A través del Secretario de Gobierno Oscar Sergio Hernández Benítez la administración pública ha venido haciendo compromisos para firmar los convenios correspondientes, cuyas fechas se han aplazado reiteradamente en una clara posición de engaño que ya provoca enojo en los directivos.

Y es que a decir de algunos empresarios, durante el presente año, a través de algunos organismos, las instancias oficiales disponen de unos 270 millones de pesos para promover acciones de proyectos relacionados con la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia y la búsqueda de una mejor seguridad para la población.

¿En dónde ha quedado la mayor parte de estos recursos? Se afirma que en la compra de equipos y bienes de uso oficial, nada que tenga que ver con estímulos y programas en los que la población pueda siquiera involucrarse a nivel de inspección para constatar que los compromisos y metas se están cumpliendo.

El Observatorio Ciudadano es una plataforma diseñada precisamente para servir de equilibrio en alguna toma de decisiones y sobre todo dar seguimiento a compromisos de Gobierno en cuestiones del trabajo contra el delito.

Sin embargo, no hay señales de seriedad para aterrizar una serie de acciones que ciertamente ayudarían bastante en la observancia del cabal cumplimiento de facultades de parte de algunas instituciones como la Procuraduría General de Justicia o la Secretaría de Seguridad Pública.

En concreto, el Gobierno se viene gastando esos 270 millones de pesos en infraestructura propia, vehículos, armas, equipos, cuando eran para reforzar mecanismos de enlace y coadyuvancia con la población.

Bueno, en el caso de Observatorio Ciudadano estamos hablando de unos tres millones de pesos de financiamiento para montar todo un escenario que prevé la contratación de investigadores y estudiosos en materia de seguridad y ni ese dinero ha podido ser liberado, de ese tamaño es el desinterés oficial por recuperar el orden y el estado de derecho perdidos.

Por otro lado, se vienen firmando una serie de acuerdos con grupos, organizaciones empresariales, laborales, eclesiásticas, instituciones de derechos humanos y lo que usted quiera agregar, supuestamente para generar unidad en un gran frente de lucha contra la delincuencia, pero la interrogante sería ¿después de las firmas y la toma de la foto, quiénes dan seguimiento a los acuerdos?, porque de otra manera no pasaríamos de simples actos burocráticos de simulación.

En la calle no vemos reflejado todo este presunto esfuerzo y por el contrario los infractores de la ley parecen multiplicarse, ¿realmente quiénes asumen un acuerdo de sumarse a la lucha anticrimen modifican sus actitudes y emprenden alguna labor de recuperación de la moral, los valores y las acciones de quienes nos rodean? Será muy a lo cortito, porque hacia fuera no vemos nada.

Todos los días estamos siendo testigos de sucesos desafortunados, detrás de quienes cometen faltas graves en contra de las normas establecidas hay una larga y penosa historia de abandono, desprecio, ausencia de apoyos mínimos que los llevan a refugiarse en el lugar inapropiado.

Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la mayor parte de nuestras desgracias y retrocesos en la moral pública y el buen comportamiento de los seres humanos, en el caso de nuestro estado y nuestro país, tienen que ver con la insuficiencia de satisfactores económicos, que llevan a una indefinición de miles de niños y adolescentes que carecen de una familia en forma.

¿Cómo vamos a cortar este círculo vicioso? De ninguna manera será a través de las armas y la persecución, esto va mucho más lejos, y efectivamente requiere de la suma del esfuerzo de todos quienes nos consideramos gente de bien.

No obstante, son las instituciones gubernamentales las que deben orientar el rumbo y el destino a través de políticas públicas correctas, que hoy parecieran no ser precisamente las más acertadas. Observatorio Ciudadano es un esquema funcional, pero sólo se le ha utilizado para buscar mejorar imagen pública, esa es la queja de Coparmex.