Hoy se cumplen 45 días de ejercicio gubernamental de la presente administración y ya llevamos algunas fallas visibles, cada vez toma más fuerza la “visión” social respecto a un Gobierno proclive a la represión, el autoritarismo y hasta la represión, a sólo mes y medio observamos ya “focos rojos” que reflejan decisiones muy cuestionables y que son los primeros dolores de cabeza de un sexenio autodenominado “democrático”.
Podemos referir la lucha por la concreción del proyecto de la termoeléctrica o la ampliación de la autopista La Pera-Oacalco, en ambos casos y por más que en Palacio de Gobierno se diga que la población afectada lo ha aprobado, no hay tal razón, es una “visión” distorsionada y que sólo atiende el interés de una de las partes.
Pero qué decir del conflicto interno en la Secretaría de Movilidad y Transporte o el caso de los custodios despedidos en el sistema carcelario, sin razones en ambos conflictos, los involucrados fueron privados de su libertad –retenidos, si se le quiere restar importancia al hecho-, violando flagrantemente las libertades humanas. ¿No es éste acaso un delito?
Pero independientemente de lo anterior, vemos reiteradas posiciones verticales, actitudes propias de regímenes de cualquier otro origen, menos de la izquierda, eso de “gobernadores progresistas”, en referencia a mandatarios procedentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se nos antoja mucha crema, ateniéndonos a lo que estamos presenciando.
Desde luego que debemos conceder un periodo de gracia para poder empezar a tener resultados, pero el problema no es ése, más bien el hecho de que se nos continúe mostrando una realidad diferente a la de algunos acontecimientos, la presencia de un manejo informativo que choca con la realidad y la temprana aparición de inconformidades por la insensibilidad gubernamental, que fue criticada por muchos de estos actores, frente a autoridades de Gobierno estatal en el pasado.
Ese es el real origen de nuestras observaciones, pero además, seguimos frente a un Jefe del Poder Ejecutivo con un discurso de campaña, expresiones de promesas y compromisos que en algunos casos, ya se han dejado de cumplir, porque no se tomaron en cuenta inconveniencias que nunca faltan.
Nos referimos muy concretamente a la elección de la terna a enviar al Congreso local para que el recinto legislativo nombre a un nuevo procurador y no estamos diciendo que exista un término u obligación constitucional para tal efecto. No, simplemente que se empeñó la palabra en el sentido de que con fecha 15 de noviembre, los tres nombres ya estarían en el Congreso local.
En un principio, se descalificó todo el esfuerzo de la Procuraduría en el pasado, desde luego Mario Vázquez Rojas era uno de los inútiles personajes que jamás debieron llegar ahí, porque eran de lo peor y por lo tanto se aceleraría el proceso para sustituirlo por alguien que sí fuera honesto y entregara resultados.
Hoy, sin embargo, se dice que el señor funcionario es de lo mejor y que lo que pasaba es que no contaba con las condiciones requeridas para trabajar, en menos de una o dos semanas pasó de lo deleznable a lo mejor, tanto que hasta se le pidió que se inscribiera en la larga lista de aspirantes a sustituirse a sí mismo y fue éste quien dijo que por edad ya no podía. ¡Cómo la ve!
Aclaramos que no es obligación constitucional hacerlo, pero se había afirmado que así sería, se dio marcha atrás y en medio de serias contradicciones o verdades a medias, se señala que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) es el culpable de este retraso, simplemente no ha tenido la capacidad para aplicar los exámenes de confianza a los 19 que quieren ocupar el lugar de Vázquez Rojas. ¿Será cierto?, sería interesante que el CISEN diera su versión.
Pero decimos que son informaciones parciales, porque conocemos a inscritos en esa lista que no han sido convocados para ser examinados, a pesar de que públicamente se insiste en que ninguno salió apto para el cargo, concretamente el abogado laboralista Juan Juárez Rivas sigue sosteniendo que todo ha sido una burla, que a él y a otros de sus compañeros abogados ni los pelaron y por decisión superior, ¿será cierto?, no le hallan, quedan fuera de toda posibilidad. Es decir, una selección por dedazo, decidida desde las altas esferas oficiales.
Y en otro asunto, tampoco tuvieron la capacidad para integrar y presentar la propuesta de Ley de Ingresos y Egresos 2013 y se ha solicitado al Congreso local con el garlito de que primero se quiere conocer de qué tamaño puede ser el recurso federal para Morelos antes de conformar el paquete local.
¿De cuándo acá se hace esto?, aquí se calcula lo que el recinto legislativo local puede o debe aprobar para el ejercicio presupuestal del año respectivo y los fondos federales llegan por otras vías, generalmente a través de las delegaciones y se llegan a comprometer fondos por arriba de 30 mil millones de pesos, pero no lograron conformar las necesidades locales y entonces hay que esperar a ver cuándo lo concluyen.
Por cierto, en los primeros días de enero se cumplirán 100 días de Gobierno, a ver qué se entrega a los morelenses, ha sido una constante mostrar resultados a esas alturas, ¿aquí no?, porque en seguridad seguimos mal.