Hay instancias muy activas y no se diga en estos tiempos, podemos destacar el papel de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que desarrolla inversiones fundamentales en la construcción de la modernización estructural de la vialidad en el estado, también la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene una incidencia decisiva a través de diversos programas asistenciales. Pero hay otras, como la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria (PA) o la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que francamente no cumplen con sus responsabilidades.

La SRA y la PA son las instancias competentes en la regularización o cuidado del usufructo parcelario de ejidos y comunidades, donde priva una auténtica anarquía, por encima de las leyes en la materia, se vive un intenso mercado de venta de tierras en forma ilegal con la complacencia de tales instituciones que parecen no darse cuenta de las irregularidades.

La complicidad entre autoridades ejidales, comunales y los funcionarios federales de dichas áreas es evidente. La falsedad de documentos para hacer los cambios de uso de suelo es una constante y representa el principal ingreso de recursos económicos indebidos de una serie de personajes que ya no cuidan ni las formas.

Hay una exagerada perversión, acciones de despojo en contra de inocentes e ignorantes ejidatarios, que son carne de cañón de coyotes y vividores de la compra-venta indiscriminada de recursos naturales.

En una vergüenza lo que ocurre, pero las dependencias competentes han optado por los beneficios que les deja la corrupción y abandonado el compromiso de velar por el estado de derecho y el cuidado del patrimonio de miles de familias campesinas.

En lo que se refiere a la Profeco, tampoco pueden decirse muchas cosas buenas. Hace unos días algunos ciudadanos se acercaron al reportero para comentar algunos desafortunados sucesos, que muestran el nivel de irresponsabilidad de servidores públicos.

Pero a cambio sí consumen millones de pesos como presupuesto anual, que bien pudieran ser utilizados en otras áreas donde generarán algún bienestar a tantas familias marginadas y sin oportunidades de desarrollo.

Reiteramos, hay instancias que muestran resultados tangibles en el esfuerzo conjunto por construir un mejor futuro a los morelenses aportando acciones de mejora a la infraestructura en diversas áreas, pero hay otras cuyos responsables están prácticamente becados por un sistema de Gobierno que sigue sin responder a los requerimientos de un país y un estado en lucha por superar la coyuntural recesión económica.

Lamentablemente tampoco pareciera haber sistemas de vigilancia y control para casos como éstos, hay un manejo casi autónomo que permite los excesos y da pie a propiciar actos de corrupción que nunca son sancionados.

Al igual que lo ocurrido en la CLyFC, el Gobierno federal debería reflexionar sobre la existencia o no de esas delegaciones y en todo caso eliminarlas si se han convertido en una carga presupuestal. Es lo mejor que se puede hacer.