Las expresiones de la experta en urbanismo muestran signos mucho más alarmantes de las consecuencias a las que nos puede llevar toda esta selva asfáltica que no encuentra freno ni límite en el caso muy particular de Morelos.

De entrada, sorprende la multiplicación de la mancha urbana y del número de habitantes que en el caso de Cuernavaca en sólo 20 años pasó de 386 mil ciudadanos a casi 900 mil en el 2010. Cuautla no se quedó atrás: en 1980 tenía 138 mil habitantes; hoy son cerca de 450 mil. La interrogante sigue siendo, ¿hasta dónde vamos a llegar?

Pero tampoco crea que somos la excepción, no. De hecho, en buena parte del territorio nacional el problema es el mismo, una nula legislación que contenga el desbordamiento de las construcciones y oriente y regule el cambio del uso del suelo para destinarlo a vivienda.

Todo esto parece tener su origen en la omisión en la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, que debiera ser obligación inevitable de los municipios sujetarse a ella, pero no hay tal.

Lo que actualmente tenemos en el país es una concentración humana cada vez más pronunciada, llegando al grado de que, de acuerdo con la investigadora, el 76.8 por ciento de los mexicanos radica en zonas urbanas, y vamos por más.

Hay, a decir de ella, once ciudades con más de un millón de habitantes. Pero para qué nos espantamos si la Ciudad de México tiene más de 22 millones, por encima de diversos países de Centro y Sudamérica. Pero en el caso muy particular de Morelos, tampoco ése debe ser nuestro consuelo. La responsabilidad es sentar las bases y aplicar las leyes correspondientes para que no continuemos en esa misma dinámica.

Tópelson decía por ejemplo que quienes más padecen estos avances poblacionales sin freno son los menos favorecidos, porque hay que dedicarle mayor tiempo al traslado en el transporte de la casa al trabajo, los servicios bajan de calidad y desde luego el costo es superior.

Un denominador común es que como la construcción masiva de casas representa un negocio para los inversionistas, no dejan espacios para áreas verdes, todo es plancha de concreto, y esto genera repercusiones mucho más delicadas que la simple saturación de viviendas: transforma el clima.

Lo que se decía en esas ponencias es que, como en todo, aquí se tiene que trabajar a base de normas y especificaciones que tienen su razón de ser, no son producto del capricho de alguien.

Se ejemplificaba con el caso de Campeche que en sus 450 años de existencia pasó 448 sin problemas de inundaciones; hace poco las comenzó a padecer porque se construyeron unidades habitacionales en áreas inapropiadas, que propiciaron este fenómeno.

Lo que observamos en estos tiempos, sobre todo en nuestra entidad, es la existencia de ejidos sin ejidatarios y sin tierras, porque todas las han vendido al mejor postor para residencias de fines de semana en las que acaban siendo jardineros o cuidadores***. A eso estamos llegando.

No es nada fácil controlar este fenómeno, sobre todo porque con el atractivo clima y ubicación del estado hay mucha demanda de predios, el pago por metro cuadrado es alto y los campesinos acaban atraídos por el dinero, aunque a los pocos meses ya no les quede más que el recuerdo.

La Secretaría de Desarrollo Social intentó por lo menos generar conciencia en algunos actores políticos, aunque muchos no llegaron al encuentro y eran los que debían estar ahí como en el caso de los senadores Adrián Rivera y Graco Ramírez, o diputados locales que tampoco acudieron, porque ya andan viendo hacia adelante y coqueteando con los electores en busca de continuar “sirviendo al pueblo”.

Y es que las Cámaras son las que tienen que generar el marco legal apropiado para detener la catástrofe urbana; sin embargo, no hay compromiso de muchos servidores públicos que suelen ser precisamente los responsables de todo lo que estamos enfrentando con esta falta de planeación.