En buena parte de los casos, por negocio o intereses diversos, se permiten construcciones en espacios inapropiados, incluso a costa de los recursos naturales que ya comienzan a ser escasos; en ese contexto recordamos la lucha que los 13 pueblos de la zona sur de Morelos encabezaron en contra de la ocupación de tierras de cultivo para la construcción de una unidad habitacional, misma que al final lograron se cancelara.

Debieron enfrentar la fuerza del estado, pero con cierta unidad, consiguieron sus objetivos, a pesar de que al paso del tiempo aquel frente de lucha se diluyó por causas diversas y la avanzada de la mancha urbana ha seguido su curso sin mayores contratiempos.

No obstante, eran dependencias del Gobierno estatal las que habían convenido conjuntamente con el municipio de Emiliano Zapata autorizar sendos proyectos. Es decir, lejos de cumplir con su responsabilidad de orientar el crecimiento urbano bajo esquemas legales, violentando las normas provocaron la reacción popular que se levantó en masa.

Al paso de los meses, aprovechando un desajuste en la representación de la ayudantía de Alpuyeca, igualmente empujada por la autoridad estatal, se instaló a 300 familias en igual número de lotes del grupo conocido como Antorcha Campesina, sin haber consultado a la población.

Aquello, como era de esperarse, provocó también la respuesta de cientos de lugareños que reclamaron la salida de los recién llegados, haciendo hincapié en que socialmente era inaceptable porque esa comunidad presenta graves deficiencias en el abastecimiento de agua potable, por ejemplo el vital líquido llega una vez por semana y se tiene que disponer de depósitos de almacenamiento para poder subsistir el resto de los días.

El secretario de Gobierno de la época firmó acuerdos en los que se aceptaba reubicar a los antorchistas, cosa que nunca se cumplió, luego de años de controversia y luchas entre habitantes del pueblo y autoridades de Gobierno estatal, a diferencia de lo que ocurrió con los 13 pueblos, aquí quienes encabezaban la resistencia, entre ellos el ex ayudante municipal Juan Orañegui, cayeron en la tentación, cuando a través de la Subsecretaría de Gobierno se les ofreció la entrega de cerca de 400 lotes de 200 metros.

Un funcionario de la dependencia antes citada dijo al reportero: “en efecto, se propuso darles esos terrenos bajo dos condiciones, primero, que se repartieran entre familias realmente necesitadas y segundo, que dejaran en paz a los antorchistas”, cosa que efectivamente sucedió, porque dejaron de movilizarse.

No obstante, ha comenzado a florecer otra inconformidad interna, porque los negociadores manejaron muy discretamente el negocio, no llevaron a asamblea popular el acuerdo y tampoco distribuyeron los lotes de manera correcta. Quienes encabezaban la protesta se quedaron con las mayores superficies, es decir acabó en negocio de familia.

La mayor parte de la población considera lo anterior una traición porque la posición irreductible sigue siendo en el sentido de que ese grupo de antorchistas salga del lugar y que el espacio se dedique a una escuela preparatoria o un hospital, pero el Gobierno logró desvanecer la resistencia mediante la compra de conciencias.

Ya incluso autorizó la perforación de un pozo para la extracción de agua potable, introdujo la red eléctrica, asignó maestros para abrir una escuela primaria y también avaló el ingreso del servicio público del transporte mediante la Ruta Tres hasta el interior de ese asentamiento urbano irregular.

¿Cómo podremos como sociedad mejorar nuestras condiciones de vida con este tipo de componendas alimentadas por aquellos, que se supone, están para velar por nuestros intereses? Claro, tampoco se desconoce que siempre habrá complicidades de quienes aprovechan estos conflictos para, a nombre del pueblo, beneficiarse, como es el caso, pero los primeros obligados a cuidar que se cumpla la norma urbana son los funcionarios de la administración pública estatal y de los ayuntamientos.

Aquí como en buena parte de los pueblos de Morelos, los espacios de cultivo y las reservas territoriales han venido siendo masacradas inmisericordemente, las comunidades pierden identidad y valores culturales porque acaban siendo extraños en su propia tierra, los avecindados y hasta invasores se multiplican mientras las instancias oficiales competentes se mantienen omisas y en complicidad.

Morelos en general ha crecido de manera alarmante, pero los mejores espacios se han reservado para la edificación de residencias de fin de semana orientadas a compradores de posición económica media alta pero del Distrito Federal u otros estados. Los morelenses estamos siendo marginados del desarrollo y por el contrario, particularmente los fines de semana, las carreteras se congestionan por el arribo de miles de finsemaneros que toman a la entidad como descanso y disfrutar, ellos sí, de servicios de calidad porque seguramente pagan más por ello.

Para acabar pronto, no hemos sido capaces de defender lo nuestro y si nos descuidamos, terminaremos siendo expulsados de lo que nos pertenece, aunque en ello va la traición de lugareños que negocian a espaldas del pueblo con gobiernos que violentan las reglas establecidas.