivo al cien por ciento con fecha 31 de diciembre.
Sin embargo, a decir de uno de los responsables de darle seguimiento legal al acuerdo, aceptó que el proceso no ha llegado ni al 50%, “la verdad es que estamos bastante retrasados, hay quienes no parecieran acatar las disposiciones del gobernador”. Y consideró natural que los afectados por el recorte buscarán por todos los medios salvar el trabajo, pero parece que son los secretarios de despacho quienes se resisten a entregar los espacios laborales considerados a fin de alcanzar la meta.
Y recordó que hubo reuniones con los funcionarios de cada una de las dependencias, se les dijo que por disposición del jefe del Poder Ejecutivo, tenían que ofrecer determinado número de posiciones, cada uno lo aceptó, sin embargo nunca se ajustaron a las decisiones.
Pero otro funcionario agregó que también quedó claro que si en determinada fecha no cumplían con lo solicitado, la comisión encargada de dar seguimiento al programa decidiría de manera unilateral el recorte de personal en cada secretaría, de tal manera que pudiera comenzar a aplicarse.
Claro, también se llegó a considerar la desaparición de algunas dependencias con duplicidad de funciones, o en su caso su fusión, nada de eso ha ocurrido y por ahí también se estimaba eliminar buena parte de los empleados. Lo último que se dijo, fue que una vez que entró el periodo vacacional, se suspendió el proceso porque los tribunales laborales no estaban operando y no se podían signar los convenios de finiquito.
Sin embargo, uno de los funcionarios destacó que ya con el comienzo del 2015, pareciera que los integrantes del gabinete dieron por cerrado el proceso, no le dieron continuidad a pesar de que quedó a medias, pero advirtió que lo anterior será reportado a Ramírez Garrido para que vuelva a dar la instrucción o en su caso lo dé por concluido, aunque de ser así, no se daría cabal cumplimiento a lo previsto, es decir que se acabaría con un ahorro de unos 350 millones de pesos anuales, no los 700 millones.
