Aquí en Morelos las cosas no son diferentes, más aún, el penal de Atlacholoaya se encuentra entre los más de 20 en el país, donde las mafias hacen de las suyas, con la omisión de las autoridades respectivas, que han venido permitiéndolo todo, lo cual presume graves índices de corrupción.
Angélica San Vicente, subsecretaria de Inserción Social habla de la implementación de un nuevo sistema penitenciario, mediante la puesta en marcha de esquemas más eficientes en seguridad, derechos humanos, talleres de concientización y diversas medidas que modificarían el comportamiento de la población encarcelada.
Pero la funcionaria aceptó la existencia de mafias e incluso cárteles de la droga operando en su interior, sobre ello respondió que “los reclusorios son un reflejo de lo que ocurre afuera, en la calle, si en el exterior hay delincuencia organizada, también dentro”, y en relación a la insistencia de un auto gobierno en Atlacholoaya, dijo que “no es nada nuevo, y a nadie espanta, pero ya trabajamos para quitarles el dominio y en general, para desarticular puntos oscuros”.
Es decir, en efecto hay grupos de delincuentes que como se afirma a nivel nacional, trabajan desde los penales y a partir de ahí planean secuestros, asesinatos, golpes de toda naturaleza, porque cuentan con redes amplias que son las que concretan las fechorías.
Y bueno, eso del auto gobierno es real, lo único interesante que apreciamos es que por fin un funcionario lo acepte, porque la posición oficial ha sido siempre de negarlo. Es muy penoso lo que acontece en los penales, porque continúan siendo universidades del crimen, sitios en donde el consumo de drogas y de bebidas alcohólicas, representan un jugoso negocio para las autoridades.
Se acumulan pendientes en justicia
Y en materia de justicia y seguridad, Casa de Morelos, antes Palacio de Gobierno, sigue siendo muestra de la incapacidad recurrente de quienes están al frente de las instituciones competentes en esa materia; para vergüenza nacional, continúa montada ahí una exposición que refleja la impunidad, inmoralidad, corrupción de autoridades y funcionarios de todos los niveles, desde la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública hasta el poder Judicial.
Placas en los pilares del edificio gubernamental con nombres de jóvenes víctimas del crimen organizado son señal inequívoca de que vivimos como sociedad en la indefensión, esto por incumplimiento al deber de parte de los “servidores públicos”, que llegan con las uñas largas y ausencia de vocación de servicio.
Claro, son pendientes del Gobierno anterior, pero cuyos familiares o dolientes de los caídos tratan ahora de ver que efectivamente nos encontramos en una nueva etapa, una administración que promete cambiar las cosas y únicamente los hechos podrán modificar la percepción colectiva, porque de discursos alegres y fantasiosos ya estamos cansados.
Una ofrenda a decenas de asesinatos impide abrir algunas rejas de Casa de Morelos, lleva ahí ya más de un año, ayer algunos deudos de sacrificados acudieron para advertir que no permitirán el retiro de tal escenario mientras no se demuestre que se actuará con todo el peso de la ley contra los culpables; Miguel Ángel Rosete Flores, quien asesora a algunos padres afectados por el dolor de perder a sus hijos, hizo presencia para continuar exigiendo justicia, sin embargo, la actitud de desprecio pareciera que va a continuar.
Jiutepec en bancarrota
En otro tema, también quienes llegaron a la sede oficial de Gobierno ayer, en Plaza de Armas, fueron unos 30 ayudantes de igual número de colonias de Jiutepec, quienes acusaron al presidente municipal, Miguel Ángel Rabadán Calderón de haber hecho “perdidizos” más de 30 millones de pesos que debieron aplicarse a la construcción de obras diversas, como pavimentaciones, drenajes, muros de contención, redes de agua o alumbrado y que no están por ningún lado.
Se reunieron con el director de Gobierno, Fernando Celerino Pacheco Godínez, a quien señalaron que el alcalde se excusa en que no tiene dinero ni para pagar salarios o servicios de la comuna, sin embargo, se trata de fondos ya etiquetados provenientes de programas como el Ramo 33 y que no tenían por qué gastarse en otra cosa.
Y a quien le echaron la bolita fue a la actual titular de la Secretaría de Obras del estado, Patricia Izquierdo, porque recordaron que ella era la titular de esta misma dependencia a nivel municipal con Rabadán, cuando se hicieron las solicitudes, que se las entregaron en noviembre del año anterior; cabe destacar que ella se separó de aquel cargo en febrero, así que debe saber qué pasó con tanto dinero.
Esto no es asunto fácil, desviar recursos de la federación lleva a enfrentar procesos muy delicados, porque las dependencias federales no se andan con miramientos ni arreglos bajo el agua, quien la deba la tiene que pagar y todo indica que el alcalde de Jiutepec deberá ser llamado a cuentas. Mientras tanto, Pacheco Godínez se comprometió a dar seguimiento al asunto, incluso con la posibilidad de conseguirles una audiencia directamente con el gobernador Graco Ramírez. Habrá que ver cuál es la posición, porque Miguel Ángel también viene del PRD, ojalá que no veamos el primer caso de encubrimiento.
