La queja es porque queda claro que al paso de los años, la mayor parte de las unidades colectivas y taxis están acaparadas en unos cuantos empresarios del ramo, a pesar de que el límite es de tres permisos. Sin embargo, pasaron 12 años de gobiernos panistas que llegaron prometiendo desmantelar todas esas aberraciones, pero se fueron dejando todavía más complicadas las cosas.
Al final del sexenio de Lauro Ortega Martínez, precisamente por evidentes vicios al interior del sistema público del transporte, el entonces Gobernador decidió desaparecer el famoso “pulpo camionero”, que estaba dominado por transportistas guerrerenses, intereses del ex mandatario de ese estado sureño, Rubén Figueroa, e impulsó el nacimiento del sistema de rutas.
Los permisos fueron entregados, en buena medida, a quienes eran los choferes de aquellas viejas unidades y la finalidad era también ofrecerles a los trabajadores del volante un patrimonio familiar. Es decir, la intención fue buena, sin embargo, al paso de los años, aquellos que eran choferes fueron adquiriendo poder y fuerza, comenzaron a convertirse en nuevos magnates, utilizando cargos en las directivas de las organizaciones y hoy el problema es tan grave o más que en aquella década de los ochentas.
Siendo justos, sí se necesita desarrollar un trabajo de depuración, previa investigación en esa materia, y desmantelar los monopolios, entregando los permisos a otros empleados del volante que luego de muchos años en el oficio, siguen siendo explotados por los patrones, que además son bastante inmisericordes.
El asunto es que nadie quiere entrarle. Las autoridades le dan muchas vueltas para acabar siempre en brazos de los influyentes concesionarios, porque además, si algo no les gusta, hacen escándalo y presionan para mantener sus intereses intactos, siempre se quejan de nulos ingresos, pero los cabecillas cada vez tienen más rutas y taxis.
Ya ve, tras el aumento a la tarifa simplemente dijeron no dar descuento a estudiantes en la prestación del servicio y lo han cumplido. Las inconformidades se fueron apagando y hoy ya nadie se acuerda, pero las instituciones públicas son parte de toda esa mafia, el incremento tarifario fue ya un pacto entre la administración estatal de Gobierno saliente y la entrante. Esas cosas así se dan, había que satisfacer a los permisionarios, pero el ex gobernador Marco Adame debía cargar con el desgaste, al fin y al cabo ya se iba, para que la naciente gestión no enfrentara tempranamente protestas y señalamientos.
Sin embargo, particularmente en este rubro, priva una serie de irregularidades y abusos, no sólo a los usuarios del servicio, los propios trabajadores del volante son terriblemente menospreciados, no cuentan con prestaciones laborales, apoyos, ni vacaciones, pero las instituciones públicas parecen desconocerlo, nadie hace nada.
SEGURIDAD A LA MUJER
Por otra parte, el Gobierno estatal ha decidido desarrollar todo un esfuerzo en torno a la seguridad de la mujer, preocupa el ambiente que priva en el Estado desde hace buen tiempo, una oleada de crímenes del sector femenino que ha provocado ya reacciones diversas y reclamos porque se aprecia mucha indefensión.
Ayer, en sesión de consejo en la materia, se habló de conjuntar esfuerzos institucionales a fin de ofrecer oportunidades diversas al sector, particularmente en lo relacionado a apoyos para mejorar el ingreso de muchas madres solteras, que a partir de esa condición, están expuestas a una serie de riesgos.
Por cierto, en su intervención, el gobernador Graco Ramírez sólo envió el mensaje en el sentido de que está a favor de que la mujer sea la que decida sobre su propio cuerpo en esto de la maternidad, un tema suficientemente ríspido, que será siempre de controversia y hasta confrontación entre la izquierda y la derecha en este país.
Muy sigilosamente mostró la tendencia de este Gobierno de seguir los pasos del Distrito Federal, en lo que se refiere a la despenalización del aborto, y ello desde luego generará algunas reacciones sustancialmente de parte de las huestes del Partido Acción Nacional (PAN) y del sector eclesiástico, que insiste en el derecho a la vida.
Pero ese es otro cantar, la preocupación gubernamental es porque no han logrado contener una serie de hechos desafortunados en contra de mujeres y ya molestia colectiva por sucesos escandalosos. Decíamos en la entrega anterior, en el reciente pasado había algunas organizaciones de denuncia y en defensa de las féminas, pero buena parte de esas estructuras acabaron siendo absorbidas por el nuevo Gobierno y se acabaron los reclamos.
No obstante, algo se tiene que hacer, pero no únicamente en función de la delincuencia contra las mujeres, en todos los sentidos andamos mal y, por lo visto, sólo se podrá mejorar estructuralmente la estrategia anti crimen, hasta el año entrante, con mayores recursos y presupuesto. Por ahora la vemos muy difícil, porque además se continúa “trabajando” con proyectos y programas heredados, los mismos cuerpos policiacos íntegramente, los que dejó el Gobierno de Marco Adame Castillo, deberán modificarse y mejorarse métodos y sistemas si se quiere comenzar a obtener mejores resultados.
Pero la sociedad no espera, tampoco concede tregua, comienza a exigir mayor efectividad, porque ciertamente no hay mucho de qué presumir. Morelos sigue siendo una de las entidades de la República con mayores índices de violencia y eso tenemos que cambiarlo por el bien de todos.
