Se viene diciendo que hay dos grupos delictivos bastante agresivos que ya penetraron los límites de estados vecinos y operan aquí, uno procedería de la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, el otro es de Guerrero y son los que están cometiendo muchas fechorías. Habrá que ver cómo funciona el operativo, no es nada fácil, lo que siguen diciendo los analistas en la materia es que la lucha contra el delito, emprendido desde la presidencia de la república no estaba mal, pero nunca se trabajó sobre un diagnóstico que dimensionara el alcance y fortaleza de los malos a fin de medir sus fuerzas y atacar con precisión. Así no tuvo caso, sólo se agitó al avispero y ahora las cosas están peor que antaño. Y lo decía un legislador local, era necesario saber que armas portaban, cuántos eran, donde estaban, pero esto no se dio y entonces, los resultados ahí los tenemos, una incapacidad manifiesta de las instituciones competentes en el rubro para poder siquiera oponer resistencia a tanta inseguridad. Para el candidato de la coalición Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM), Nueva Alianza (PNA), Amado Orihuela Trejo, se actúa a destiempo, cuando ya la administración federal y local están en vísperas de dejar sus respectivos mandatos, esto tenía que haberse practicado desde que las cosas se pusieron difíciles.
Bueno, si por lo menos a partir del asesinato de Arturo Beltrán Leyva que fue el suceso que detonó el índice de criminalidad en Morelos, pero el argumento fue siempre que “estamos mal, pero hay estados que andan peor” y esa no era ninguna consolación. Por lo pronto en el Congreso del estado se pusieron las pilas y están por fin sacando algunas leyes y reformas que tienen que ver con el aspecto de seguridad, prevención e impartición de justicia, están aprobando la Ley de Participación Ciudadana y también la de la policía con mando único, algo que hace meses tenían guardado en sus cajones. Lo que igualmente se manifiesta es que el famoso C-4 y las denuncias vía el 066 son disfuncionales, porque hay que triangular, es decir, si alguien denunciaba un delito a través de este mecanismo desde cualquier punto del estado, de aquí a que la información llegaba a la parte municipal competente para actuar, ya había transcurrido cerca de una hora, desde luego que es imposible detener a los maleantes.
Lo que se viene proponiendo es que ese servicio se regionalice y en lugar de que su queja o denuncia venga al C-4 y baje después a la demarcación respectiva, se haga de manera directa, así se reducen tiempos de respuesta, se nos antoja algo lógico. Pero ¿Qué es lo que finalmente ha obligado a las instancias respectivas a aceptar pedir el Morelos seguro?, entre otras cosas, es una ola de secuestros, extorsiones y levantones en toda la parte sur poniente y oriente de la entidad.
Se menciona que en Cuautla y otros municipios de la parte sur se informó que ya han empezado a pagar la cuota de seguridad a integrantes de diversas bandas del delito organizado, los empresarios comenzaron a levantar la voz y a cuestionar la posición oficial en el sentido de que “aquí no pasa nada”, la canoa comenzó a hacer agua y ya fue imposible controlar la información de tan graves acontecimientos. Algunos legisladores sostuvieron un encuentro con integrantes de la iniciativa privada y ahí afloraron los sentimientos de impotencia por todo lo que les viene ocurriendo, pusieron sobre la mesa asuntos bastante preocupantes que daban fe de lo delicado del momento.
No a la seguridad a ex funcionarios
Particularmente los dueños de inversiones y negocios pidieron al Poder Legislativo no aprobar ni por error eso de un fondo para ofrecer seguridad, aún después de estar fuera de sus cargos públicos por estimar que no es procedente.
El diputado que confió al reportero parte de la conversación con ellos destacó que “simplemente dijeron que las condiciones que enfrentamos muestran un nulo esfuerzo de las autoridades competentes por detener el fenómeno, por lo tanto, no son merecedores de ello, porque no han hecho nada”. Y en ese contexto, habrían agregado que ¿Quién les puede hacer daño, si a nadie han molestado?, la detención de algunos personajes de alto nivel de la delincuencia ha corrido a cargo de las instituciones federales, realmente la administración pública estatal se la ha llevado de a muertito. Si es que les asiste la razón, si en verdad la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o el Poder Judicial (PJ), cada uno en el ámbito de sus competencias hubieran hecho su trabajo, no estaríamos así, por el contrario, puede hablarse de omisión. Así que podemos adelantarle que el Congreso local va a rechazar esta petición de apoyo en seguridad a ex funcionarios.
