Esto precisamente cobra reflejo en algunas dependencias gubernamentales que de esa manera caen en actos de deshonestidad y corrupción permanentes, como en el caso específico de las instancias públicas que tienen que ver con la regulación, conducción y aplicación de reglas en el servicio público del transporte.

Estamos aburridos de escuchar todo tipo de declaraciones en el sentido de que "ahora sí vamos a combatir al pirataje", "se acabaron las malas prácticas de los inspectores de tránsito y transporte", "con esta ley podremos por fin regular todo el sistema".

Y así podríamos seguir enumerando expresiones de quienes en su oportunidad han pasado por la Subsecretaría de Gobierno o la Dirección General del Transporte (DGT), espacios desde los cuales, se supone, se trabaja para poder combatir la anarquía que no encuentra remedio tras décadas de simulados esfuerzos.

Ahora resulta que la famosa ley de reciente creación en esa materia no cumple con las mínimas especificaciones para poder recomponer lo que hasta hoy día no tiene remedio.

Y mire que se llevaron meses y meses de preparación de la misma, porque presumían de estar elaborando una propuesta verdaderamente innovadora.

Recordamos a un Rafael Martínez Flores en calidad de subsecretario de Gobierno, sosteniendo que ese sería el instrumento, azote de los malvados en el sistema del transporte público.

Lo cierto es que las cosas siguen igual o peor que antes, y eso sólo nos lleva a considerar que son incapaces para hacer nada útil o que están metidos en actos de corrupción fuertes y lo que menos les interesa es poner orden.

Mire, quien inició un esfuerzo más o menos interesante y obligó a los permisionarios a renovar algunas unidades de transporte colectivo que daban lástima, fue Jesús Giles Sánchez, hoy diputado federal, cuando se desempeñó como secretario de Gobierno, porque efectivamente desde esa área es de donde se tiene que mostrar voluntad para proceder.

Y es aquí donde igualmente nos causa extrañeza que el actual titular Oscar Sergio Hernández Benítez no diga "esta boca es mía", porque finalmente en este desorden que vive el transporte, el primer responsable es él.

Qué podemos decir del subsecretario Javier Bolaños Aguilar, nos parece que como secretario ejecutivo de la CEAMA en la administración de Sergio Estrada Cajigal desempeñó un buen papel, hoy brilla por su ausencia y se antoja un funcionario demasiado gris.

En lo que corresponde al titular de la DGT, Francisco Alva Meraz, es quien pudiera estar capitalizando monetariamente todo esto, porque es el responsable directo de lo que ocurre en el transporte, en corresponsabilidad con Bolaños. Si les concedemos el beneficio de la duda en cuanto a capacidad, entonces tendríamos que admitir que lo que no hacen no se debe a desconocimiento sino a intereses y de todos modos es muy grave.

Desde el Congreso local la Comisión del Transporte trabaja ya sobre la propuesta de una nueva ley del transporte que sea funcional, porque a la actual no le conceden ninguna bondad, sólo que fue trabajada con miras a beneficiar a algunos grupos, seguramente de tendencia partidista y militancia acorde con el régimen en turno.

Pero tampoco estamos descubriendo cosas novedosas en lo relacionado a este importante sector en la prestación de servicios, ha sido objeto de escándalos, polémicas y hasta persecuciones de ex funcionarios de la DGT por presuntos actos de corrupción.

Hubo épocas en que se hablaba de colectas millonarias entre los concesionarios, a través del director general del Transporte en turno, por condonación de infracciones, permitir circular a unidades sin los permisos correspondientes y muchas otras irregularidades, que según se ve, continúan practicándose y no debe ser de manera gratuita.

Lo que está pasando pone pues bajo serias sospechas al secretario de Gobierno, OSHB; al subsecretario Bolaños y desde luego al director Alva Meraz. No están haciendo nada importante para mejorar las cosas y la famosa ley que tanto presumieron en su oportunidad, es un fracaso rotundo.