Ayer, como ha ocurrido tantas veces, volvieron a reunirse todas esas partes, en las que se incluye a los ayuntamientos, porque la responsabilidad de prevenir cualquier delito en contra de la mujer también les atañe a los presidentes municipales.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho una labor fundamental para forzar a las instituciones oficiales a ponerle más atención al tema en mención. Pudiera incluso decirse que sí hay avances, en lo que tiene que ver con acciones físicas: ya se inició la construcción de un nosocomio que atenderá necesidades femeninas en Yautepec; en algunos municipios, no todos, lamentablemente se ha tenido que proceder a la instalación de espacios en los que se dispone de sicólogos, médicos y terapeutas, a fin de proporcionar todo tipo de orientación a las mujeres en casos necesarios.

Las cosas caminan, no como se quisiera, eso refiere por ejemplo el vocero de la CIDH José Martínez Cruz, pero de acuerdo a lo que explicaba, se aprecia el interés gubernamental por avanzar en la materia, pero la coordinación interinstitucional no es la adecuada, ya que cada dependencia desarrolla actividades por separado y eso impide un desarrollo armónico que es lo ideal.

Claro, el objetivo fundamental de todo este esfuerzo es mejorar la prevención de los delitos, una vez cometidos, lo demás es ya secundario, pero ahí existe un difícil problema, las estadísticas en lo referente a los feminicidios muestran que no obstante la puesta en operación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios, la violencia no disminuye y por el contrario a veces se dispara.

El propio Martínez Cruz decía que en la mayoría de las ocasiones, tras un feminicidio, el trabajo policiaco para poder hacer justicia es incompleto, son muy pocos los casos resueltos, aquellos en los que se logra atrapar a los responsables y entonces la omisión pareciera ser una invitación a seguir delinquiendo.

La directora del Instituto de la Mujer Morelense María Teresa Domínguez Rivera reconocía que los resultados logrados en la materia hasta el momento, no son del todo satisfactorios y agregó que esa institución tiene ya un proyecto a ser presentado ante los municipios a fin de impulsar acciones en bien de la seguridad del sector femenino, entre otras cosas, espacios de convivencia libres de violencia en los que tanto el municipio como el gobierno estatal y otras instancias contribuyan a preservar una estricta vigilancia para garantizar la integridad física de quienes asistan a dichos lugares.

Las instancias gubernamentales con participación directa en el tema son entre otras, la Secretaría de Salud, la de Educación, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía, con incidencia directa del Instituto de la Mujer y por iniciativa propia de la CIDH, vía Juliana García Quintanilla, que es la que finalmente sigue representando una especie de equilibrio, muy particularmente en lo referente a la visión que se tiene respecto al asunto.

Como que al paso del tiempo y debido a que se trata de un problema bastante serio en el estado, se aprecia cada vez mayor interés de las partes por cumplir cada una el papel que le corresponde, porque llegó un momento en el que a nadie parecía interesarle, los titulares de las dependencias enviaban a sus representantes de ínfima categoría y los munícipes no aparecían nunca en los encuentros, mostrando con ello un total desprecio.

Parece que fue necesario un regaño o jalón de orejas de niveles superiores de autoridad a fin de que se pusieran las pilas y de esa forma es que más o menos ahí van, intentando sumar coincidencias, pero en efecto, se ha tenido que desarrollar una gran inversión en materia de infraestructura para intentar enfrentar las adversidades y a pesar de eso, en la práctica se ve muy poco.

El argumento de la mayor parte de las alcaldías es que no tienen recursos para la contratación del personal profesional requerido, mucho menos para la creación de instalaciones que se han convertido en un requisito por disposiciones de la administración pública federal.

La CIDH mantiene un seguimiento casi puntual sobre la violencia de género, puede decirse que las estadísticas más confiables, en lo que a feminicidios se refiere, los llevan ellos. Cuando las cosas se pusieron complicadas en la entidad, tocando puertas de la Federación, lograron que desde aquel nivel de gobierno, se pusiera en marcha la AVG y fue así que se comenzó a desarrollar una tarea en conjunto con el régimen estatal.

Pero Tanto Martínez Cruz como García Quintanilla debieron entrar en un escenario casi de confrontación contra las autoridades, porque había resistencias, en primer término, a aceptar los números que en materia de esos delitos se hacían públicos y en segundo a poner en marcha una serie de mecanismos que obviamente representaban un gasto o inversión que no estaba programada.

Puede considerarse que las acciones en su conjunto no reflejan una sustancial mejoría en los hechos delictivos que seguimos viviendo, pero tampoco podría negarse que ya la posición gubernamental es otra y ha decidido entrarle, lo cual es una ganancia.

El estado y los municipios son los que tienen por ley garantizar la integridad física de las personas, incluyendo a las mujeres, pero el trabajo es desigual al respecto, la administración pública estatal dispone de muchos más instrumentos que las alcaldías y ahí comienzan las inconveniencias.

En un principio, este tipo de encuentros como el de ayer, se llevaban a cabo en medio de fuertes debates y reclamos, particularmente entre los representantes oficiales y los de las Organizaciones No Gubernamentales, cada uno se echaba en cara el incumplimiento de tareas; ya ahora la relación es menos acalorada y existe mayor voluntad de aceptación de la crítica por parte de funcionarios de gobierno o de instancias como el del Instituto de la Mujer Morelense. Es decir, ya se ven como partes complementarias a fin de buscar una solución y no como antagónicas, en algo se ha avanzado.