Los inconformes quieren escuelas, abastecimiento de agua, dotación de predios... es decir todo tipo de ayudas que usted quiera imaginar, ante la complacencia de las autoridades que dan muestras de excesiva tolerancia, ante movimientos acostumbrados a recibir sin esfuerzo alguno.

Ahora no se trata únicamente de demandar la regularización de lotes en la comunidad de Alpuyeca, donde son rechazados, también quieren mejoras en otros municipios donde ya cuentan con espacios y desde luego la entrega formal de los terrenos de los Patios de la Estación.

Ciertamente que se trata de un buen número de familias que no tienen donde vivir, pero los cabecillas son personajes con propiedades por todas partes, la mayor parte de los activistas provienen del vecino estado de Puebla, donde cuentan con una unidad habitacional exclusiva para ellos.

Los que encabezan los grupos son adiestrados y capacitados en el manejo de personas y a pesar de que utilizan a familias desprotegidas para justificar las luchas, ellos viven en condiciones inmejorables y eso lo sabe muy bien la autoridad, que les sigue prestando oídos.

El movimiento antorchista surgió a mediados de la administración del presidente de la república Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl comenzó la estructuración con fines políticos y para justificar salida de recursos del erario público.

Su origen está precisamente en Puebla, por ello es ahí donde tienen la base de sus operaciones y prácticamente todos los lidercillos vienen de aquella región, aunque se han extendido hacia varios estados de la República con las mismas prácticas.

Aparecen demandando lotes para sus agremiados, cuando logran este objetivo piden pavimentación de calles, introducción de agua potable, drenaje y escuelas. Una vez alcanzadas estas metas, continúan pidiendo becas para los niños y si se puede, hasta el pago de pasajes para que asistan a los planteles educativos, como dice esa expresión popular "los mantiene el Gobierno".

No obstante, los recursos y bienes que se destinan para complacer a esos vividores provienen del presupuesto público, son fondos derivados de la recaudación fiscal o en su caso expropiaciones que de ninguna manera se pueden calificar como de utilidad pública, como en el caso de los Huertos de Alpuyeca.

Usan distintas estrategias para presionar a las autoridades, entre ellas marchas, plantones, como el que tienen en palacio, bloqueo de calles y cuando las necesidades lo demandan, recurren al acarreo de contingentes de estados vecinos para aparentar fuerza.

Cuentan con un alto repudio social, porque se dedican a comercializar los espacios que les dan, así ocurrió en 1999, durante la administración estatal de Jorge Morales Barud, se les entregó un terreno comprado a la comunidad de Ocotepec, pero a las pocas semanas empezaron a venderlos, pero la población se unió y los corrió de ahí.

El caso es que las instancias públicas siguen siendo complacientes y tolerantes, en lo que se refiere al predio de Alpuyeca, han tomado partido a favor de ellos en una actitud contraria al sentir de la comunidad.

Desde este martes instalaron sus casas de campaña en las afueras del edificio gubernamental causando enojo de propios y extraños, pero la postura oficial es de sentarse a la mesa con ellos en lugar de aplicarles la ley.

El ruido que generan con sus altavoces ha ahuyentado incluso a los pocos funcionarios que suelen despachar en Palacio, porque es imposible laborar en esas condiciones, pero el resto de los empleados no tiene más remedio que soportarlos y mire que es todo el día.