Es decir, llevan dos años y medio enfrentado una situación de sobrevivencia , pero con la amenaza latente de cierre de cortinas, porque las ventas han venido a menos de manera recurrente.

Más del 50 por ciento de los efectos negativos están relacionados con los bloqueos, obras públicas o la recesión que pegó muy fuerte durante todo el 2009, aunque aún sus signos no se desvanecen del todo.

Pero son las permanentes manifestaciones de protesta las que más golpean la economía de cientos de establecimientos que generan miles de empleos, así sea medianamente remunerados, pero que en momentos como éstos son importantes.

Por todo ello los promotores de esta idea consideran que es necesario aplicar algunas restricciones para que los daños colaterales sean menores. El asunto es que de muchas partes saldrán voces en contra que considerarán la propuesta como un intento de coartar las libertades y la libre expresión y tránsito; sin embargo, ciertamente que se viene cayendo en el exceso.

Las instancias gubernamentales han estado siendo omisas en la aplicación estricta de la ley en esa materia. Quienes proyectan, realizan marchas o plantones no se ajustan al derecho y afectan a terceros, lo cual es ya una violación flagrante a la constitución.

El cierre de una calle es motivo suficiente para que las instancias competentes en la materia sancionen como corresponde a los infractores; algo que nunca se da ya sea por intereses políticos o por incapacidad institucional.

El problema es que especialmente del 2008 a la fecha diversos factores económicos, políticos y sociales han agravado la situación y el consumo se encuentra bastante restringido. De tal forma que buena parte de los establecimientos han dejado de ser negocio.

Bueno, incluso algunas instituciones educativas son víctimas de un descenso en su matrícula de inscritos por los elevados índices de inseguridad que es otro ángulo de la disminución, aunque eso es a nivel de toda la ciudad.

La verdad es que si las instancias gubernamentales aplicaran cabalmente la ley, ni caso tendría regular las manifestaciones porque éstas tendrían que darse a nivel de banqueta, por lo mucho, para no obstruir el derecho de terceros a circular y los plantones en espacios donde tampoco agredan los derechos de otros. Pero este incumplimiento es lo que empuja a los comerciantes a demandar restricciones.

Y están en buen momento de hacer prosperar alguna medida en ese sentido, porque con la caída del sexenio viene la multiplicación de protestas. Cualquier problema por mínimo que sea termina en las calles por los intereses políticos de grupos y de partidos.

Pero reiteramos, esto va a despertar un debate público entre aquellos que se acostumbraron a tomar las calles como suyas y los que lo están viendo desde la perspectiva de sus inversiones.

Suponemos que los mismos quejosos estarán preparando alguna propuesta muy concreta para hacerla llegar al Congreso local a fin de que sea evaluada y eventualmente promovida.

No obstante, suelen ser los mismos partidos políticos, a los que pertenecen los diputados, los organismos más interesados en promover acciones de protestas, sobre todo la oposición al partido en el gobierno, y bajo esa óptica pudieran ser los primeros en oponerse a establecer limitantes.

De la forma que sea, se nos antoja muy válida la demanda de los dirigentes gremiales del comercio organizado. Llevan años sufriendo para pagar la semana o la quincena a sus empleados y en muchos casos se han visto obligados a despedir parte del personal a fin de no poner en riesgo el propio negocio.

Y lo hemos padecido en carne propia, en tener que pasar horas en el auto o en el servicio público del transporte para llegar a nuestro destino por la presencia de manifestantes en la vía pública que coartan nuestras libertades.