Algunos servidores públicos que llegaron con las mejores intenciones de dar lo mejor de sí, optaron por la renuncia ante la imposibilidad de poder hacer algo bueno, tienen un alto grado de identidad con lo que ocurre hoy en la mayor parte de las secretarías de despacho de Gobierno del Estado, pero las principales cabezas obedecen a intereses que muy poco tienen que ver con un proyecto de Gobierno, ya que han llegado como producto de un acuerdo o pacto político con determinadas corrientes o grupos de poder.
Un ejemplo más o menos claro es lo que se observa en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), cuya titular, Patricia Izquierdo, deriva de la corriente del senador perredista Rabindranath Salazar Solorio, pero en el área de caminos, los responsables son gente identificada con el ex secretario Demetrio Román Isidoro y hay dos o tres más “recomendados” por el también ex titular de esa secretaría y actual diputado federal Francisco Rodríguez Montero.
Cabe agregar que ahí mismo, en posiciones estratégicas para el desarrollo de negocios, si así se quiere, están ubicadas dos piezas del ajedrez, Sergio Arturo Beltrán en normatividad y Jorge Sámano, director de proyectos.
Sin embargo, los intereses políticos y económicos encontrados han comenzado a provocar problemas y conflictos internos, todos quieren en primera instancia ser generales, pero fundamentalmente apoderarse de los espacios más redituables, porque no pocos están viendo esto como un extraordinario negocio al mediano y largo plazo.
Bueno, hay secretarios de despacho que ya están pensando “tirar la toalla” a pesar de que todavía no toman conciencia plena de la responsabilidad que les espera. Uno de ellos comentó que ya lo platicó con su familia y ésta le pidió que aguantara un poco más, pero el señor ya no puede con las presiones, por la presencia de grupos muy disímbolos que además no atienden a razonamientos de orden institucional.
Pero el comentario de algunos burócratas y funcionarios de mediana estatura, que son realmente los que trabajan y hacen posible el funcionamiento institucional, va en el sentido de que los recién llegados en buena parte no tienen ni idea respecto a la operatividad de programas y políticas de Gobierno.
La gran mayoría llegó para aprender, pero esto les llevará algún tiempo y mientras esto acontece, son los ciudadanos, proveedores y prestadores de servicios a la administración pública, quienes tienen que tener paciencia para esperar hasta que las nuevas autoridades puedan empezar a funcionar cabalmente.
Sí hay gente con mucha experiencia y conocimiento en sus respectivas competencias, la titular de Finanzas y Planeación Adriana Flores Garza es una de ellas, manejó muy bien el SAT durante unos años en Morelos y tiene cerca a otro personaje muy metido en esto de los números, Jorge Michel Luna, así que ahí no hay problema. Pero en la mayoría del resto de las dependencias, las cosas están como para llorar.
Pero además, como decíamos al principio, en buena parte de las secretarías los cargos más relevantes están distribuidos de acuerdo a cotos de poder, a pago de facturas y compromisos de campaña y no siempre se cumple con los perfiles profesionales para el buen desempeño. Pero además, cuando ello tiene este origen, los agraciados se consideran dueños de las posiciones y no respetan instrucciones superiores.
Pero también por insuficiencia de capital humano apropiado, en buen número de directores de área, coordinadores y demás funcionarios de bajo nivel, pero mucha responsabilidad, corresponden a estructuras del sexenio anterior y se entiende que están en proceso de ser relevados. Ellos ya no hacen mucho esfuerzo por cumplir cabalmente con sus tareas, porque saben que de un momento a otro quedarán fuera.
Claro, tampoco lo anterior es nuevo, se trata de dificultades muy comunes de un inicio de Gobierno, el propio Jefe del Poder Ejecutivo tiene que llevarse un buen rato para poder asumir cabalmente el control de su administración y eso lo decía alguien con sobrada experiencia, Lauro Ortega Martínez.
Consideraba que cuando se ha contado con una carrera política completa antes de llegar a gobernar un estado, se necesitan por lo menos seis meses a fin de tener un alcance real de todo lo que pasa en el Gobierno, pero igualmente decía que hay quienes requieren hasta de un año, aunque eso es ya exagerado.
No obstante, en el caso muy particular de Morelos, también se presenta otro inconveniente, se llega cuando el año toca a su fin, los recursos presupuestales ya han sido comprometidos y amarrados a proyectos y obras, y no hay mucho margen para poner en práctica proyectos propios. Hay que esperar a manejar una Ley de Ingresos y Egresos propia hasta el año entrante, es decir el 2013.
Mientras hay que ir sorteando reclamos y necesidades que suelen acumularse a final de un sexenio y en el caso nuestro un ambiente bastante adverso en cuestiones de seguridad y justicia que ponen a prueba la solidez de las instituciones y son motivo de enojo y molestia ciudadana, que es víctima de las incapacidades oficiales.
