Todavía no tomaba cargo y ya comenzaba a descalificar el esfuerzo de sus antecesores, de cuyas estructuras formó parte; el asunto es que una vez instalada en la Secretaría, las cosas tampoco le han salido bien, insiste en un trabajo coordinado con el resto de las fuerzas del orden público, tanto a nivel local como federal, pero que como antes, no es suficiente para recuperar el orden.

Pero tanto en la SSP como en la Procuraduría, lo primero que deberían hacer es poner orden en la casa, las referencias que tenemos respecto al manejo interno únicamente muestran una descomposición que va mucho más lejos de lo que los nuevos servidores públicos están mostrando ante la opinión pública.

En especial, la Procuraduría es objeto de un absoluto descontrol en el manejo de los recursos públicos y del equipo de trabajo, el parque vehicular es usado por debajo de sus posibilidades y son los comandantes de grupo quienes desvían los insuficientes viáticos con los que se cuentan para desarrollar las actividades diarias en materia de prevención y persecución del delito.

Bueno, un ex escolta del procurador comentó al reportero que su jefe de escoltas capitaliza buena parte de los recursos y unidades asignados para sus tareas, tiene dos autos para su uso personal, pero otros dos los tienen sus hijos; independientemente de ello, los vales de gasolina que reciben semanalmente a fin de mover todas las unidades, se los queda él.

En el resto de las corporaciones, ya lo decíamos, cada grupo tiene asignados cinco automotores, reciben mil pesos por cada uno para gastos y viáticos de lunes a viernes, el comandante o jefe se queda con el dinero, sólo utilizan dos o tres autos a fin de no gastar, pero lo reportan como en uso, independientemente de ello, los fines de semana reciben otros 500 pesos por unidad, que igual, los dejan para su gasto personal.

No hay una buena supervisión, los mandos superiores desconocen en buena parte qué es lo que ocurre al interior, este desconocimiento es capitalizado por viejos elementos que saben muy bien cómo manejarse y beneficiarse, provocando una nula movilidad de los bienes y equipos de esas dependencias.

Por eso es que en la vía pública, la presencia de la Policía es efímera, independientemente de cientos de agentes que están en calidad de “comisionados” a tareas de vigilancia, ya sea de funcionarios, ex funcionarios o negocios particulares de influyentes que obtienen beneficios ilegales a través de contactos en Gobierno.

Si a lo anterior sumamos las declaraciones de Vázquez Luna en el sentido de que más del 60 por ciento de los elementos policíacos no cumplen con los perfiles para desempeñar su cargo, entonces acabamos con unos cuantos policías cuidando al estado, porque hablamos de la Preventiva estatal, esto es desolador.

El caso es que ahí está el nivel de declaraciones, pero ¿cuándo comienza el proceso de certificación y alta de elementos para poder garantizar que los pocos que andan en servicio no están conectados con la delincuencia?

Claro, es un tema bastante delicado, no es privativo de Morelos, lo vemos en todo el país y desde luego, el resto de las entidades federativas, igual o incluso peor, sin embargo, a nosotros nos interesa lo que pase en este territorio y el compromiso ha sido acabar con esta desgracia para cientos o miles de familias, que a lo largo de tres o cuatro años, han sufrido pérdidas de seres queridos a manos de la delincuencia organizada.

Lo hemos reiterado, en el sexenio anterior, cientos de millones de pesos fueron a parar a supuestos programas de combate y prevención del delito, fue el rubro que más creció en presupuesto, pero el Gobierno terminó con circunstancias más adversas que al principio, estamos a dos semanas de haber arrancado este Gobierno, el número de decesos rebasa los dos por día, esto simplemente no es aceptable, los ciudadanos exigimos cabal cumplimiento a las responsabilidades de los “servidores públicos”, las declaraciones alegres y los números disfrazados no nos ayudan en nada, queremos paz y armonía para poder cumplir con la parte que nos toca.

Pero a nombre de la prevención, persecución y sanción del delito, se distraen muchos millones de pesos que dejan de ser invertidos en necesidades y servicios fundamentales de los ciudadanos, la cosa es que tampoco muestran beneficio alguno, es dinero perdido o tirado a la basura y lo seguirá siendo mientras esto no mejore.

No obstante, reiteramos que al interior de esas mismas instituciones, desde los primeros niveles de mando, se pervierte el esfuerzo y se comercializa la impartición de justicia, ¿cómo creer en las dependencias oficiales, si por lo menos hasta hoy, lo que han hecho y siguen haciendo es decepcionante?, somos nosotros los ciudadanos los que reclamamos nuestros derechos y el respeto a nuestras garantías individuales y colectivas.

Hay un vacío de poder institucional, una incapacidad manifiesta para poder hacer valer el estado de derecho, no podemos continuar así por otros años más, la misma economía se viene colapsando, porque comerciantes, empresarios, campesinos, y más, son víctimas de la maldad.