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Radiografia del Poder

Casamata, a proceso Espín, ¿de victimario a víctima?

Ayer, el ex auditor superior de Fiscalización, Gerardo Casamata Gómez, aparecía como uno de los principales protagonistas en los juicios orales, en donde se anticipaba le fijarían una fianza de 250 mil pesos por el proceso que se le sigue tras acusaciones relacionadas con complicidades con algunos de quienes fungían como alcaldes cuando él presidía el organismo arriba mencionado.

Daniel Alcaraz Gómez Daniel Alcaraz Gómez
Jueves, 19 Diciembre
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Es decir, lamentables actos de corrupción, éste, por el presunto extravío deliberado de documentos por más de cinco millones de pesos no comprobados por un ayuntamiento; es decir, el señor se prestaba a cualquier componenda para aprobar sin mayores reservas, las revisiones contables de algunas alcaldías y no creemos que fuera simplemente por bondadoso, aquí había complicidades en el desvío de recursos presupuestales.
Ese es únicamente un caso de muchos, que en su oportunidad, se señalaron; bueno, utilizó el cargo para colocar a su esposa en posiciones importantes, como en el caso de Temixco, cuando gobernaba el hoy diputado federal, Javier Orihuela García. Con algunos ediles entró en compadrazgo a fin de obtener beneficio; sin embargo, hoy tiene que explicar algunos de esos vergonzantes antecedentes.
Sin lugar a dudas que la corrupción en los distintos niveles de Gobierno sigue siendo el gran problema a resolver en el país, el estado y los municipios; Casamata Gómez trabaja en el Congreso local, precisamente con uno de los legisladores que fue edil y que también habría tenido que recurrir al apoyo del ex auditor para poder librar algunos malos manejos financieros en su mandato.
Y el colmo del cinismo es que a pesar de esos antecedentes, sigan ostentando cargos y responsabilidades de “representación popular”, en una muestra contundente de la impunidad y complacencia que hay frente a tales atrocidades.
En cualquier otro país donde se tenga el mínimo respeto por la Ley, el derecho y los valores, esos personajes no tendrían cabida en espacios públicos, sólo aquí, donde se permite todo, porque la Ley se aplica de manera selectiva y frecuentemente “pagan justos por pecadores”.
Pero hay un verdadero enredo que exhibe complicidades por todos lados, o sea, una especie de delincuencia de cuello blanco organizada, porque insistimos, Casamata está laborando en el recinto legislativo, que es la instancia que debiera vigilar el transparente uso de los recursos municipales, sirve a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. En cualquier otra circunstancia, el hombre ya debería haber sido dado de baja por el solo hecho de enfrentar un proceso legal, aquí sigue como si nada.
Y el extravío de documentos los hizo a favor del hoy presidente municipal de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete. El desfalco lo cometió en detrimento del erario de dicho ayuntamiento, pero cuando fue edil la primera ocasión. Algunos diputados recuerdan que los hechos se dieron cuando uno era auditor y el otro presidente de la Mesa Directiva del Congreso, porque acordémonos que Julio fue diputado local.
Un escenario realmente criticable que da fe de la perversión con la que se siguen manejando las instituciones y no parece haber nadie capaz de intentar poner un freno a tanta indecencia, por eso estamos en condiciones desafortunadas, porque la corrupción permea en todos los ámbitos, no se diga el de la justicia.

Espín, ¿de victimario a víctima?
Y el colmo es que el señor se lance con una serie de acusaciones y agresiones verbales en contra de algunos legisladores actuales, que por razones de desaseo, como en el pasado, le rechazaron su propuesta de Ley de Ingresos y Egresos.
Se comporta como si fuera un político pulcro y honesto, cuando hay en su pasado cercano hechos que muestran una absoluta falta de seriedad, responsabilidad y honradez. Quizás muchos recuerden que cuando pidió licencia como diputado local en la legislatura pasada para ir precisamente a buscar la alcaldía de Puente de Ixtla por segunda ocasión, se llevó dos o tres unidades vehiculares, propiedad de la Cámara de Diputados, sin importar el reclamo que se le hizo reiteradamente para que los regresara.
Nunca supimos si los devolvió o no, pero se trató de una acción de abuso imperdonable de quien ahora se dice víctima de quienes sólo cumplen con su trabajo, no permitiendo excesos en la demanda de recursos que cuyo manejo transparente no está garantizado.
Y mire que hasta amenazó con tomar las instalaciones del Poder Legislativo, cosa que jamás va a ocurrir, porque si algo no tiene Julio Espín es liderazgo y poder de convocatoria con el pueblo, así que difícilmente lo apoyarán en esos desplantes.
Todavía muchos siguen sin explicarse cómo fue que ganó por segunda vez la presidencia municipal, después de que en la primera ocasión que fungió como edil, salió del cargo casi por piernas; había grupos que amenazaban con construirle un monumento a la corrupción en el zócalo de su pueblo.
Pero algunas hipótesis llevan a la conclusión de que fue resultado de un acuerdo de apoyo recíproco entre las fuerzas de izquierda, con la corriente política que encabeza la ex dirigente estatal del PRI, Maricela Sánchez Cortés, a la que pertenece Julio. Es decir, ese bloque “priista” trabajó a favor de la izquierda y en contra de su propio partido y recibieron en recompensa la comuna, no hay ninguna otra explicación.
Muchos personajes no tienen partido, sólo intereses; el mismo Espín sirvió a los intereses panistas cuando fue legislador, desde el Congreso armaron un grupo disidente del tricolor que comenzó a trabajar para el Gobierno de Marco Adame Castillo, de ello quedaron muchas muestras públicas. Propiciaron en aquel entonces una serie de estrategias para desestabilizar al grupo parlamentario del PRI, que era mayoría y que nunca logró validar la ventaja numérica precisamente porque algunos de sus miembros se prestaron a todo tipo de acuerdos con el Gobierno en turno, para impedir que esa fuerza política se consolidara.
 

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