Mire, nos explicaba la titular de Hacienda de Gobierno del Estado, Adriana Flores Garza, la deuda de 600 millones de pesos contraída desde mediados de la administración municipal persiste, las cosas se dispararon cuando contrajeron otro préstamo. Ahí comenzó el verdadero problema porque fue cuando inició el embargo, si así se le puede llamar, de parte de las participaciones estatales y federales y los recursos disponibles cayeron.
Por eso, con los 50 millones de pesos que el Gobierno Estatal les facilitó, derivados de un adelanto de participaciones del Gobierno Federal por 480 millones, se reestructuró el débito más reciente y eso fue suficiente para poder liberar dos o tres millones de pesos al mes.
Y mire que todo esto ha llevado a algunos críticos a demandar que la reestructuración de la deuda no implique impunidad para quienes provocaron esta debacle financiera en Cuernavaca, entre ellos el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Javier Bolaños Aguilar. Sin embargo, esa es ya otra cosa, difícilmente se podrá llamar a cuentas a los presuntos responsables porque desde el propio Gobierno estatal se estaría intentando que ello no prospere, hay personajes identificados con la administración entrante bastante metidos en todo aquel negocio.
Sólo le diremos que de acuerdo a algunas líneas de información, la entrega de los 50 millones de pesos al alcalde Sánchez Gatica se condicionó a que de ahí le diera ocho millones a un ex funcionario municipal.
Es que las cosas en política se enredan tanto, que si no se cuenta con posibilidades de hurgar muy de fondo en asuntos delicados como éste, nadie llega a sospechar de las complicidades entre grupos, partidos y corrientes. Es como el caso de la nueva red inteligente que habría adquirido el Gobierno saliente de Marco Adame por algo así como 159 millones de pesos, del que se adelantaron 100 millones sin que se contara con las bases del programa.
Acá tampoco se podrá hacer mucho, porque detrás del contrato de proveedores con sede en el Distrito Federal se encuentra un senador actual del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de tal forma que si se decide jalar la cobija para dejar al descubierto a los principales actores, aparecerán políticos de casa y lo mejor será que dejen el asunto como está.
Pero de la manera que sea, el alcalde capitalino está haciendo lo que puede por heredar a Jorge Morales Barud un Ayuntamiento manejable y funcionando, eso se le tendrá que reconocer, porque recibió la comuna en condiciones francamente deplorables y casi al borde de la quiebra.
JAVIER ORIHUELA, EL CONFLICTO
Y hablando de marrullerías políticas y maniobras sucias, resulta que detrás de un conflicto que ha surgido en la colonia Lazaro Cárdenas, entre Temixco y Cuernavaca, donde “vecinos” han establecido un bloqueo contra el acceso del paso de camiones de carga de las empresas constructoras Geo y ARA, se encuentra el diputado local y ex alcalde Javier Orihuela García.
Algunos afectados dijeron al reportero que entre los cabecillas del “movimiento” se encuentra el dirigente perredista Jesús Barona e incluso un funcionario actual de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de nombre Mario.
¿Cuál es el interés? Pues que al fondo, están dos o tres propiedades del ahora legislador que tiene en trato de venta con las empresas constructoras y que mediante esta estrategia intenta obligarlas a ceder.
Las cosas se han puesto serias porque se afecta a miles de pobladores, estudiantes y trabajadores que tienen necesidad de llegar a sus respectivas obligaciones y tienen que dar mucha vuelta. Las empresas ofrecieron incluso un fondo de 600 mil pesos a ser utilizado por los inconformes en obras diversas de su colonia, pero la búsqueda de ellos no es ése, van por otros intereses.
Sin embargo y a pesar de que el diputado ha intentado esconder los verdaderos intereses que trae dentro, lo han ubicado y ahora se buscará resolver el caso con la intervención del gobernador Graco Ramírez, de manera directa con los accionistas centrales de GEO en el Distrito Federal.
Pero a lo que vamos, es que nadie sospecha que detrás de algunos movimientos se encuentra la mano perversa de personajes que han hecho de este tipo de maniobras el “modus vivendi” y mire que no se trata de pesos ni centavos, suelen ser millones de pesos los que se encuentran en juego, de ahí el interés por mover voluntades.
No es correcto afectar a miles de ciudadanos sólo porque se desea llegar a obtener beneficios económicos presumiblemente ilegítimos. Cabe recordar que uno de esos predios es una mina, sitio donde Orihuela, siendo alcalde de Temixco, depositaba la basura ante la inexistencia de un relleno sanitario, contaminando toda el área y también por ello se beneficiaba porque la comuna pagaba por la disposición del lugar. Él mismo se liberaba recursos de la presidencia municipal para pagarse lo correspondiente al basurero.
