Pero anticipándose a la crítica u observaciones sobre el caso, el Secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén refiere que ello ha sido así, porque la reforma electoral, que dio como origen el nacimiento del Instituto Nacional Electoral (INI), sustituyendo al IFE, lleva atribuciones para el desarrollo de la consulta pública, revocación de mandato o referéndum, de tal manera que la Ley en referencia perdió todo sentido y por lo tanto, tendrán que volver a hacerse cambios al artículo 19 bis, que es el que contiene tales conceptos.
Hay pues argumentos y posiciones entre las partes, que llevan a una especie de visión polarizada en el asunto, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas menciona que “este órgano colegiado, ya tiene en agenda el análisis respecto a lo que viene pasando con la Ley de Participación Ciudadana, el objetivo es sentar las bases para iniciar un procedimiento legal contra los diputados que integran esa comisión, porque pueden incluso ser objeto de juicio político al no haber dado cumplimiento cabal a dicha Ley”.
Luego recordó que ésta fue por primera ocasión presentada ante el Congreso en el año dos mil, “se le hicieron los primeros cambios al artículo 19 bis y se sentaron las bases para su análisis y aprobación, sin embargo, fue hasta mayo pasado cuando se concretó y el recinto legislativo local tenía la obligación de hacer publicar la convocatoria respectiva para la elección de consejeros, había un plazo de 50 días para ello”.
Y agrega que “sin embargo, lo que hacen los diputados es sacar un acuerdo mediante el cual se cancela el procedimiento, mismo que incluso se hace publicar en el periódico 'Tierra y Libertad' por instrucciones del Secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, cayendo todos en una terrible omisión legislativa, porque un acuerdo no puede anular una Ley”.
Pero el funcionario en referencia insiste en que “debido a que el INE tiene las atribuciones para la aplicación de conceptos como la consulta pública o referéndum, y al tratarse de un reforma federal, lo que se debe hacer es armonizar el marco legal local al nacional y no es por temor a ser sometidos como gobierno a una valoración popular, este régimen ha dado muestras fehacientes de su vocación democrática y contrario a la posición de administraciones anteriores, aquí se busca que el pueblo tenga intervención directa en temas cruciales”.
Pero Juárez Rivas estima que “todo lo que pasó es porque las figuras públicas le tienen miedo a la opinión ciudadana,  se saben profundamente vulnerables y expuestos a una posible revocación de mandato, eso es todo, pero lo grave es que el Poder Legislativo se prestara a algo así”.
Messeguer Guillén dice que, por su parte, el INE  a través la Ley de Procedimientos Electorales será el responsable de darle término a dichas figuras y el consejo entonces sale sobrando, “es decir, que en su oportunidad, Morelos era uno de los estados más avanzados en ese tipo de instrumentos de inclusión popular, pero a decir verdad, con la reforma electoral y la aparición del INE, quedamos rezagados y lo más prudente es aceptarlo y hacer lo conducente para armonizarnos con las leyes nacionales”.
Pero el abogado insiste en que aquí se cometieron omisiones y aberraciones, que conforme a derecho, se deben iniciar las denuncias correspondientes a fin de que se sancione a quienes incurrieron en tan graves faltas, particularmente los que integran la comisión respectiva.
Incluso agrega que “es muy delicado que Messeguer hiciera publicar el acuerdo, porque el Poder Ejecutivo está obligado a cuidar la observancia y cabal cumplimiento de las normas y las leyes, de no entrar en complicidades, de tal manera que tampoco el señor está fuera de las denuncias que consideramos, interpondremos en breve”.
Como quiera que sea, el Secretario de Gobierno insistió en que no es una cuestión de rechazo a la Ley de Participación Ciudadana, sino que simplemente ya viene contenida en otro órgano y sobre el compromiso del gobernado Graco Ramírez en el sentido de someterse a una evaluación ciudadana cada dos años, consideró que “con el informe que entregará este primero de octubre es suficiente, dará puntual cumplimiento a la rendición de cuentas”.
Ante la insistencia de compañeros reporteros sobre el tema, consideró que “el más válido escrutinio popular es el sentir colectivo y el gobernador conoce la opinión pública respecto a su administración, es altamente positiva, tenemos estudios respecto a ese pulso”, insistió. E insistió en que no hay ningún incumplimiento de promesas, las metas se están alcanzando  con creces, todos los días hay inauguración de obras y acciones gubernamentales que sustentan el desarrollo de Morelos.
De cualquier manera, conforme a los instrumentos en materia vigentes, se advierte que la consulta pública que viene desarrollando un movimiento social mediante la recaudación de firmas a fin de iniciar un procedimiento de revocación de mandato al Jefe del Poder Ejecutivo, no tendría ningún efecto legal.
Claro, dijo Messeguer, a menos que se cumplan con una serie de requisitos, entre ellos, el apoyo de cierto porcentaje de firmas de personas en edad de votar, de otra forma no podrían ser instrumentos de vinculación al proceso. Pero ahí está el debate, posiciones encontradas sobre un tema que en efecto, es de interés general, porque la Ley de Participación Ciudadana ofrecía facultades a órganos compuestos por ciudadanos sin partido, sin compromisos con el régimen, para impulsar acciones de mucha trascendencia.