Particularmente en este trienio, la mayoría de los ayuntamientos cargan con una serie de conflictos de carácter laboral, porque quienes les antecedieron despidieron cientos de empleados a los que se les negó la liquidación de Ley.

Este asunto es incluso materia de debate público y preocupación del gobernador Marco Adame Castillo, que ha debido aplicar estrategias y realizar gestiones a fin de apoyar a los ediles para que superen esa coyuntura de adversidad financiera.

Y a partir de todo lo anterior, se ha hecho mucho énfasis en que se deben de cumplir a cabalidad las normas laborales, sin embargo, esto no lo comparten algunos integrantes del gabinete. En la Procuraduría General de Justicia, por ejemplo, únicamente por despido injustificado de unos 12 ex funcionarios de esa dependencia, entre subprocurador, directores de área, jefes de departamento, hay en proceso demandas actualmente calculadas en unos cinco millones de pesos.

Los montos son crecientes en la medida que el procurador Pedro Luis Benítez Vélez se resiste a acatar las normas en esa materia, ya que se siguen acumulando salarios caídos, prestaciones y demás derechos de los demandantes.

Es increíble la actitud de algunos "servidores públicos", particularmente en el caso de Pedro Luis, no se puede entender cómo es que destina para su beneficio personal cientos de miles de pesos, sobre todo en lo que se refiere a seguridad, pero no está dispuesto a cubrir lo que en Ley compete a quienes laboraron en la procuraduría por varios años: los puso en la calle debido a una animadversión que tenía contra su antecesor José Francisco Coronato Rodríguez, por lo menos eso es lo que aseguran los afectados.

El hombre trae cerca de una docena de guaruras, autos blindados y todo un equipo de comunicación, además de armas largas en su propio vehículo -que habría que ver si es legal que las porte-, lo cual debe costarnos una fortuna, pero para los demás no hay nada.

Bueno, Saúl Vázquez, uno de los despedidos refiere que "a mí hasta me falsificaron mi renuncia con el propósito de no darme liquidación, aspecto que ya fue aclarado por mi abogado y un elemento claro de que se viene obrando con injusticia.

Explica que "en mi caso, tomando en cuenta mi antigüedad y salario, tenía derecho a una liquidación de poco más de 80 mil pesos, hoy, sumando todas las agravantes, tendrían que pagarme más de 400 mil. En la misma situación se encuentra el resto de los compañeros".

La falsificación de la renuncia la llevó a cabo el coordinador administrativo Enrique Pérez Salazar, sin embargo quienes conocemos el actual manejo de la dependencia, sabemos que es una instrucción de Pedro Luis a través de su secretario particular, Agustín Pedraza.

Los quejosos aseguran que llevan de calle ganados las demandas, "cometieron una serie de errores que facilitan las cosas a nuestros abogados y sólo es cuestión de tiempo para la obtención de los laudos".

Es triste observar actitudes de soberbia y ausencia absoluta de sensibilidad en algunos de los funcionarios de primer nivel, el caso del procurador, sin embargo, es cosa muy aparte, el señor gusta del protagonismo y los reflectores, cuenta con una mala reputación al interior de su propia dependencia, lo menos que se dice es que nadie le merece el saludo y hablar con él para resolver algún problema es imposible, los elementos de seguridad y sus colaboradores de confianza lo tienen cercado.

Pero eso sería lo de menos, hay una clara omisión en el cuidado de los recursos presupuestales y en lo que corresponde a los juicios laborales, de las arcas públicas se van a tener que pagar millones de pesos por desacato, cuando el asunto pudo costar menos de un millón en conjunto.

Desde algunas esferas de gobierno hay mucha crítica a alcaldes que cometieron errores en despidos injustificados, sin embargo, deberían voltear la mirada hacia el interior del gabinete, porque ahí encontrarán vivales que vienen reproduciendo con creces dichas acciones, pisoteando los derechos de los demás.