A todos los problemas que se enfrentan en el país, sobre todo el relacionado con la delincuencia e inseguridad, se agregan otros, como el referente al costo que la iniciativa privada tiene que pagar a fin de poder obtener cualquier trámite o licencia de funcionamiento para la ampliación o apertura de negocios o de inversión de capitales.

Las sumas que anualmente deben cubrir por esos conceptos son de más de mil 600 millones de pesos, de acuerdo a los datos recientemente dados a conocer a la opinión pública.

Sin embargo, lo anterior tampoco representa novedad alguna, acaso el atrevimiento de algunos sectores a transparentarlo, porque eso se da desde tiempos ancestrales.

Ese es otro fenómeno al que se enfrentan los dueños del dinero, por eso frecuentemente quienes pueden hacerlo, mejor se llevan lo que tienen a otro país, ya sea mediante el desarrollo de proyectos o en depósitos bancarios en determinados paraísos fiscales, porque en este mundo sin fronteras casi todo se puede hacer.

Se insiste mucho en aquello de que, cuando se reconoce algún mal, se ha comenzado a resolverlo, ojalá que esos señalamientos obliguen a una corrección en la materia, porque es una verdad que muchas instancias gubernamentales son un obstáculo para la inversión pública y la prosperidad que tanto requerimos los mexicanos.

En estos momentos, pareciera casi un pecado tener éxito en alguna actividad, llámese comercial, empresarial o profesional, porque se es blanco de toda clase de ataques de parte de los grupos de delincuencia organizada.

La extorsión –llamada ahora “cobro de piso”-  a cualquier negocio, chico o grande, de parte de la maña, es algo que sigue causando deterioro en la economía. La planta de empleo se ve reducida por el cierre de establecimientos, porque esas pandillas operan a la luz del día sin ningún obstáculo. Pero si además de un mercado restringido y el asedio de los delincuentes, agregamos los “moches” que se tienen que entregar para poder lograr cualquier trámite legal, pues estamos fritos.

Insistimos, se ha descubierto el hilo negro o el agua tibia, sólo se ha dado a conocer públicamente, pero eso muestra pues que las instituciones oficiales tienen mucho que ver con lo que nos pasa a todos los mexicanos. En manos de quienes las manejan está la posibilidad de orientar al país por mejores senderos. Ciertamente que en algunos aspectos los efectos negativos vienen desde el exterior, pero si la cosa está que arde, no hay que echarle más leña al fuego.

En esos actos de corrupción no escapa nadie, participan los tres niveles de gobierno y si se desea agilizar alguna petición,  se le debe poner alguna suma, que entre más grande, mejores efectos tendrá. Difícilmente puede haber algún ciudadano que no haya sido víctima de actos de tal naturaleza, ya sea en la vía pública, para evitar alguna infracción, o en los juzgados o las agencias del Ministerio Público para darle celeridad a algún proceso o a fin de evitar mayores problemas legales.

Y eso es a nivel de un simple ciudadano, ya en lo que se refiere a procesos documentales para la apertura o ampliación de negocios e inversiones es otro cantar; ahí puede hablarse de millones de pesos, dependiendo del capital en juego y si el interesado no se pone a mano, pues igual y le niegan la petición o se la entregan cuando les dé la gana, ya que así nos manejamos en éste sufrido México.

MESSEGUER: CONCESIONES, PUNTO DE QUIEBRE

En otro tema, muchos señalan que la inesperada salida de Jorge Messeguer Guillen como titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte se debió a un desaseo en el proceso de regularización de más  cuatro mil 500 concesiones para el servicio de transporte sin itinerario fijo –taxis-. Un funcionario de la dependencia indicó a La Unión de Morelos que la intervención de la Secretaría de la Contraloría General de gobierno fue a partir de que, los ingresos que legalmente debían haber entrado por ese concepto a las arcas públicas nunca lo hicieron, y ante las presiones, el ahora ex funcionario se vio obligado a dimitir.

De los permisos, aún en proceso de regularización, abundó, tres mil 500 están siendo distribuidos en la zona oriente del estado, los otros corresponden a Cuernavaca y su zona conurbada. Pero igualmente abundó en el sentido de que a fin de sacarle mayores ventajas económicas al tema, Messeguer Guillén pospuso indefinidamente la regularización, optando por la entrega de permisos provisionales cada mes, porque los taxistas deben pagar trescientos pesos por ese documento.

O sea, que solamente con las más de mil unidades que circulan en la capital, mediante los referidos permisos, se tiene un ingreso al mes de 300 mil pesos, pero cuyos fondos no eran reportados en su totalidad a las instancias correspondientes, lo que llevó a diferencias profundas con otras instituciones de gobierno. Incluso se alertó respecto a que el tema podría ser objeto de polémica al corto plazo, porque una auditoría pudiera revelar un desvío de mucho dinero con base en ese asunto.

Pero tampoco se trata únicamente de los más de mil autos que prestan servicio en la zona de influencia de la capital. Por lo que se afirmó, los otros tres mil 500 de la región oriente circulan bajo las mismas circunstancias, no obstante, habrá que ver cuál es la postura que al respecto asume el nuevo titular, David Martínez Martínez, quien conoce perfectamente el manejo, porque era el brazo ejecutor de las instrucciones de Messeguer.

Ya de manera conjunta, esos cuatro mil 500 permisos provisionales significan algo así como un millón de pesos al mes para la dependencia, suma nada despreciable para quienes la venían capitalizando. Y lo que se anticipa, es que una vez fuera el personaje, comenzará el proceso para la regularización de las unidades, porque además, los interesados ya generaron presión y el conflicto fue el que finalmente llevó a la separación del cargo de Messeguer que, la verdad, resistió diversas embestidas, pero al final, los inconformes alcanzaron el objetivo, ponerlo fuera de la jugada. Ahora corresponde a David poner en orden las cosas, sobre todo, porque ya deberá empezar a preparar la entrega-recepción por el final de sexenio. Y por cierto, del morebús ya casi no se habla, como que comienza a quedar atrás.