Si bien es el caso de Ayala el que se ha ponderado más, porque las amenazas llegan al extremo, en cinco o seis más las circunstancias no son diferentes, ya hace rato que los alcaldes bajo presión han venido entregando cantidades que oscilan entre 40 mil y 80 mil pesos mensuales como condición para poder dejarlos trabajar.
Es la zona sur-poniente del estado, la que a decir de algunos legisladores locales, se encuentra casi invadida territorialmente por la maña, el edil de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, ha sido otro de los que vienen quejándose por el pago de cuotas.
Ya decíamos ayer que el delegado de la Secretaría de Gobernación, Erick Castro Ibarra, expresaba que un contingente del Ejército se desplazaba hacia Ayala para coadyuvar en la recuperación del orden y de la seguridad, pero aún así, los mensajes que el edil seguía recibiendo eran profundamente preocupantes.
Algo no está funcionando o mejor dicho las afirmaciones reiteradas en el sentido de que Morelos superó la etapa crítica, parecieran no ser muy ciertas. Lo que se ha empezado a observar, muestra un entorno totalmente contrario y los llamados de auxilio de los afectados no tienen mucho éxito, ni respuesta pronta y adecuada que digamos.
Bueno, ya algunos presidentes municipales que viven estas inconveniencias, no desechan declinar a sus respectivos cargos y tomar distancia. Es decir, irse del estado para poder escapar a alguna acción mayor de los delincuentes y eso sería ya el acabose.
En apariencia se aprecia un estado en calma, pero esos grupos vienen cambiando estrategias. Ahora no sólo buscan ingresos vía la privación de la libertad de ciudadanos, también están incluyendo las cuotas a las alcaldías.
Las autoridades lo saben, de acuerdo a información de funcionarios menores de la Comisión Estatal de Seguridad, el titular de la misma Jesús Alberto Capella Ibarra sólo viaja en helicóptero al interior del estado para evitarse riesgos y cuando lo hace por tierra es bajo un fuerte dispositivo de seguridad personal.
Es decir, él mismo se siente inseguro y seguramente sobran causas, una de ellas que no es cierto que se ha logrado recuperar la paz y la armonía buscada local, más bien hay un estricto control de la información en esa materia, pero ahora ya están llegando al sometimiento de ediles.
Algo nada nuevo, esto tomó fuerza en entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero y Michoacán hace algunos años, pero aquí sólo había casos particulares, no contra las comunas, hoy ese fenómeno, a decir de algunos políticos y servidores públicos de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Seguridad, se recrudece en la entidad.
Hay algo que llama la atención, efectivamente el nivel de asesinatos con violencia ha bajado en forma considerable, tal vez por ahí por el 50%, pero eso no indica que sea porque se les ha combatido y se les viene eliminando, como que es consecuencia de que una sola organización de está quedando con la plaza, no hay competencia y tampoco enfrentamientos armados o ajuste de cuentas entre ellos.
Y en ese ambiente, es la Zona Militar la que se está viendo obligada a multiplicar los esfuerzos de combate, precisamente a petición de varios ediles, que además, advierten que el Mando Único no parece representar preocupación alguna para los malosos.
Pero en medio de un ambiente terriblemente tenso, hay alcaldes que de plano ya entregaron incluso el ejercicio del poder a algunos grupos, caso específico Miguel Ángel Colín Nava de Temixco, ahí la mitad de los mandos estructurales de la comuna parecen ya dirigidos por la delincuencia, o sea ya gobiernan con el acompañamiento del presidente municipal y por supuesto del asombro de propios y extraños que están bastante informados de ello.
Tendrá que haber una reacción en serio, no podemos seguir en la simulación, el atrevimiento es inaceptable, lo más congruente es que el secretario de Gobierno Jorge Messeguer, el comisionado Capella y el fiscal Rodrigo Dorantes acepten que se encuentran rebasados y vuelvan a solicitar refuerzos a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) para fortalecer la presencia de cuerpos de la Policía Federal o del Ejército, de otro modo, cuando quieran actuar puede ser tarde.
Imagínese que de pronto algunos ediles comienzan a tirar la toalla, eso llevaría a sus municipios a la ingobernabilidad y a peores consecuencias, por la omisión en el cumplimiento del deber de las instituciones responsables de salvaguardar la seguridad ciudadana.
Ahora bien, lamentable es que todo esto empiece a ser notorio en una coyuntura muy particular, estamos a unos días de que comience formalmente el proceso electoral hacia la elección del 2015, una señal inequívoca de que vienen con toda la intención de penetrar las fórmulas de candidatos a las presidencias municipales, para ejercer poder de manera directa.
Lo inadmisible es que Messeguer, Capella y Dorantes nos siguen presentando un “mundo color de rosa”, ateniéndonos a sus expresiones, la inseguridad es casi cosa del pasado y los que se quejan y señalan son unos inadaptados, radicales y contrarios al régimen en turno.
Sólo que en la práctica, la información se les sale de control porque el atrevimiento a que se ha llegado es ya exagerado, no se atienden las llamadas de auxilio y los afectados se ven forzados a recurrir a instancias superiores. Nos referíamos a la región sur-poniente, pero en el oriente de la entidad también se antoja territorio de nadie.