El propio fundador Baltasar Garzón presidió el evento con el gobernador Graco Ramírez y coadyuvará decididamente en la materia, porque el señor ha sido un luchador social destacado, diríase ahí, fue el juez que llevó finalmente a dictadores de la talla de Pinochet en Chile ante la justicia, para sentenciarlo por sus crímenes de lesa humanidad que cometió cuando ya se daba por descontado que ello ocurriera.
¿Qué queremos decir con esto?, que el señor estaría “apadrinando” un proyecto que busca generar una serie de normas que intentan acabar con toda una historia de atrocidades e injusticias de parte de las propias instituciones e incluso, llegando un poco más allá, a la reparación del daño a las víctimas, algo hasta hoy, considerado casi imposible.
¿Será posible?, por lo menos en teoría esa debería ser la norma, aquel que es agraviado en sus derechos, ya sean físicos o económicos, debería contar con un resarcimiento, sobre todo de parte de los responsables de provocarlo, pero durante nuestra existencia en buena medida, las propias autoridades han sido las culpables de que ello no se dé, por las complicidades con los mismos delincuentes.
Teóricamente suena ideal, el compromiso del gobernador en turno es disponer de un fondo especial a partir del próximo año para poder hacerle frente a esta oferta que reiteramos, deberá venir ya en el contenido de la propia Ley General de Víctimas cuya propuesta, una vez elaborada, se enviará el recinto legislativo para su análisis, revisión y posible aprobación.
El evento en sí fue algo distinto a lo que estábamos acostumbrados, la mayor parte de quienes participaron (incluso padres de víctimas de la delincuencia, como en el caso de Carlos Esteba, que se quejó de nula investigación tras el asesinato de su hijo) fueron personajes que durante el Gobierno anterior aparecían como opositores al propio sistema.
Javier Sicilia, quien luego de haber perdido a su hijo en una ejecución múltiple aquí en el estado, impulsó el movimiento de la Red por la Paz y la Justicia, y también estuvo representado, así como otras organizaciones no gubernamentales. Es decir, en su momento parecía que estábamos en una reunión de opositores al régimen de estado, pero no, eran invitados a contribuir también en la elaboración de la nueva ley y a partir de ahí, tendremos que considerar que necesariamente se trabajará sobre algo distinto.
Y es que para comenzar a entender este cambio en la manera de ejercer la actividad política un tanto distinta y hasta en sentido opuesto a lo que estábamos acostumbrados, tenemos que partir de que es un Gobierno surgido de la oposición, tanto al panismo como al priismo y no sólo eso, como recién está iniciando, no tiene saldos negativos, aunque tampoco positivos, a pesar de que se insista en que sí.
Todas las injusticias que en estos años recientes hemos atestiguado en la entidad, relacionadas con la impunidad, corrupción, florecimiento del crimen, omisión y lo que se le pueda agregar, se cometieron bajo el cobijo de un sistema gubernamental diferente, e incluso, la absoluta mayoría de los agredidos, al sentirse ignorados por la acción de la justicia, acabaron buscando refugio en la oposición a esos gobiernos, la más visible es la izquierda, porque priistas y panistas han mantenido actitudes más o menos semejantes en el “combate” a la delincuencia.
Bueno, Miguel Ángel Rosete Flores, que lleva la defensa jurídica de dos o tres asesinatos y ha estado en Plaza de Armas mostrando la impotencia por la ausencia total de voluntad del Gobierno para dar con los criminales, acudió al encuentro, así que el escenario parecía medio extraño, sin embargo, insistimos, esta administración aún no le debe nada a nadie y lo que más requiere es tomar distancia de quienes a juicio de los quejosos, obraron mal.
Incluso se elaborará un texto con el nombre completo de todos los caídos en esta “guerra sin sentido”, diría el propio Graco, desde luego con datos adicionales respecto a los antecedentes de los desafortunados hechos, como un historial para que nunca más vuelva a ocurrir.
Insistimos, teóricamente se nos antoja ideal eso de la reparación de daños, sin embargo va a requerir de un fondo financiero, y este se solicitará, aunque deberán ser los responsables de los delitos quienes paguen las consecuencias en todos los sentidos, a fin de que tengan un escarmiento y quizás ello inhiba en lo sucesivo al comisión de otro delito similar.
Y que ahora sí se echará mano de la ley de extinción de dominio a fin de que todos aquellos bienes inmuebles incautados a la delincuencia sean destinados a actividades culturales, deportivas, de infraestructura de combate al propio delito y en general, al uso del bien común, también como un resarcimiento.
Todo nos parece bien, únicamente hay que esperar resultados concretos y en lo que no estuvimos de acuerdo, es que se le mantendrá el protocolo de seguridad al ex gobernador con recursos del pueblo, a pesar de que el Congreso local, por absoluta mayoría de votos decidió revisarlo y en la medida de lo posible, cancelarlo; sin embargo, esta última sería ya decisión del Poder Ejecutivo. Lo hemos dicho, hay acuerdos con el ex mandatario que no se van a romper tan fácil, este es uno de ellos.
