No ha pasado nada, incluso uno de los agresores salió bajo fianza, pero el diputado continúa muerto de la risa, cuando todo lleva a considerar que no aguantaría una mínima revisión de algunos de sus actos. Bueno, ese mismo día un grupo de personas insistían en denunciarlo como el responsable del secuestro de una persona. Para tal efecto dialogaron con Matías Nazario Morales, de la comisión de derechos humanos del Congreso.

Por donde se le busque, hay tela de donde cortar, pero aquí lo que se cuestionaría es la falta de valor o voluntad del resto de los legisladores para pedirle que se separe del cargo para que la Procuraduría General de la República esclarezca los señalamientos.

Qué decir del Partido del Trabajo, al que pertenece. La lideresa Tania Valentina ha dicho que no quiere saber nada de él, pero tampoco vemos una intención firme de expulsarlo para quitarle por lo menos el cobijo de esas siglas, y eso pudiera considerarse complicidad.

Ahora se menciona que la Auditoría Superior de Fiscalización, a cargo de Luis Manuel González Velázquez, realizará una auditoría en un plazo de 30 días, tanto en torno al año y medio de la gestión de Noé Reynoso Nava, como a los tres años del desacreditado diputado.

Por lo menos hay la posibilidad de que se aclaren dudas en materia del ejercicio público presupuestal. Pero esa es una cosa; otra muy distinta es indagar todo aquello que tiene que ver con delitos de alto impacto cometidos en agravio de diversos ciudadanos de la región, particularmente de Amacuzac, entre ellos, la muerte del jefe policiaco al inicio del actual trienio.

¿Que el hombre es de armas tomar? No cabe duda, pero tampoco la “representación popular” debe ser impedimento para llamarlo a cuentas si es que hay delitos a perseguir en su contra y en ello los diputados locales tendrían la primera palabra y no están haciendo nada por contribuir a limpiar la imagen del Poder Legislativo, porque su sola presencia es símbolo de impunidad.

Las autoridades estatales deben tener mucha información en torno a dicho personaje. Sería ingenuo pensar lo contrario, sin embargo, ¿Por qué no proceden? El mismo edil Reynoso Nava lo ha acusado de distintos delitos de mucha gravedad, lo hizo delante del Secretario de Gobierno Jorge Messeguer y del Comisionado de Seguridad Pública Jesús Alberto Capella y ¿qué ha pasado? Absolutamente nada.

Lo menos que como ciudadanos podemos pensar sobre el caso, es que este asunto revela el grado de complicidades y perversiones que se tejen en la política, sí por lo menos aquí en la entidad, donde a pesar de tantas evidencias y acusaciones, los que pueden actuar guardan silencio.

                                                                ESPÍN, NO HAY MANERA

Y hablando de pájaros de cuentas, otro que no canta mal las rancheras es el edil de Puente de Ixtla, Julio Espín  Navarrete. Pero todo indica que progresivamente se le viene cayendo el intento de lograr que el Congreso local le autorice solicitar un crédito por 65 millones de pesos.

El alcalde, que gobierna desde Cuernavaca -vive en Alta Vista- anda muy molesto, sobre todo en contra de la diputada local, su paisana Rosalina Mazari Espín, porque piensa que es ella la que le provoca problemas. Sin embargo, el análisis de su cuenta pública presenta tantas irregularidades, que simplemente no se puede permitir que Espín maneje más dinero.

Lo que ese documento refleja es que el señor presidente municipal otorgó préstamos a particulares con base en los dineros públicos, ¿Dónde se ha visto eso? Con ese nivel de desaseo aún insiste en que le permitan conseguir más recursos con el garlito de que sólo de esa manera podrá pagar laudos  laborales vencidos.

La diputada Rosalina seguramente sabe  que el sujeto es un “pájaro de cuentas” al que no se le puede confiar nada y lo menos que debe hacer es tratar de impedir la autorización del Legislativo. Es simple sentido común, además, porque esa presidencia municipal ya no aguanta más endeudamientos. Sería hipotecar cuatro o cinco trienios más y condenar a los habitantes a pagar algo que no se comieron.

Porque además, los 65 millones de pesos se los gastaría él, pero los pagarían siguientes administraciones. Si de tonto no tiene un pelo, va por lo suyo y si se atontan, igual y lo logra, pero con eso de su cuenta pública, pareciera que ya no tiene muchos márgenes de maniobra para presionar.

Su estrategia es ir prometiendo a los diputados que lo apoyen “una pequeña gratificación”, que saldría precisamente de los 65 millones. Desde luego que tampoco va a arriesgar nada, no va a comprar voluntades con dinero suyo, sería a costa del préstamo, finalmente cuatro o cinco millones menos tampoco es mucho, le quedarían 60 para hacer de las suyas.

Recuérdese que se le señala de haber comprado al ex auditor Gerardo Casamata Gómez para que extraviara documentos por más de cinco millones de pesos que efectivamente no se encuentran por ningún lado. Eso ocurrió cuando Espín Navarrete fue edil de Puente de Ixtla por primera ocasión.

Casamata enfrenta una denuncia formal por ese motivo, porque la evidencia fue encontrada en los archivos de la ASF, pero como no existe la prueba oroginal, el alcalde se sabe impune por aquel delito, pero todo eso debe ser suficiente como para que los legisladores tomen la determinación de no facilitarle dinero y evitar cualquier otro acto de deshonestidad, porque para eso es fino el muchacho.