Si bien es cierto que el mayor dolor ha causa de víctimas humanas es algo que comienza a ser superado a partir de la resignación de quienes padecieron en carne propia el golpe mortal del sismo, resolver la parte material para los directamente afectados no está siendo cosa fácil.

Morelos, sólo después de la Ciudad de México, ha sido el mayormente dañado por el terremoto; son decenas de miles de hogares que siguen haciendo el esfuerzo por volver al desarrollo de una vida normal y desde luego, mantienen la esperanza de que las autoridades en sus tres órdenes de gobierno les tiendan la mano, apoyándolos con algo de dinero o material de construcción, pero la suma acumulada es algo grande y comienza a mostrar dificultades.

La Federación, vía el Fideicomiso del Fondo de Rescate de Desastres Naturales (Fonden) aportará sólo una parte de recursos para rescatar a los más dañados, pero no es suficiente; bueno, ni con la suma que agregará el estado se antoja que se logra el objetivo, ante la dimensión y alcance de la destrucción.

El gobierno local hacía un desglose del avance que en materia de esfuerzos para remediar las heridas se ha alcanzado hasta el momento y se aprecia que todavía hay muchas familias que no han sido incluidas en esos padrones de beneficiarios, por distintas razones.

Primero, los encuestadores enviados por el gobierno demandan de una serie de requisitos y condiciones a fin de validar sus derechos; pero también apreciamos que una suma importante de ciudadanos, quizás por falta de información, no ha acudido a los módulos de atención para que se les contemple; porque no a todos los lugares con efectos negativos han llegado esas brigadas que levantan los censos.

Si bien la cantidad de casas ya enlistadas muestran una enorme necesidad de apoyo, sobre todo  material y económico, es casi seguro que cientos de morelenses deberán enfrentar por sí solos sus problemas y pérdidas derivadas del terremoto, porque la cobija protectora de las instancias gubernamentales no les está amparando.

Bueno, lo que se ve es pues que los esfuerzos sumados entre municipios, estado y Federación no resolverán al 100 por ciento los estragos causados a esos miles de morelenses y al final,  como suele pasar en situaciones como ésta, no pocos van a quedar fuera.

Es claro que la falta de previsión y prevención en materia de sismos ha ocasionado que no exista disponibilidad presupuestal suficiente como para enfrentar lo que pasó; las arcas públicas no tenían recursos programados para tal efecto y entonces hay que salir a buscarlos en donde sea.

Entendemos que a eso se debe que se recurriera a la contratación de más de dos mil millones de pesos bajo el concepto de “bonos tasa cero” cuya explicación es que de esa suma sólo se pagarán intereses y no el monto principal. Algo así como un fondo perdido que no representaría propiamente deuda pública.

En lo sucesivo, así se está entendiendo, las esferas de gobierno comenzarán a diseñar estrategias y a darle vida a fondos financieros destinados a atender ese tipo de fenómenos para que, en caso de que se vuelva a presentar algo similar, que no lo deseamos para nada, se tenga de dónde echar mano.

Se habla pues de algo así como cinco mil millones de pesos, si no es que más, en lo que se refiere al costo de la reparación de daños. Más  o menos un 25 por ciento del presupuesto anual que ejerce el gobierno del estado. Se ha recurrido al uso de fondos de emergencia que no estaban propiamente asignados a tales tareas, pero con todo y eso, no se alcanza la cantidad suficiente para garantizar apoyo a todos.

Es de entender que sólo Jojutla se llevará la mayor parte de esas sumas que se vienen conformando, porque padeció las más graves consecuencias; no obstante, casi todos los municipios, en mayor o menor grado cuentan con hogares perjudicados y hay que ir en su ayuda.

En lo que se refiere a la contratación de esos más de dos mil millones de pesos por parte de la administración estatal, vía la autorización del Congreso local, se ha integrado una especie de cuerpo colegiado, con figuras empresariales, de agrupaciones de comerciantes, lideres morales, presidentes de colegios de profesionales y hasta investigadores y académicos para que le den seguimiento a su aplicación.

No podía ser de otra manera, la población mantiene una actitud de desconfianza muy elevado frente a sus gobernantes; tanto, que llega a sospechar de las peores acciones, aun y cuando no existan elementos como para considerarlo así y como que en ésta ocasión se buscaron los mecanismos de transparencia suficientes a fin de disminuir sospechas de acciones de corrupción.

Ya se decía que en contingencias como la que enfrentamos se presentan tres etapas muy marcadas: la primera  consiste  en ir al rescate de vidas humanas tras la tragedia; el segundo paso es atender las necesidades alimenticias, médicas y de otros apoyos a las familias afectadas y la tercera es la reconstrucción.

El primer paso debe desarrollarse en cuestión de horas, porque de otra manera la posibilidad de rescatar con vida a quienes quedaron bajo escombros se diluye. El siguiente es más prolongado; todavía hay quienes necesitan de ayuda en lo que toca a despensas y alimentos diversos, pero la más costona económicamente es en la que estamos.

Las autoridades advierten que será cuestión de meses para superar la crisis, sin embargo los cálculos llevan a pensar que para poder regresar a la normalidad en zonas como Jojutla, habrán de transcurrir algunos años. Hay quienes estiman que tocará incluso a la siguiente administración gubernamental -2018-2024- atender parte del rezago que en materia quede pendiente y como que lo vemos con cierta lógica. No obstante, habría que reconocer que se vienen dando los pasos adecuados para ir resanando las heridas provocadas por ese sismo estremecedor.