La demanda de los empresarios del ramo es como siempre, alarmante, quienes llevar el costo a 10 pesos, es decir nada proporcional con el poco más del 20% en el precio del insumo energético, es decir, hablaríamos de más del 30%.

Queda claro que le tiran a la cabeza para pegarle al cuerpo, pero de todas maneras, así sea un 10% más, será otro golpe mortal para el bolsillo de los usuarios, porque hay quienes tienen que pagar el equivalente a tres o cuatro pasajes para poder llegar a su destino.

Habría que estar en los zapatos de los padres de familia que tienen dos o tres hijos en la escuela y por cuyo traslado tienen que usar el transporte público, sólo en ellos se va la mitad del salario de un jornal, porque hay que ir y regresar.

Sabemos que lamentablemente los concesionarios tienen razón, hace unos cuatro años que vienen aplicando la misma tarifa, el costo de sus insumos debe ser muy diferente hoy día, pero para los usuarios será otro balde de agua fría que acarreará severas consecuencias al interior de los hogares.

Y además, con todo lo que viene sucediendo, aquello de la modernización de las unidades de transporte quedará descartado, tendremos que pagar más y continuar sufriendo con un servicio realmente deficiente, porque buena parte del parque vehicular es obsoleto.

En Morelos este servicio es caro, comparado con la oferta en otras entidades, donde aún la parada mínima oscila entre los 4.50 y 5.50 pesos, acá nos la quieren llevar a diez, algo sinceramente ofensivo, dadas las condiciones socio-económicas de un estado con altos niveles de pobreza.

Se presionó a fin de que las autoridades ofrecieran algún subsidio, con el cual se habría podido mantener el mismo costo, pero la respuesta fue negativa, que porque no existe algún rubro que lo posibilite, es decir que Juan pueblo pague las consecuencias, no hay otro camino.

Incluso se criticó mucho aquello de que, escudándose en una posición contra el alza a la gasolina, muchos transportistas se fueron a manifestar en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero el objetivo real era empujar hacia la negociación de la nueva tarifa, una vez conseguido el compromiso oficial se retiraron.

Pues el gobierno deberá calcular muy bien los efectos en la autorización de los incrementos, si bien es cierto que se antoja justo, por el efecto inflacionario acumulado desde unos años a la fecha, llevarlo a un porcentaje significativo, causaría efectos verdaderamente dramáticos, uno de ellos, en la educación y preparación de las nuevas generaciones.

Nos consta que hay niños que van a la escuela sin nada en el estómago, a veces sin zapatos y ni un centavo en el bolsillo, porque en casa no hay ni para tortillas, que ya tampoco son baratas y con lo que viene sólo se le echará más leña al fuego.

Bueno, quienes ya se desbordaron y están aplicando tarifas al antojo, son los taxistas y sobre ello el propio titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Jorge Messeguer Guillén, dice que “ellos, a diferencia de los ruteros, no tienen un cinturón de seguridad, de tal manera que se mueven con mayor independencia”, aunque ese argumento no se nos antoja correcto, necesariamente tiene que haber controles en aquellos que ofertan un servicio concesionado al pueblo.

Las discusiones entre las partes ya están, lo que indica que es sólo cuestión de días para que se haga oficial el famoso incremento, que será una cachetada más a los sufridos usuarios que cada vez se ven más arrinconados e imposibilitados para cumplir con las obligaciones en casa.

Eso en lo que se refiere a lo estatal, en el ámbito federal las cosas se manejan desde arriba, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la que autoriza las tarifas al servicio de transporte foráneo y bajo esas circunstancias localmente no podemos ni meter las manos: cuando sentimos, ya nos la aplicaron.

Es decir, en adelante, viajar será casi un privilegio de políticos, porque éstos entre sus tantas prestaciones y apoyos, cuentan con la tarjeta IAVE para no pagar casetas en las autopistas nacionales, todo -como siempre- con cargo al erario público, o sea amolados los que no tenemos cargo alguno en el gobierno, estamos desamparados y a merced  de todas las inclemencias.

Tomando en consideración todas las agravantes que provocará el alza en el servicio del transporte, lo más sensato sería que como máximo, se aprobara un peso de incremento, es decir pasar de los 6.50 pesos a 7.50, en el peor de los casos, pero igual y los 7 pesos serían suficientes, porque más allá de eso, sería dramático. Sin embargo, el fin de semana se especulaba que el acuerdo había sido llevarla hasta los ocho pesos, eso no está bien.

Los prestadores del servicio ahora sí deberían igualmente mostrar solidaridad con el pueblo, buscar compras conjuntas al mayoreo para reducir los costos de las refacciones y demás insumos, como dijera el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), José Salgado Patiño, hacer grupos y adquirir incluso gasolina en altos volúmenes, aunque ahí parece que no tendría efecto, porque el costo es el mismo en un litro o un metro cúbico.

Oficialmente ya se les dijo que no hay forma de subsidiarlos, como habían propuesto, la administración pública estatal se lava las manos y le deja todo el paquete al usuario. Hay que ver cuáles son las condiciones que se ponen para aceptarles la nueva tarifa, siempre ha sido así, a pesar de que, con el paso del tiempo, los permisionarios no cumplen, pero por lo menos está ahí para cualquier necesidad o antecedente.

Mínimamente se les tiene que insistir en una mejora respecto a la capacitación de sus operadores, mantener en buen estado a sus unidades, porque muchas andan bastante mal, incluso sin algunos asientos, porque ya son modelos con 15 o más años de vida útil, que siguen circulando, entendemos por acuerdo poco claro con la SMyT, porque legalmente estarían impedidos para hacerlo.