Éste parece ser el caso de Huitzilac, donde desde la presidencia municipal, a cargo del panista Arturo Cortés Cueto, se viene haciendo negocio con la compra-venta de tierras de régimen comunal, pasando por encima de la autoridad en la materia, que ha tenido que salir a denunciar públicamente las atrocidades.

El personaje directamente implicado es el síndico procurador Marcelino González Rito, desde luego, amparado en el cargo y con la benevolencia del edil, a quien seguramente "salpica".

Y nos atrevemos a decir esto porque el presidente de Bienes Comunales, Alejandro Mancilla Cueto, dice que por la certificación de la venta de terrenos, el famoso síndico estaría cobrando entre cinco y seis mil pesos.

Los cálculos van en el sentido de que ha avalado unas 200 transacciones, es decir, estaríamos hablando de un milloncito de pesos derivado de acciones que deben ser sancionadas penalmente.

Hay algo mucho más delicado: que González Rito, ante los reclamos y quejas, responde que está amparado por el sistema, es decir, que desde Palacio de Gobierno estatal lo están protegiendo, eso pudiera interpretarse, pero nosotros sostenemos que el gobernador Marco Adame Castillo desconoce todo lo que pasa en aquel municipio y el señor está abusando de su posición.

Pero aquí lo realmente preocupante es que en su calidad de síndico es quien debiera cumplir y hacer cumplir el orden, la ley y la tranquilidad a fin de procurar un ambiente de paz y armonía entre los ciudadanos, pero es uno más de los traficantes de tierras.

Ya hay denuncia penal, la SC/01/8648/20-10, que debiera aplicarse con todo rigor y más ante quien tiene la obligación de coadyuvar en la prevención del delito, pero volvemos a lo anteriormente mencionado; mientras desde las estructuras gubernamentales, sujetos como Marcelino González no sean llamados a cuentas, poco podemos esperar en materia de recuperación del estado de derecho.

Ese tipo de políticos de tercera difícilmente pueden sobrevivir a una administración, porque la población olvida pero no perdona y jamás les vuelve a dar la oportunidad de "servir"; son "flor de un día". Pero insistimos, deben ser castigados conforme a derecho.

DESARROLLO HUMANO, INFLUYENTISMO

Y en otro caso no menos preocupante, hay una serie de quejas de parte de empleados de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social por agresiones, maltrato y discriminación de parte del director general de Coordinación y Desarrollo Administrativo de esa dependencia, Gabriel Ramírez.

El personaje presume de influyentismo porque asegura ser hermano de un diputado local y por lo menos, bajo la apreciación de los agredidos, es cierto, porque de nada les ha servido hablar con el secretario Ricardo Esponda Gaxiola, quien en efecto parecer ser un "parapeto" al frente de esa institución.

El caso es que Gabriel Ramírez ha ordenado hasta la reducción de sueldos de quienes no son complacientes con él, cosa que está prohibida por la ley, pero ahí la ley es él.

Y estamos hablando de un pasante en administración de empresas, ni siquiera está titulado, lo cual evidencia que su incursión en el ejercicio público y sobre todo en la ocupación de cargos importantes se debe a recomendaciones y no desempeño profesional.

Cierto, ha pasado por algunas otras responsabilidades; en su oportunidad estuvo en la Secretaría de Finanzas y Planeación, pero fue ya en la administración panista, o sea, amparado por alguien.

Sólo la necesidad del empleo ha obligado a buena parte del personal de Desarrollo Humano a soportar las humillaciones, porque dicen que la expresión característica del sujeto es que "si no están de acuerdo, renuncien".

La descripción muestra a un personaje sin escrúpulos, de escasa preparación y nula vocación de servicio, de esos que ascienden con base en "padrinos" en la política y que son los que pervierten la actividad del servidor público; pero aquí el que evidencia nula autoridad es el secretario Esponda Gaxiola.