Fue el rector Alejandro Vera Jiménez quien rompió el silencio en una breve intervención, en la que expuso nuevamente las razones y motivos que llevaron a la decisión de llamar al pueblo de Morelos a valorar resultados y proponer acciones que nos devuelvan la paz y la armonía con la que soñamos.
Consideró fundamental encontrar vías que lleven a la sociedad a vivir con mejores satisfactores, la desigualdad, marginalidad, injusticia y violencia, sólo exacerban más las acciones delictivas, urge restablecer el estado de derecho y transformar las estructuras del estado para que sea más funcional.
Pero tocó al maestro Javier Oliva Posada, también presidente del patronato universitario, ofrecer los primeros conceptos de lo que se desea para recuperar la esperanza perdida e inició ofreciendo algunas cifras y estadísticas dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) sobre seguridad y delincuencia en el país, incluyendo a nuestro estado.
La verdad es que los datos no nos favorecen, el 64 por ciento de quienes opinaron al respecto considera que vivimos en alto riesgo, es decir es el tema que más preocupa a la sociedad, seguido por el empleo en un 60 por ciento, pero en esencia, una absoluta desconfianza en el desempeño institucional que debe concluir con una autocrítica del régimen de estado en sus diferentes niveles.
Desde luego que el origen del fenómeno delincuencial, diría, es la desigualdad ciudadana, ya que lleva a miles a vivir en el abandono, en un entorno injusto que lleva a la frustración y en seguida a la ira, ya que además la población ve con desánimo los actos de corrupción que agravan todo el panorama y en ese sentido el estado pareciera irse reduciendo a una simple comisaría, por eso es urgente trabajar sobre un nuevo planteamiento.
Luego vino la primera ronda de intervenciones, a cargo de los legisladores federales, es decir senadores y diputados, de los primeros sólo estuvo presente Fidel Demédicis Hidalgo, quien consideró que algunas de las estrategias gubernamentales han mostrado fracaso, comenzando por la designación de responsables en áreas fundamentales como la Comisión de Seguridad Pública o la fiscalía.
Propuso solicitar apoyo al gobierno federal mediante la presencia intensiva del Ejército y la Marina, además de la conformación de una comisión permanente de valoración y seguimiento para constatar resultados. Luego vinieron los diputados Javier Orihuela García, Maricela Velázquez Sánchez, Gisela Mota Ocampo, Luis Miguel Ramírez Romero y un representante de José Francisco Coronato Rodríguez.
Ellos abundaron en argumentos diversos que muestran un debilitamiento institucional en la lucha contra el crimen, hicieron énfasis en que lo fundamental es la participación ciudadana, propusieron la creación de un tribunal de inteligencia y Ramírez Romero consideró que hace falta más humildad oficial y pidió que la UAEM haga un estudio social a profundidad para la elaboración de un proyecto a largo plazo en la materia.
Pero en voz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz refutó la propuesta de pedir a la Federación apoyo en fuerzas armadas. “Eso sólo traerá más violaciones a los derechos humanos, es remediando el origen de la desigualdad y generando oportunidades como transformaremos el ambiente”. Juan Juárez Rivas consideró prudente, someter a revisión la permanencia del fiscal y el comisionado de seguridad.
Beatriz Lemus, a nivel de expresión ciudadana, reclamó de todos los políticos ahí reunidos, ponerse a trabajar y dejar la demagogia, considerando que “todos somos culpables de lo que pasa”. El diputado Javier Orihuela dio lectura a un mensaje que un grupo de delincuencia organizada la envió a una pequeña empresaria, en donde le exige la entrega de 80 mil pesos o sufrirá las consecuencias.
Una familia del municipio de Amacuzac expuso que asesinaron a uno de sus miembros, acaban de secuestrar a su hija, que además está embarazada, y solicitó auxilio para enfrentar el drama.
Luego vinieron los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los partidos en el recinto legislativo local, no asistieron todos, sí los del PRI, PRD y PAN, quienes igualmente abundaron en consideraciones relacionadas con la urgencia de encontrar una solución al problema de la inseguridad por encima de diferencias políticas y partidistas.
Ahí coincidieron Javier Bolaños Aguilar, Juan Ángel Flores Bustamante, Matías Nazario Morales, Héctor Salazar Porcayo, Jorge Schiaffino Isunza, Rosalina Mazari Espín, Juan Carlos Rivera Hernández y Norma Alicia Popoca, dirigente estatal panista; además de académicos y representantes de universidades privadas como el de la UNIVAC, Jorge Arizmendi García.
Más bien se notó cierta ausencia de presidentes municipales y sobre todo de representantes del Poder Ejecutivo, porque el Judicial sí acudió, en voz de algunos magistrados, para ofrecer algunas opiniones en relación a las propuestas para la búsqueda de soluciones en la materia que nos ocupa.
Tocó a Mario Caballero Luna moderar el foro, muy extenso y prolongado porque todo mundo quería mostrar su posición sobre el tema y desde luego que el Auditorio Emiliano Zapata, donde se llevó a cabo la mesa de diálogo, resultó insuficiente para dar cabida a los interesados en el debate de ideas y propuestas.
Se tuvieron que establecer tiempos precisos en las ponencias, pero aún así, aquello se prolongó por horas, hasta entrada la tarde de ayer y al final a consensuar las conclusiones y elaborar un documento para ser presentado ante las autoridades competentes para su análisis y valoración, pero con la promesa de repetir el encuentro en la medida de las necesidades.