La cosa es que a juicio de algunos funcionarios, no está correcto que aún sin facultades, figuras ligadas a la entrante gestión vienen reuniéndose con concesionarios del servicio público del transporte, se dijo que ayer Jorge Messeguer Guillén, quien encabeza la comisión de entrega-recepción nombrada por el mandatario electo Graco Ramírez, dialogó con permisionarios en Villa Bejar. Eso fue lo que se criticó en la sede gubernamental del Centro Histórico.
El argumento va en el sentido de que si algo no sale bien en la búsqueda de acuerdos con los transportistas, la administración saliente no se hará responsable, porque aducen que todavía son quienes gobiernan la entidad y no hay razones para que los entrantes intervengan.
Será el sereno, el caso es que ese conflicto comienza a presentar polarización entre grupos afines y aquellos que se oponen y buscan la defensa de los intereses colectivos en los intentos de los empresarios del ramo por incrementar hasta en un 80 por ciento el costo de las tarifas mínimas.
El ex legislador local perredista Gabriel Rivas Ríos estuvo encabezando un movimiento que reclama la congelación de precios en el servicio referido y parece que vienen acompañados por contingentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y empleados de Teléfonos de México (Telmex), además de representantes de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que hace rato tienen un módulo de información en contra de las nuevas tarifas reclamadas.
Llama la atención la presencia de Rivas Ríos, él no deja de ser un elemento de izquierda, ligado al perredismo, lo que lleva a pensar que pudiera ser una estrategia y avanzada del Gobierno entrante para ir generando un equilibrio y obligar a los transportistas a suavizar sus pretensiones, porque en efecto, son muy altas.
Imagínese que se les aceptaran sus exigencias, sería tanto como pagar una parada mínima por arriba de los siete pesos, entonces a cualquier familia con sólo dos hijos en la escuela no le alcanzaría un salario mínimo para cubrir ese servicio, sería un golpe mortal a la economía popular y francamente no se puede aceptar.
Pero también tendremos que admitir que hace ya varios años que se mantiene esa tarifa actual de 5.5 pesos por persona como parada mínima, fue sin duda muy alta en un inicio, a la fecha se antoja apenas adecuada, porque en diversos estados de la república es más o menos lo que el usuario paga al interior de las zonas urbanas.
Bajo las condiciones económicas vigentes, elevar el costo a seis pesos sería ya bastante pesado, sin embargo, pudiera admitirse, pero no más, porque entonces vendrían las reacciones colectivas en contra de autoridades que finalmente son las que aprueban o desaprueban, de ahí que reiteremos, estamos ante un problema nada fácil de solventar.
Ahora bien, cuando hay voluntad de la autoridad, es común que se llegue a algún convenio, mediante el cual las instituciones de Gobierno competentes apoyen a los permisionarios con refacciones, créditos y otros insumos para sus unidades a cambio de no sacrificar al pueblo, pero el Gobierno saliente ya no puede hacer eso, está cerrando operaciones. El que viene arranca el primero de octubre, falta más de mes y medio, no puede hacer nada, después de esa fecha requerirá de ayuda federal que no se dará porque también viene la transición a esos niveles, por ahora no hay para donde hacerse.
PLAZA DE ARMAS, UNA ROMERÍA
Y como lo hemos venido diciendo, ya el Centro Histórico capitalino se convirtió en una auténtica romería, la plaza Emiliano Zapata, antes de Armas, no alcanza para dar cabida a todo tipo de manifestaciones, por tercer día consecutivo Palacio de Gobierno fue bloqueado en sus dos accesos por maestros jubilados y pensionados que insisten en el pago de su prima de antigüedad.
Toda la mañana fue imposible intentar entrar o salir, quienes pagan los platos rotos son aquellos que tienen que realizar algún trámite oficial y los burócratas, que son privados de su libertad por varias horas, porque los funcionarios cómodamente se ausentan o buscan un espacio alterno donde despachan y santo remedio. Amolados los pobres empleados que pagan las consecuencias de todo este escenario de descomposición.
Pero además de las expresiones magisteriales, estuvieron, como decíamos, grupos en contra del alza en transporte y estudiantes de la UAEM, además de que igualmente observamos un contingente de personas que portaban pancartas en contra del ayuntamiento de Cuernavaca.
Para acabar pronto, ya no se sabe con certidumbre quién es quién en este complejo terminar del sexenio, ni la comisión de entrega-recepción de la administración entrante pudo acceder para cumplir con algún encuentro de rutina con la contraparte.
En estas circunstancias, ya se imagina usted, todo está paralizado, ya en cuestiones de reclamo social, nadie da soluciones y son los custodios de Palacio quienes deben tomar algunas determinaciones como Dios les da a entender, porque con los accesos bloqueados no hay funcionarios con capacidad de decisión en todo el edificio. Ciertamente que es lamentable, pero cierto.
