Las cosas llegan incluso a salirse de control, hay muestras de ello, hechos lamentables en penales de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa o la Ciudad de México, pero recurrentemente se dan momentos de tensión por la alta peligrosidad de algunos presos, porque hay de todos los gustos y tamaños.

El tema es propicio, porque ayer en la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca se inició un foro organizado por la coordinación general del sistema penitenciario estatal, a fin de profundizar en relación al tema de las Unidades Especiales de Medidas Cautelares, cuyo objetivo es propiciar las condiciones para garantizar juicios apegados a derecho a quienes llegan a infringir la ley, ya sean adultos o adolescentes, bajo el principio de inocencia.

Y lo que ahí se decía es que esta parte de la impartición de justicia pretende evitar la sobrepoblación en los penales, buscando desarrollar los procesos en libertad, mediante el cumplimiento de algunas normas, entre ellas el arresto domiciliario, hasta llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria.

Y a pesar de que ahí se aseguró que el programa muestra un éxito superior al 90%, algunas fuentes consultadas por La Unión de Morelos revelan que en lo anterior se vienen presentando algunos inconvenientes, porque un buen porcentaje de quienes se acogen a esa modalidad han logrado darse a la fuga, sin embargo las instancias oficiales insisten en un éxito casi rotundo.

Son pues mecanismos y estrategias orientadas a evitar más sobrepoblación en un sistema penitenciario que presenta toda clase de conflictos, porque la capacidad de admisión está rebasada y pudiera asegurarse que quienes purgan alguna pena por la comisión de algún delito son los menos, en comparación con aquellos que a pesar de ser consumados maleantes permanecen en libertad, ya sea por falta de espacios para su encarcelamiento o por omisión e impunidad, de parte de las instancias “competentes” en la persecución del delito.

Y al respecto, el coordinador general el sistema penitenciario estatal Lucio Hernández Gutiérrez admitió precisamente que los reclusorios pasan por coyunturas complicadas, entre otras causas, debido a que se cuenta con personajes del mundo del delito de mucho peso y peligrosidad.

El funcionario recordó que hasta hace poco, el centro de readaptación social de Atlacholoaya se encontraba controlado por lo que se conoce como autogobierno, es decir desde el interior del penal los poderosos grupos imponían sus condiciones y se erigían en autoridad.

Se debió recurrir al traslado a cárceles de mayor seguridad, a esos sujetos que Hernández Gutiérrez identifica como “líderes negativos” en un número aproximado de 124, aunque reconoce que todavía quedan unos 18 de alta peligrosidad y otros 100 de mediana estatura delictiva.

El coordinador sostuvo que a partir del 2014 se logró erradicar ese sistema de control de autogobierno, sin embargo, todavía en el 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que afirma que el 70% de las cárceles en la entidad siguen en manos de los delincuentes.

Más aún, el propio Hernández Gutiérrez acepta que la misma CNDH giró una recomendación bajo el número 30/2017 a Morelos para sugerir un análisis de las condiciones generales del sistema penitenciario, a fin de prevenir sucesos como los acontecidos en las entidades arriba mencionadas.

Actualmente, la población interna supera las cuatro mil personas y hay serios problemas en centros penitenciarios como el de Cuautla.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad indican que el costo de los internos en todo el país asciende a cuatro mil millones de pesos. Para acabar pronto, somos los ciudadanos quienes subsidiamos a esos presuntos delincuentes con nuestros impuestos y la readaptación social es una falacia, porque lejos de representar una posibilidad a fin de reintegrar a la sociedad a quienes cometieron alguna falta grave, los pervierte más.

Pero hay factores que inciden directamente en el florecimiento de grupos cada vez mayores, dedicados a delinquir, porque el sistema gubernamental ha sido incapaz de ofrecer oportunidades de trabajo o de estudio a adolescentes y jóvenes.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan, en uno de los resultados de sus censos, que en nuestro estado hay alrededor de unos 400 mil morelenses de 15 a 24 años que no estudian, no trabajan, ni desarrollan alguna actividad productiva y es ahí donde comienzan las dificultades.

El mismo coordinador dijo que “mentiría si les dijera que no hay drogas en los penales, todos los días, en operativos que se desarrollan, se suelen decomisar algunas cantidades de mariguana, cocaína y otras sustancias”.  O sea, los cárteles siguen contando con posibilidades de ingresar enervantes, no obstante los férreos controles de vigilancia que hay.

Y se refería sobre todo a Atlacholoaya, donde para poder entrar hay que pasar cuatro o cinco puertas de acero, cada una custodiada por un vigilante, además de las revisiones con toda clase de instrumentos y detectores que, por lo visto, no son suficientes para evitar el tráfico de estupefacientes.

Eso sólo es posible con la complicidad de algunos de los responsables de la vigilancia, no hay otra razón. Y es que el negocio no es menor, la mayoría de quienes purgan sentencias o están privados de su libertad, esperando el resultado legal, son consumidores; es una población cautiva de muchos millones de pesos a nivel de comercialización.

Y en el interior hay capos consumados que siguen manteniendo contacto con una amplia red de distribuidores en el exterior, por lo tanto disponen de muchos recursos económicos para desde ahí comprar voluntades y cómplices en el jugoso mundo de las drogas, por eso es que para ellos no hay impedimento ni barreras que no puedan vencer.