Hemos venido insistiendo mucho en que hay una despreocupación casi total por parte de las instancias oficiales ¿competentes? sobre el asunto, hay incluso indicios de que, a fin de no investigar, la Procuraduría viene dándole carácter de delitos del fuero federal a muchos crímenes del fuero común. Frente a este incesante clima de ejecuciones basta con colocarle algún mensaje al occiso, como ese de CPS, para no perseguir a los delincuentes.
El problema es que el tema comienza a tomar perfiles políticos y eso suele ser muy delicado para las autoridades en turno, desde nuestra óptica, ello será una bandera electoral muy bondadosa para los opositores al panismo en la entidad, pero pareciera que no salen de su adormecimiento.
Y como decíamos líneas arriba, éstos comienza a calentarse de más, claro, tampoco puede negarse que hay cuestiones bastante delicadas que impactan directamente a la sociedad pero nos queda claro que se empiezan a observar espacios por donde la oposición al panismo buscará sacar raja electoral en la justa que ya está muy próxima.
Pero insistimos, sí hay tela de donde cortar, eso de la inseguridad relacionada con la delincuencia organizada pareciera incluso estar siendo ponderada desde algunas instituciones estatales, pero lo más preocupante e injustificable es que bajo el argumento fácil de que se trata de delitos de carácter federal no se venga haciendo nada, son increíbles los niveles de impunidad que estamos viviendo.
Claro, en esto hay una indiscutible responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia o de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo responsable continúa vegetando en el estado, pero ¿dónde quedó la figura de un Secretario de Gobierno Oscar Sergio Hernández Benítez? Simplemente no están cuando se necesitan y no es ocultando la cabeza como el avestruz, como se podrá resolver éste ya muy prolongado dilema.
Y ya no se trata únicamente de un Luis Ángel Cabeza de Vaca, que es lo más duro de enfrentar de parte de las instancias públicas locales, como ciudadanos preguntaríamos ¿y cuándo nos van a decir qué pasó con las muertes de funcionarios? como la de quien fuera subprocurador Andrés Dimitriadis Juárez. El suceso ocurrió el 24 de octubre de ese mismo año, el jefe policiaco de Jiutepec Jorge Alberto Vargas Retana, ultimado desde el 7 de septiembre del 2008, y muchas otras personalidades que sufrieron el mismo destino y de quienes no se sabe nada.
¿Podemos llamar a esto impartición de justicia? Desde luego que no, pero resulta contradictorio que las instancias públicas vengan realizando sendas sesiones del Consejo de Seguridad, donde convergen diversos frentes y representaciones, tanto de Gobierno como de sectores empresariales y sociales, cuyos resultados son simplemente nulos, es decir sólo van a perder el tiempo y seguramente a echarse porras mutuamente.
No vemos pues márgenes de excusa para las autoridades relacionadas con la seguridad, simplemente le vienen fallando al pueblo, que enfrenta en la indefensión un ambiente por demás adverso, mientras los flamantes "servidores públicos" se hacen rodear de decenas de escoltas, unidades vehiculares y sistemas de comunicación para garantizar su seguridad personal y claro, gastándose en ello una fortuna que tenemos que pagar todos nosotros con nuestros impuestos.
Si los responsables de la administración pública estatal no se ponen las pilas a tiempo y dan muestras de estar por lo menos preocupados por lo que pasa, tendrán que enfrentar con descrédito, una reacción popular que suele cobrar las facturas en las urnas.
Ya lo padecieron en el 2009, pero parece que no les sirvió de experiencia o ¿acaso es todo el esfuerzo que son capaces de dar? Consideramos que no, pero en los hechos nos demuestran lo contrario y los adversarios políticos ya percibieron por donde pueden ir ampliando el boquete a fin de debilitarlos.
