Luego de la revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública (SFP) respecto a la obra del Paso Exprés Cuernavaca, se encontró con irregularidades en el manejo de mil 34 millones de pesos, o sea, en el 100 por ciento del costo del proyecto, conforme a lo programado en principio.
Dadas las evidencias, no era nada difícil advertir que ahí se dio un robo en despoblado, interpretando esto como actos verdaderamente cínicos y descarados, cometidos por autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las empresas que “ganaron” el concurso por los cuantiosos contratos.
Nos referimos al consorcio integrado por Aldesa-Epccor, que además han participado en el desarrollo de diversos proyectos carreteros con miles de millones de pesos de inversión, entre éstos Durango-Mazatlán, Chalco-Cuautla, tramo inaugurado hace pocos meses, así como el libramiento en Coatepec.
Pues por lo menos la SFP mostró seriedad en la investigación y ha puesto sobre la mesa la delicada información que da fe de lo que veníamos afirmando desde que se registró aquel desafortunado hecho del socavón, que dejó dos muertos, aunque el mal manejo de la obra provocó muchos decesos más.
Sin embargo, la pregunta en lo sucesivo sería ¿y ahora qué? Porque lo menos que esperamos es que se atraiga a los responsables, que además están a la vista, para que rectifiquen en principio, devuelvan la lana y se les finquen responsabilidades, porque la cosa no se puede quedar así.
Sin embargo, tendríamos que aceptar que no será nada fácil ajustarle cuentas a los partícipes de ese mega fraude, porque no lo podemos definir de otra manera; nos referimos a funcionarios de primer nivel en la administración del gobierno federal; en este caso, del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
De peces menos gordos como el ex director del centro SCT-Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, que ya nadie sabe dónde se encuentra tras su cese en el cargo. Seguramente cuenta con algún poderoso “padrino” que lo sigue protegiendo, de otra manera jamás habría sido incorporado a esa secretaría, dado que no tenía perfiles para ello.
Y también hay que llamar a los constructores porque fueron los que hicieron los trabajos con los pies, convirtiendo aquello en un cochinero que no tiene perdón de Dios. No obstante, es claro que igualmente tienen relaciones cercanas con “servidores públicos” de primera línea en el gobierno y los van a defender con todo.
Sólo Aldesa ha participado en cerca de 10 proyectos carreteros de gran alcance en el país, donde con toda seguridad se despacharon con cuchara grande, a partir del incremento injustificado de presupuesto, para llevarse una buena lana, pero ciertamente que es en el Paso Exprés donde se actuó de manera exagerada en ese sentido.
Todos los que tienen que ser enjuiciados e investigados son peces gordos que tratarán de burlar la justicia y se encubrirán unos con otros, porque a ninguno de ellos le conviene que alguien abra la boca y dé pormenores del gran negocio que hicieron con la vialidad en la capital del estado.
Y eso de “irregularidades” por mil 34 millones como que no es muy preciso, más bien sería un desvío equivalente a toda esa cantidad, porque, reiteramos, el costo de la obra había sido calculado precisamente más o menos en esa suma, así que todo lo que le fueron sumando se lo llevaron limpiecito.
Significa más del 100 por ciento y eso es un verdadero atraco a las arcas públicas, dado que es dinero de los impuestos nuestros que es mal utilizado. Por eso decíamos que no es nada nuevo lo que da a conocer la SFP, más bien lo menos que esperamos los ciudadanos agraviados es que se aplique la ley, que es donde veremos resistencias, por el tráfico de influencias que evidentemente practican quienes tienen que ser enjuiciados.
MAESTROS JUBILADOS EN BUSCA DEL LIDERAZGO
Por otro lado, al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 19, Morelos, comienza la lucha por el control de las delegaciones, a partir del registro de planillas que iniciarán en unos días el trabajo de acercamiento con la bases en busca del apoyo. Ello en lo referente a jubilados y pensionados
El estado, en ese rubro, está dividido en 24 delegaciones, la más grande es la D-IV-1, ubicada en Cuernavaca y con más de mil 800 afiliados; considerada la más numerosa a nivel nacional. Aquí sólo se prevé la participación de dos fórmulas, la más fuerte es la roja, encabezada por Mario Peñaloza Gómez.
El momento es propicio para hacer una revisión de la situación que viven esos maestros que dejaron su vida laboral en las aulas, pero que ahora en calidad de jubilados y pensionados padecen una serie de problemas, algunos de salud, por su avanzada edad, la mayoría por insuficiencia de ingresos, ya que existen aquellos que sólo perciben unos tres mil pesos mensuales como pensión.
Pero tampoco es sólo eso, por tratarse de un sector ya sin actividad, suelen ser objeto de toda clase de abusos por las autoridades educativas y no han logrado que sus prestaciones, bonos y apoyos distintos sean entregados en tiempo y forma. Peñaloza Gómez señalaba que la entrega de despensas, contempladas dentro del paquete de apoyos, suelen no llegar nunca o en el mejor de los casos retardadas hasta meses, cuando representan un elemento indispensable ante la deficiencia de ingresos.
Hay incluso pagos por derechos adquiridos, que enfrenta el mismo problema de extemporalidad en su cumplimiento y por lo tanto, esas, entre otras, serán parte de los compromisos a resolver ante las bases. La atención médica es otro conflicto, el ISSSTE les calendariza las citas con muchos retardos, a tal grado que algunos ya no llegan a las citas por fallecimiento, de alguna forma, derivado de la falta de esa atención.
Es a veces entendible, el IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Salud están rebasadas, el universo de la población a la que deben servir es enorme, no hay personal ni recursos económicos, materiales y equipo para ofrecer en tiempo y forma el servicio, lo vemos cotidianamente, pero de eso los derechohabientes no tienen culpa, ellos exigen lo que conforme a derecho les corresponde.
