Hacemos mención al tema, porque hace unos días Carlos Benítez Urióstegui tomó protesta como Subsecretario de Gobierno en sustitución de Jorge Meade González quien, ya se daba por hecho, saldría de las estructuras gubernamentales tras aquel suceso en el que se vio involucrado a partir de una llamada telefónica que causó cierta polémica coyuntural.
Casi siempre, cuando alguien es incluido en las estructuras oficiales, la currícula que se presenta es aquella que muestra absoluta pulcritud y decencia, o sea, una carrera pública o administrativa prácticamente impecable, pero se suelen omitir antecedentes que puedan mostrar acciones de mala fama pública, y en el caso que nos ocupa hay algo de eso.
De entrada, no se da fe que Benítez Urióstegui laboró en el departamento jurídico de la Dirección de Control Vehicular durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal Ramírez, porque ahí cometió algunos hechos cuestionables, que finalmente tampoco son ya materia de crítica, porque han pasado algunos años.
Sin embargo, hay sucesos más recientes del actuar del ahora subsecretario: quizás algunos lectores recuerden aquel suceso ocurrido en un antro ubicado por el rumbo de Teopanzolco, un 26 de junio del 2013, pasada la media noche.
Se supone que la ahora Fiscalía General de Justicia debió levantar un acta, porque entre otros, tres personajes de la política local protagonizaron una trifulca contra los elementos de seguridad de ese negocio. Hay incluso videos y grabaciones en los que los empleados dan fe de cómo llegaron en estado de ebriedad Benítez Urióstegui -que entonces era síndico de Jiutepec- y quien fuera alcalde de Tetecala Héctor Tapia, intentando entrar por la fuerza.
Bueno, las imágenes muestran cómo se van a golpes contra los denominados cadeneros, que tuvieron que defenderse ante las agresiones, porque además, advertían que no sabían con quienes se estaban metiendo. Y se hace la mención, porque desde el interior del mismo gobierno se asegura que Benítez está realmente de paso por esa subsecretaría, que su aspiración es regresar a Control Vehicular, pero ya como director general, porque sabe de qué tamaño es el negocio. Así están las cosas.
INICIATIVAS PREFERENTES, LOS PROPÓSITOS
Y en otro asunto, en el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo se mencionó que hay dos iniciativas preferentes ante las cuales se pide del Poder Legislativo, celeridad, a fin de que sean analizadas y votadas a la brevedad.
Una está relacionada con reservas territoriales y la otra, respecto al control de las gasolineras, porque hoy esos establecimientos vienen siendo potestad de los ayuntamientos en la liberación de permisos, pero la idea es que pasen al ámbito de gobierno estatal.
Pero en lo que tiene que ver con el asunto de reservas territoriales, el objetivo es que a partir de esa reforma, ya las subastas o ventas de bienes inmuebles propiedad de la administración pública estatal no pasen por la aprobación del Congreso.
Y es que al respecto, hay un caso que viene siendo motivo de inquietud de parte de colonos capitalinos que habitan en la colonia San Cristóbal, al norte de la capital estatal, porque ahí hay un predio del gobierno que ha sido objeto de remate, pero sin cumplir los procedimientos de ley.
Al respecto, incluso hay la referencia en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 30 de noviembre del 2016. Con esa fecha, se da a conocer la convocatoria “a todas las personas físicas y morales interesadas en participar, conforme a las bases, en la subasta pública número UPAC/SUBASTAINM/001/2016, referente a la enajenación de un bien inmueble de dominio privado, ubicado en calle San Cristóbal, esquina con Domingo Diez, sin número, colonia San Cristóbal, municipio de Cuernavaca, Morelos, con una superficie de 586 metros cuadrados, que forma parte del patrimonio del gobierno estatal”.
Los lugareños le viene dando seguimiento al tema, porque ahí, sostienen, había un enorme árbol de hule, que fue objeto de una permanente lucha a fin de que no se derribara. Finalmente nada se pudo hacer.
Consideran que eso de la ley preferente pudiera llevar el propósito de ya no tener que depender de la autorización del legislativo en subastas posteriores relacionadas con propiedades de la administración pública, porque señalan que el espíritu y fondo de la reforma es ese.
A su juicio, algunas instancias gubernamentales tendrían en todo caso que dar fe de cuál ha sido el destino de los recursos económicos recabados por este tipo de transacciones y a qué obedecen.
Y mire que los interesados en el tema tienen sobre este caso un enorme expediente, incluyendo la publicación del periódico oficial “Tierra y libertad” y reaccionaron a partir de esas propuestas de reformas preferentes.
