La semana pasada, Salvador Isidro Castrejón, quien fuera detenido y acusado del homicidio de la licenciada Blanca Estela Flores Valdivia, relató parte del calvario que enfrentó luego de haber sido detenido por supuesta falsedad de declaraciones, que le merecieron 48 horas de privación de libertad, pero en seguida, se le señaló como el autor del crimen y debió estar seis días en la sombra.
Lo confundieron con otra persona, por lo menos eso dijeron cuando no lograron sostener la denuncia y tuvo que salir absuelto. Pero eso no es lo grave, el asunto es que públicamente jamás se ha aclarado, de parte de la fiscalía de justicia, que el delito contra la abogada Blanca Estela sigue impune, porque no han detenido a nadie más. Para acabar pronto, impunidad absoluta que da fe del escenario al que nos enfrentamos.
Pero resulta que Isidro Castrejón fue el asesor legal de quienes fueron aprehendidos el 27 de agosto del 2013 por presuntos responsables materiales del secuestro y asesinato del ex alcalde de Tetecala, Víctor Tapia. El defensor jurídico en ese caso, recordó que tras ser arrestados por policías del Mando Único, fueron llevados a un cerro aledaño a Tetecala, donde los torturaron para sacarles la confesión.
Ante la falta de elementos para inculparlos, les sembraron armas y droga, para posteriormente confirmar la detención de tres personas. Algo que muchos no saben es que el 18 de junio pasado fueron absueltos del delito, pués no se encontraron pruebas que soportaran las acusaciones y quedaron en libertad.
Volvemos a lo mismo, para anunciar que el caso del ex edil se había resuelto, se citó a una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el Secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén, el fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, el comisionado Jesús Alberto Capella Ibarra y hasta una vocera que se tenía en ese entonces para dar a conocer hechos destacados en materia de justicia.
Tampoco se nos ha informado que los presuntamente inculpados no eran responsables y que el asunto sigue vivo, es decir, que seguimos sin saber quiénes fueron los responsables de tal crimen, otro caso de impunidad que exhibe el “modus operandi” de los agentes policiacos, incapaces de ir al fondo de las investigaciones para poder aplicar correctamente la justicia.
Pero aquí hay algo que se tendría que valorar en toda su dimensión, ¿cómo es que se permite a los elementos de policía portar armas y droga para la siembra de evidencias? El sólo hecho de traerla consigo debe ser ya un delito, pero además, ¿quiénes les proporcionan esas sustancias? ¿o acaso se dispone de enervantes para perpetrar todo tipo de perversidades? Y si es así, ¿es del conocimiento del comisionado Capella Ibarra?.
Pero aún más ¿Cuántos de los casos que nos han presentado en ruedas de prensa llevan estas dosis de maldad y no corresponden a la verdad? Los anteriores no son casos menores, serían motivos más que suficientes como para revocarle el mando a más de un funcionario, o en todo caso, ¿ya se procedió legalmente en contra de los elementos que fabricaron esos delincuentes?. De otra manera estaríamos en el entendido que son acciones “apadrinadas” desde los mandos superiores.
Y a consecuencia de todas estas irregularidades, por lo menos el Colegio de Abogados del estado de Morelos, cuyo presidente es Jaime Serna Pérez, pedirá formalmente la semana entrante la destitución del fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, ya que se le considera el principal responsable de la incapacidad que muestra esa institución en la investigación de delitos graves.
No obstante, ya entrados, los abogados también recordaron que hay algunas violaciones constitucionales en nombramientos, como quien sustituyó al ex coordinador del sistema penitenciario estatal, Jesús Valencia Valencia, porque tenía que ser un morelense por nacimiento o con arraigo.
Este tipo de “investigaciones” al vapor es lo que lleva a los jueces a decretar la libertad de muchos que son atrapados sin deber nada, eso provoca desconfianza y enojo social, por eso la bajísima credibilidad en las estructuras gubernamentales.
Bueno, se intentó inculpar a un abogado, Salvador Castrejón, quien contaba con los elementos académicos para combatir los falsos argumentos de sus detractores, pero hay mucha gente que no dispone de esos recursos de defensa, de tal manera que son encarcelados y desprestigiados públicamente sin misericordia, con todas las consecuencias que ello implica, es decir, seguramente la destrucción de una familia.
Por eso es de considerar que el tema que nos ocupa es de suma relevancia, si ese es el tipo de justicia que venimos recibiendo, estamos francamente amolados, urge enderezar el camino, no hay por dónde, se tendría que comenzar por la remoción de los responsables de las instituciones, o sea, Capella y Dorantes, ¿se va a poder?, nosotros consideramos que no.
Se les continúa presentando como los redentores en la impartición de justicia, sin embargo, los testimonios de quienes han sido víctimas de señalamientos injustos se multiplican, mostrando el pobre desempeño de cuerpos policiacos altamente ponderados en exceso. Sin embargo, parece ser ahí donde está la falla, son los procedimientos arcaicos, la insuficiente preparación, los bajos salarios lo que los lleva a cometer todo tipo de violaciones a las garantías, a fin de responder a la exigencia de sus jefes por acelerar la solución de delitos para maquillas cifras y hacer creer al ciudadano que estamos mejor.
Y para cerrar el círculo, que mejor que controlar el flujo informativo, ya los municipios no tienen injerencia en ello, es exclusivamente el Mando Único el que mantiene el monopolio al respecto, en una clara acción de censura a la libre expresión y derecho a informar y ser informado.
Por último señalaremos que en las estructuras de gobierno aún quedan personas eficientes, como Ricardo Martínez Velázquez, auxiliar del Registro Civil de Emiliano Zapata, quien -nos dicen- sí se empeña en cumplir con su trabajo.