Por diversas razones, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en su conjunto enfrentó una coyuntura muy difícil, que de alguna forma está ligada al pesado déficit financiero estimado en unos 700 millones de pesos, que le impiden resolver necesidades elementales, como el pago de nómina quincenal a unos seis mil empleados.

Los últimos meses han sido casi un calvario para el aún rector Alejandro Vera Jiménez, quien debe atender comparecencias ante juzgados por denuncias de presunción de desvíos económicos y todo eso lo obliga a descuidar su labor al frente de la comunidad universitaria.

Su situación ha llegado al extremo, luego de que cuerpos policiacos catearan su domicilio -el fin de semana anterior-, quizás no con la instrucción de detenerlo, más bien la estrategia se antoja política. Es decir, se le viene sometiendo a desgaste progresivo, a fin de que no pueda participar en el proceso electoral que viene.

Pero como quiera que sea, todo eso ha generado repercusiones al interior de la máxima casa de estudios, que ha venido pagando parte de las culpas del conflicto de su rector con instituciones del gobierno del estado; no obstante, la esperanza es que una vez electo su sucesor, Gustavo Urquiza Beltrán, el panorama sufra un cambio para bien.

Por lo menos se aprecia que la relación con la administración de gobierno estatal se recuperó casi de manera instantánea, luego de que el recién ungido fuera citado en la residencia oficial para entablar el primer diálogo y abonar seguramente en un mejor entendimiento.

Es incluso previsible que el sólo hecho de contar con un nuevo rector influya de manera decidida a fin de que los conflictos económicos recurrentes cada catorcena sean superados de forma gradual; con el apoyo oficial -desde luego- y a mediano plazo hay que pensar en la pacificación y la calma.

Urquiza es un doctor en ingeniería industrial mecánica, de hecho buena parte de su carrera la ha desempeñado como investigador. Es un hombre muy preparado e incluso cursó estudios en una universidad de Montreal, Canadá. O sea, para nada es un improvisado y todo lo anterior hace ver que su trabajo al frente de la rectoría podría ser muy interesante.

Hasta donde se ha podido observar, mantiene una relación de respeto y reconocimiento mutuo con el actual rector Vera Jiménez, y desde el comienzo, ha empezado a abrir puertas para atender la exigencia del consejo universitario de ir resolviendo los pasivos económicos.

Lo más importante ha sido que finalmente y a pesar de la agitación que se vivió durante el proceso de elección de la nueva autoridad, se pudo lograr el objetivo; ya hay sucesor y el clima de tensión al interior del campus universitario tendrá que venir a menos, porque los intereses encontrados llevaron a rompimientos graves entre grupos, sindicatos y organizaciones de la UAEM.

En lo sucesivo, habrá que observar qué rumbo toma el asunto legal contra Vera; aunque de acuerdo a algunos abogados, los delitos de los que se le acusa no son graves y por lo tanto pudieran ser superados sin mayores contratiempos, evitando la privación de la libertad, tanto suya como de su esposa, que igualmente es involucrada en el expediente.

El proceso electoral, por sí solo invitaba a que el ambiente interno se calentara; no es cosa nueva, cualquier elección hoy día se convierte en una batalla campal entre contendientes y la universidad tampoco podía ser la excepción, pero como quiera que sea, ya superaron esa etapa y vendrá la tranquilidad, ya lo veremos.

CORRUPCIÓN ¿ASUNTO INSUPERABLE?

En otro tema, la comparecencia de funcionarios en el Congreso de la Unión y el Senado de la República ha llevado a una fuerte polémica en torno a los graves índices de corrupción que vive el país a partir de la aplicación de programas de todo tipo, incluyendo los asistenciales, orientados a disminuir los niveles de pobreza nacional.

Luis Miranda Nava como titular de la Secretaría de Desarrollo Social acaba de comparecer en la Cámara alta y buena parte de los cuestionamientos de los legisladores se centraron en ese asunto, porque a decir de muchos de ellos, no obstante la asignación de miles de millones de pesos a fin de buscar soluciones contra la marginación, ese fenómeno sigue avanzando.

Entre otras cosas se decía que hoy día, hay en México 53.4 millones de mexicanos en pobreza; un poco más que a inicios del sexenio, que eran 53.3 millones. Conforme a esas cifras, prácticamente el 50% de los habitantes de esta nación sufren carencias graves en materia económica y revela que los diversos programas que atienden el tema a través de las dependencias gubernamentales no ofrecen resultados siquiera aceptables.

¿Causas? A decir de los senadores, la absoluta mayoría de esos recursos vía programas como el denominado “contra el hambre”, no llegan a su destino; se quedan en el camino y las estructuras burocráticas, ya sea por exceso de personal y cargadas nóminas, altos salarios de los funcionarios o por cuantiosos desvíos, o sea, actos de corrupción gigantescos.

Se hablaba por ejemplo de unos siete mil 700 millones de pesos que, de manera conjunta, se han malversado a través de secretarías como Desarrollo Social, Sagarpa, Conagua, Economía y lo que usted quiera agregar, que le han dado en denominar “estafa maestra”.

En concreto, por más que se le pretende buscar una supuesta solución a ese cáncer, no se ve que se tengan avances; un porcentaje enorme del presupuesto gubernamental jamás llega a su destino, los ciudadanos, que por ausencia de inversiones u obra pública, ven empobrecido no sólo el hogar sino su entorno cercano, porque cada vez se ven más marginados y sin oportunidades de desarrollo ante el escaso crecimiento y apertura de oportunidades de empleo.

De poco o de nada funcionan sistemas que aparentan empujar hacia la transparencia y rendición de cuentas como el anticorrupción, porque nacen ya amañados, con mandos nombrados a modo para que encubran acciones e intereses que deberían combatir. Y por el contrario, van aumentando la pesada carga de una burocracia gubernamental que pareciera no tener límite y que absorbe los techos presupuestales que tendrían que llegar a quienes con nuestros impuestos hacemos posible el “funcionamiento” institucional.