Fuera de ello, quizás ciertas diferencias a la hora de someter a análisis la propuesta de Ley de ingresos y egresos anual, pero hoy apreciamos un conflicto de mayores alcances, luego de que la legislatura local –casi por unanimidad, eso es lo sorprendente- aprueba puntos de acuerdo que tienen que ver con el destino y uso de esos más de dos mil 800 millones.
Pocas veces vemos al mandatario estatal de mal humor y ayer, en una breve rueda de prensa en la que leyó un documento a través del cual dio a conocer su posición sobre el tema, apreciamos cara de pocos amigos, lo que pronostica que en los días que siguen seremos testigos de un debate público entre poderes que puede llevarse algunos días.
Sí, por lo menos hasta que se sienten con más serenidad y busquen salidas negociadas para evitar mayor desgaste entre las partes, porque vimos la firme decisión de Graco de no aceptar para nada el punto de acuerdo donde le exigen, no piden, entregarles los 500 millones de pesos que se programaron para construir la nueva sede del Legislativo.
Refiere que no es cierto que se haya dejado de informar respecto al uso de los recursos, “cada tres meses les estamos enviando la cuenta pública, donde se desarrolla un desglose de las acciones realizadas, pero además, vamos a hacer público el portal donde aparecerán los montos”.
Sobre la aplicación de una auditoría especial, destaca que “los recursos del presupuesto que ejerce el gobierno estatal son auditados permanentemente por el Legislativo”. A diferencia de otras conferencias de prensa, esta vez llegó puntual, en cosa de cinco minutos expuso el tema y agradeció a los medios de información por su presencia.
No obstante, dijo que con base en la división de poderes, al Ejecutivo le competen algunas responsabilidades, entre ellas, autorizar, programar y evaluar proyectos y programas, por lo tanto, lo aprobado en el Congreso no tiene sustento y lo va a combatir por la vía legal. Explicó incluso que “los dos mil 806 millones de pesos son parte del ejercicio presupuestal del 2013, por lo tanto, entran en el ámbito de decisiones del Ejecutivo”.
Pero aprovechó para cuestionar el actuar de algunos legisladores, sin mencionarlo por su nombre, dijo que “el principal impulsor de todo esto es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y es un intento por generar una cortina de humo para seguir ocultando los desvíos de recursos en la administración anterior, por lo cual, dos ex funcionarios están bajo proceso- aquí se refirió a los ex titulares de finanzas y planeación, Alfredo Jaime de la Torre, preso y Alejandro Villarreal Gasca- por daño patrimonial”.
Pero además, señaló que era Bolaños el principal operador del gobierno anterior cuando de comprar votos de diputados se trataba. El panista respondió que si los recursos se han aplicado correctamente, no debe haber preocupación y estimó que no hay operadores políticos en gobierno, porque el Secretario Jorge Messeguer ha descuidado esa responsabilidad por andar en pre campaña.
Sobre los 500 millones, también destacó que “quieren 200 millones para apoyar a cañeros y eso no es posible”, y respecto a los restantes 300 millones, lo que se comentó extra conferencia de prensa, es que se los estarían distribuyendo entre los diputados. Aquí, el legislador del PRI, Matías Nazario Morales dijo sobre el tema, que “no hay ninguna novedad en los puntos de acuerdo, lo único que se pretende es comprobar la transparencia en el uso del crédito aprobado”, y sobre los 500 millones, agregó que el Congreso desconoce porqué no se ha avanzado en el proyecto de construcción del nuevo edificio.
Vamos a ver qué curso sigue el conflicto político, pero sí parece que los operadores en la materia de Ramírez Garrido han descuidado la relación con el Congreso, en efecto, toca al área de Messeguer mantener contacto permanente con los integrantes de la legislatura, por lo visto ni a los perredistas ha atendido como se debe, porque la mayoría del grupo parlamentario de izquierda apoyó las propuestas de la oposición.
Eso por un lado, por el otro, nosotros consideraríamos además que éstas diferencias tienen ya tintes electorales, que se trata sólo de una muestra de cómo viene el choque y el discurso público en el proceso hacia la justa del 2015. Se van a pegar con todo, no habrá misericordia.
Pero además, igual y se trata de una estrategia de la mayoría de la representación del Poder Legislativo para ir cotizándose muy caro en la aprobación del presupuesto 2015, que ya está a la vuelta de la esquina, las dependencias gubernamentales ya están trabajando sobre la propuesta de Ley de ingresos y egresos, donde la polarización suele ser recurrente.
Reiteramos, la oposición está en su derecho de capitalizar cualquier error del gobierno en turno, es una manera de atraer simpatías y desgastar al partido en el poder, pero aquí lo que llama la atención es que quienes están en la cámara para defender los intereses de la figura del gobernador, asumieran decisiones contrarias, por eso sí es necesario que desde palacio se analice cuidadosamente que es lo que viene ocurriendo, para evitarlo en lo sucesivo.
Algunas figuras en el Congreso, que se han considerado muy cercanas a Ramírez Garrido se sumaron al bloque opositor, como el ex coordinador de esa fracción, Juan Ángel Flores Bustamante, incluso la diputada Lucía Meza Guzmán, de ella se menciona que la actitud que asumió tiene que ver con los acuerdos que la llevaron a conseguir la posición como presidenta de la mesa directiva, ¿será?, igual y es cierto. Pero aprovechando el recorte de personal anunciado a fin de reducir gasto corriente, el gobernador debería igualmente valorar una reingeniería en su gabinete y sustituir a los que ya no sólo no le dan resultados, sino que le vienen causando problemas con los otros dos poderes.