Más aún, él y otros empresarios dijeron que el sistema de pago por factoraje bancario no funcionó, porque la administración pública se tardaba meses en cubrir las facturas a los bancos y estos optaron por suspender el programa, ya que salían poniéndole al asunto".

Queda claro que la presencia del Secretario de Gestión e Innovación Gubernamental, Rey David Olguín Rosas echó por tierra algunos avances que se tenían en lo que era la Oficialía Mayor, aquello está prácticamente paralizado, no hay nuevos programas ni proyectos, se viene "nadando de a muertito", acorde a testimonios de funcionarios de esa misma dependencia.

El gobernador Marco Adame, en su oportunidad, instruyó a ese organismo a fin de que desarrollara métodos para que el 60 o 70 por ciento de las compras de la administración pública se ejerciera con empresarios morelenses, para fortalecer y retroalimentar la economía e industria local, pero en los últimos meses ello sólo se ha dado en el discurso, la nueva administración de la Secretaría de Gestión acabó con tales expectativas.

Y sí son importantes los recursos que a nivel de adquisiciones se ejercen anualmente, estamos hablando de decenas de millones de pesos, que a las pequeñas y medianas industrias sí les ayuda mucho a sortear situaciones de escasez de mercado.

El caso es que para muchos empresarios morelenses hay una acción perversa en el manejo que se da a las licitaciones. Sostienen que "ya los contratos están amarrados para amigos, parientes o influyentes del poder o para negociar el famoso diezmo".

Cierto o no, el problema es que la visión de los hombres de negocios va en el sentido de que la corrupción está permeando a altos niveles y eso de ninguna manera conviene al propio gobierno, que ha buscado siempre el ejercicio de transparencia en el uso del gasto presupuestal.

En su oportunidad valoramos algunos cambios hechos al gabinete, se le abrió la puerta a algunos miembros distinguidos de Acción Nacional, pero a costa de sacrificar resultados en las dependencias.

Lo que se necesitaba era reforzar el cuerpo de colaboradores para acelerar el paso hacia un final sexenal que siempre suele ser muy difícil, sentimos que no se actuó en ese sentido y la crítica se la podría estar llevando el Poder Ejecutivo.

Claro, entendemos que hay compromisos, a lo mejor se tenían acuerdos desde tiempos de campaña para entregar algunas posiciones a quienes trabajaron duro en las elecciones, pero se tenía que pensar mucho en los resultados.

Claro, tampoco estamos descubriendo el hilo negro en esto, desde que andamos en esto de informar tenemos antecedentes de las negociaciones que se dan en la firma de contratos de compra, sobre todo aquellos que representan cantidades interesantes de 20 o 30 millones de pesos.

Aquí lo más peleado anualmente es la proveeduría de uniformes policiacos, por ejemplo, porque estamos hablando de mucho dinero y cualquier comisión se traduce en millones de pesos para quien la recibe.

Curiosamente quienes la ganan son magnates de negocios nacionales que ya saben muy bien cuáles son las condiciones y facturas que hay que pagar para poder quedarse con el contrato.

Pero esto ya es asunto de inconformidad generalizada, por lo menos entre empresarios morelenses que desde hace meses se quejan de un trato discriminatorio por parte del Gobierno que les niega la posibilidad de venderle para sobrevivir a temporadas muy estresantes.

El gobierno deberá empezar a poner ojos y oídos a algunas quejas que progresivamente se van complicando y que suelen ser motivo de escándalos en los finales de cada administración gubernamental. Una corrección a tiempo puede ser la diferencia y aquí lo más aconsejable es valorar el trabajo de algunos funcionarios y si se necesario, revocarles la confianza, no hay de otras.