Ya las cosas andan calientitas, porque los priistas vienen tomando distancia en relación al Gobernador Marco Adame Castillo, pero ayer, el abogado laboralista Marco Antonio García García se presentó en el Congreso local para presentar una demanda de juicio político en contra del jefe del Poder Ejecutivo.

El argumento va centrado en que hay más de tres mil sentencias de amparo de carácter laboral emitidas por el Poder Judicial de la Federación en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) por desacato y que ello deriva en omisión.

Es decir, se desató la discusión y la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en el recinto legislativo, en voz de la diputada Juana Barrera Amezcúa respondió que "analizando el fondo de la denuncia, no ha lugar a un juicio político en contra de Adame Castillo".

¿Cuáles fueron sus argumentos? Que conforme al artículo 134 de la constitución local, "el Gobernador del estado sólo será objeto de juicio político durante su cargo por violación expresa y calificada como grave a la misma constitución, ataques a la libertad electoral y al derecho de participación ciudadana o por delitos graves del orden común".

Y agrega que "los incidentes de inejecución de sentencias no entrañan una violación que pueda ser calificada de grave a la constitución local y menos aún tienen que ver con ataques a la libertad electoral y de los otros conceptos arriba mencionados".

Y remató diciendo que "por tanto, en estricto sentido, no hay materia de fondo para la procedencia de un juicio político al mandatario". Bueno, se comenzó a deliberar en plena sesión respecto a esta demanda, sin embargo, la legislatura en pleno no tenía muy clara la decisión a tomar al respecto.

Pero la diputada Barrera agregó que "la posición del abogado obedece a un proceso penal que enfrenta y del cual se está por liberar la respectiva orden de aprehensión, es decir, está reaccionando en contra del Gobernador como respuesta a lo que tiene enfrente”.

Se le preguntaron pormenores del proceso, pero respondió que el caso lo tienen abogados de la legislatura, que en su oportunidad profundizarán sobre el tema sólo si es necesario.

Pero reiteramos, son señales muy características de la cercanía con un proceso electoral que prepara el terreno para la confrontación de las diversas fuerzas políticas.

Tanto esta denuncia, que espera ser analizada con el inicio del próximo año, como otros procedimientos de grupos distintos, parecen caer en la coyuntura electoral que ya está a la vuelta de la esquina.

Hay que recordar que García García fue quien inició el mismo procedimiento al ex gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez por incumplimiento en la instalación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), para dirimir las denuncias laborales de empleados del sector gubernamental.

El tema ocupó buena parte del final del sexenio pasado y al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo desechó por diversas razones, entre ellas, de inconsistencia, de ahí que los panistas consideren que la actual denuncia es igualmente débil en sus planteamientos, no sustenta alguna falta de las anteriormente mencionadas como causales de juicio político y que por lo tanto en el Congreso del estado no se le debe dar procedencia.

Claro, estamos apenas en la antesala de esta controversia entre posiciones encontradas, tendrá que ser un asunto a tratarse con el nuevo año, pero ya muy entrado, porque los diputados entraron en receso. La de ayer fue la última sesión ordinaria del pleno, regresarán el 1 de febrero y quedará una comisión permanente de legisladores que sólo puede abordar "casos sin importancia".

Por eso hay que desestimar todo esto, a lo mejor a mediados de febrero o a inicios de marzo se vuelve a hablar de ello, parece que la demanda fue interpuesta en mal momento.